La ciudad de València tiene tres de cada cuatro centros de educación secundaria y formación profesional cerca de menos una casas de apuestas. La cifra implica que 110 centros educativos tiene a menos de 500 metros una, dos, tres o hasta cuatro locales de juego de este tipo. En algunos centros, como el Lluís Vives, ubicado en pleno centro de la ciudad, en un radio de cinco minutos a pie hay cuatro locales, casi uno por cada flanco, nada más cruzar la acera.
La proliferación de casas de apuestas y locales de juego fue una de las preocupaciones del PSPV, Compromís y Unides Podem, que impulsaron desde el Ejecutivo valenciano una ley para frenarlo, vetando la apertura de nuevas salas en las inmediaciones de lugares considerados sensibles. La norma incluía que a medida que fueran venciendo las licencias de los locales próximos a los centros educativos, a menos de 800 metros, estas no se renovaran, de modo que paulatinamente se fueran cerrando.
Con la primera ley de medidas fiscales y administrativas del Gobierno de PP y Vox, esta limitación salta por los aires. Argumentando que se trata de una norma para evitar una demanda del sector del juego, uno de los artículos de la ley elimina la referencia a los locales ya existentes, contra el criterio de las asociaciones de padres y madres de las escuelas.
Ante la modificación, la coalición Compromís impulsará una recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que revierta el cambio normativo. La coalición, que ultima un mapa con la geolocalización de los locales de juego, denuncia su proximidad a las escuelas y que PP y Vox “hicieron caso al lobby del negocio del juego y permitieron, sin participación ciudadana y escondido en la ley de medidas, que se puedan seguir manteniendo esos negocios cerca de las escuelas y de los institutos”.
Según los datos de la coalición, de los 110 centros que tienen cerca una casa de apuestas, más de 80 están próximos a dos, tres o cuatro de ellas. Apenas cuarenta centros se libran de encontrarse con uno de estos locales de juego de camino, una cuenta en la que no se incorporan las máquinas de los bares o los bingos. La normativa aprobada por el Pacto del Botánico implicaba ir liberando a este centenar de centros educativos de la presencia de locales de juego en el próximo lustro.
Según ha criticado Joan Baldoví, “la ludopatía es una adicción que genera dramas en muchas familias y que supone una amenaza, especialmente para nuestra juventud. Para combatir esta problemática el gobierno del Botánico hizo una Ley del Juego con participación ciudadana que establecía medidas de prevención contra la epidemia de la ludopatía que se extiende, sobre todo, por los barrios más desfavorecidos”. Acompañado de la portavoz en Valencia, Papi Robles, que fue diputada en la pasada legislatura, ha recordado que “se marcaron distancias mínimas para que las casas de apuestas y salones de juego no pudieran situarse cerca de centros educativos y otras zonas vulnerables”.
La ILP busca aumentar la participación ciudadana en la norma, “que sean las familias y todas aquellas organizaciones que luchan contra la plaga de la ludopatía las que emitan su parecer al respeto y contribuir entre todos y todas para que, de una vez por todas, estas salas del juego estén lejos de los institutos”, ha afirmado Baldoví.
Por su parte Robles ha señalado que “la semana pasada, en el pleno de València, presentamos una moción para que se vuelva al texto inicial de la Ley del Juego que protegía a las familias ante las máquinas tragaperras, que ponía por delante la protección de los adolescentes de los intereses de las salas de apuestas. Una normativa que tenía un apoyo técnico y científico detrás y que contó con la participación de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, los principales sindicatos del ámbito educativo y otras entidades que trabajan por los derechos de los menores como UNICEF y Save de Children”.
Para que una iniciativa legislativa popular salga adelante se necesita la firma de 10.000 personas y, cómo mínimo, tres personas deben firmar para impulsarla. Hay ocho meses para recoger las rúbricas. Cualquier persona empadronada en la Comunitat Valenciana que tenga la nacionalidad, residencia legal o sea ciudadano de la UE puede poner en marcha una propuesta de este tipo. También pueden hacerlo asociaciones, agentes económicos y sociales, ONG y entidades con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro.