La UCO atribuye a una de las sociedades de Zaplana la compra de dos viviendas en Altea por 812.000 euros
De entre los movimientos societarios de la trama de empresas que la investigación del caso Erial vincula al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye la compra de dos viviendas en Altea a través de la mercantil Medlevante por un importe de 812.000 euros con fondos que habría recibido de otra empresa, Imison Internacional, desde Luxemburgo. Así lo deduce la Policía tras la interceptación de numerosas llamadas entre miembros de la trama vinculada al caso Erial.
A pesar de que la venta de las viviendas está declarada en 2006 por la empresa Altea Costa Beach, de la que el empresario de origen francés Roberto Edgar Batauche es uno de los administradores, Medlevante no ha inscrito los inmuebles en el Registro de la Propiedad; de hecho, esta sociedad no figura como titular de ningún inmueble.
La Guardia Civil, no obstante, considera que “los mismos podrían figurar aun a nombre de Altea Costa Beach, pudiendo existir algún tipo de contrato privado por el que se acredite la propiedad de Medlevante”.
Un informe de la UCO aportado al juzgado que investiga el caso afirma que Medlevante “no parece tener otros ingresos diferentes a los provenientes de Imison International”, y, aunque no da por probada la forma en la que se habría materializado el pago, el hecho de no haber inscrito las viviendas “se trataría de una maniobra que tendría como finalidad el velar la identidad del verdadero titular de los inmuebles e incluso la forma de adquisición”.
Comisión por la ampliación de la Marina Greenwich
Por otro lado, la UCO intervino varias comunicaciones entre miembros de la trama que demostrarían “la existencia de un compromiso por parte de los administradores de la mercantil Marina Greenwich –condicionado al cobro por parte de este mercantil de una indemnización relacionada con el Puerto Deportivo de Altea–, siendo los destinatarios de este pago, de forma indiciaria, Joaquín Barceló, Francisco Grau y, posiblemente, Eduardo Zaplana”.
Aunque la Guardia Civil no concreta más, parece evidente que se trata de la indemnización de 92,8 millones de euros que interpuso Marina Greenwich contra la Generalitat por el lucro cesante y el perjuicio ocasionados tras las sentencias del TSJ valenciano (2010) y del Tribunal Supremo (2013) que declararon nula la ampliación del puerto deportivo (primero conocido como Campomanes y ahora como Marina Greenwich) para doblar el número de amarres, de 542 a 1.089.
El Consell concedió en 2004 a Marina Greenwich para 30 años la gestión de 240.058 metros cuadrados de un entorno paradisíaco del litoral alteano, que incluía, además de los amarres, 21.000 metros de locales comerciales, aunque sus inicios se remontan a 1999, cuando Zaplana era presidente de la Generalitat. En el origen y con el intento de ampliación posterior, cuyas obras fueron paralizadas y todavía no se ha restaurado el paisaje, obtuvo sendas declaraciones de impacto ambiental muy polémicas.
Agentes de la UCO ya se personaron en las oficinas de Marina Greenwich el pasado mes de mayo para solicitar información sobre dos yates atracados en el puerto deportivo que sospecha podrían ser de Zaplana, si bien estarían a nombre de testaferros.
