Los responsables de la trama que robó ayudas de la Generalitat destinadas a los países en desarrollo apenas han pagado ni un duro de los 2.700.000 euros que deben a la administración valenciana.
El exconseller de Hacienda, Rafael Blasco (PP), no ha pagado nada. Augusto César Tauroni, el empresario que se conchabó con el político para detraer fondos públicos, ha hecho un solo pago a la Conselleria de Transparencia y Cooperación: 150 euros el 21 de septiembre de 2016, según fuentes de la Generalitat.
Fueron condenados a seis años y medio y seis de prisión, respectivamente, por malversación de caudales públicos, prevaricación o falsedad documental. La Fundación que controlaban recibió 1,8 millones de euros. Dedicó casi un millón a la compra de pisos en Valencia y varias empresas vinculadas a Tauroni se quedaron otros 400.000 gracias a facturas por trabajos inexistentes.
Al destino final del dinero -Nicaragua- únicamente llegaron 43.000 euros. La operación ha dado con Blasco y Tauroni en la cárcel, donde la Fiscalía sospecha que pueden tener acceso a teléfonos móviles desde que los que manejarían su patrimonio -supuestamente oculto al fisco- y transferirían dinero.
La ardua recuperación del dinero robado
Tauroni y los otros responsables -Marcial López y Josefa Cervera- de la fundación que recibió el dinero distraido son los responsables directos de indemnizar a la Generalitat, según ratificó el Tribunal Supremo. Le deben pagar 1.623.000 euros de principal, medio millón de intereses y un 30% extra sobre la suma de esas partidas por costas e intereses. En total, 2.700.000 euros.
Posteriormente, el Tribunal de Cuentas condenó a Blasco y los miembros de su equipo condenados a responder solidariamente de esa deuda, pero hasta el momento la Generalitat solo ha recuperado 260.000 euros, fondos incautados de las empresas que operaban con la trama y la venta de un garaje. Los otros dos pisos requisados salieron a subasta -declarada desierta por las malas ofertas recibidas- y ahora la Generalitat quiere quedárselos.
El gobierno valenciano ha encargado a sus abogados que se empleen a fondo para recuperar el dinero perdido en casos de corrupción. El del caso Cooperación, se dedicará integramente a ayudas al desarrollo. Además de los 260.000 euros ya recuperados, el Consell confía en el patrimonio ya localizado para recuperar casi todo lo sustraido. Dos apartamentos en Miami y un yate de Tauroni, o un adosado de López.
Blasco, tras décadas de carrera política al más alto nivel, se presenta como un pensionista sin recursos, según El Mundo. Condenado en una ocasión, las investigaciones sobre otros dos supuestos desfalcos en la conselleria de Solidaridad que él dirigía -las otras piezas judiciales de caso Cooperación- están a punto de concluir.
Tal vez, en caso de juicio y otra eventual sentencia condenatoria, se resarcirá más rápido a la administración. El caso Cooperación - o caso Blasco, como prefiere llamarlo el actual gobierno valenciano- se desarrolló entre 2008 y 2010. Las primeras detenciones se produjeron en 2012. El fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano llegó en 2014, y la ratificación casi total del Tribunal Supremo, en 2015.
En octubre de 2016, el Tribunal de Cuentas ha ratificado, en respuesta a varios recursos, que Blasco y otros implicados deben responder solidariamente con sus ingresos y bienes del dinero malversado. La localización de algún patrimonio oculto permitiría, llegado el caso, una recuperación del dinero más rápida en las otras ramificaciones del caso Cooperación.