“La operación de rescate de las concesiones de Union Naval de Valencia presenta las suficientes lagunas para concluir que no se han defendido adecuadamente los intereses de la Autoridad Portuaria. A su vez existen suficientes dudas razonables sobre la legalidad de la misma”.
Así rezan parte de las conclusiones del informe de Intervención del Estado en la Autoridad Portuaria de València (APV) el cual pone reparos a la permuta de concesiones facilitada al naviero y presidente del lobby valenciano AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), Vicente Boluda, quien además es miembro del consejo de la APV. Según el documento, “no se han estudiado en profundidad otras alternativas a la elegida como podrían ser el incumplimiento de la concesión, el rescate parcial o el mero transcurso del tiempo hasta la extinción de la misma”.
La Comissiò Ciutat-Port, plataforma integrada por entidades vecinales y ecologistas, ya denunció en el Tribunal de Cuentas presuntas irregularidades esta operación, lo que ha dado lugar a una investigación.
Según la entidad, “la Intervención pone de relieve que Boluda participó en la primera votación relacionada con el rescate de su propia concesión, lo que puede suponer un conflicto de intereses, motivo por el cual en las sucesivas votaciones deja de participar”.
En virtud de este informe, la APV solicitó una resolución a la Abogacía del Estado que confirma que la operación puede suponer un quebranto de los intereses públicos, motivo por el que recomienda que se inicie la incoación de procedimiento de lesividad contra las resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sobre el rescate de concesiones de Unión Naval de Valencia SA.
El presidente de la APV, Aurelio Martínez, llevará el inicio de este procedimiento al consejo de administración previsto para este martes 29 de junio. La declaración de lesividad, o declaratoria de lesividad, es un trámite por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos o generales un acto previamente dictado por ella misma, con el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia.
Es el requisito previo para la impugnación del ente ante la jurisdicción contencioso-administrativa y su declaración de anulabilidad. Los actos emanados de la Administración Pública pueden ser considerados por la propia Administración lesivos para el interés público, motivo por el que ésta debe enmendar su propia actuación.
“Este trámite judicial puede alargarse dos años hasta que haya una resolución, por lo que se entiende que la concesión otorgada a Baleària para la ejecución de la terminal de cruceros en los antiguos astilleros de la Unión Naval quedará en el aire y está por ver si la empresa adjudicataria reclamará al Puerto de València daños y perjuicios, por lo que toda la operación puede quedar enmarañada en un nuevo proceso judicial”, afirman fuentes de la Comissiò Ciutat-Port.
La operación de rescate de esta concesión viene como consecuencia de las modificaciones introducidas en el anteproyecto de la polémica ampliación norte del Puerto de València.
Entre esos cambios aprobados por el consejo de administración de la APV que preside Martínez figura el traslado de la terminal de cruceros de su ubicación actual en los diques de abrigo a los terrenos de los antiguos astilleros de Unión Naval de Valencia S. A., cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L.
La plataforma vecinal pide la dimisión de Martínez
“Se adoptó un acuerdo totalmente irregular que, además del trato de favor a un empresario, supone pagar una compensación por unos terrenos que podrían haberse recuperado gratis”, denuncian los miembros de la plataforma ciudadana.
La Comissió Ciutat-Port señala que “Aurelio Martínez, como máximo representante de la entidad pública APV, es el responsable último de que se impulsase ese rescate innecesario y se diese conformidad a un precio que la APV podría haberse ahorrado tan solo declarando caducada la vieja concesión abandonada por Unión Naval de Levante”.
Por esta razón, la plataforma ciudadana considera imprescindible una investigación de lo ocurrido para, más allá de las responsabilidades contables y económicas que pueda detectar el Tribunal de Cuentas, se depuren otras posibles responsabilidades, incluidas las penales.
Aurelio Martínez y los miembros del Consejo de Administración que votaron a favor de ese rescate y de sus implicaciones económicas, no podían desconocer esas circunstancias, que ahora la Intervención General y el Servicio Jurídico del Estado han venido a confirmar en sendos informes que la Comissió exige que se hagan públicos y se remitan al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía para que se lleven a cabo las correspondientes investigaciones.
La Comissió Ciutat-Port considera que pretender ahora salvar lo ocurrido mediante la simple fórmula de incluir en el orden del día del Consejo de Administración del próximo 29 de junio una “declaración de lesividad” del acuerdo anterior de rescate, supone intentar ocultar la gravedad del hecho de que se llevó a cabo una operación para beneficiar económicamente a una empresa en particular.
“Algo que no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento, el impulso y la intervención del presidente de la Autoridad Portuaria y los directivos a sus órdenes para conformar el expediente necesario para su aprobación por el Consejo de Administración”, añaden miembros de la Comissió.
“Es evidente que los responsables de la Autoridad Portuaria no han defendido adecuadamente los recursos que administra esta entidad pública al favorecer a un empresario mediante una concesión a medida, sin estudiar otras alternativas, beneficiándolo económicamente y perjudicando así los intereses económicos de la propia APV”, concluyen.
“Esta nueva maniobra del presidente de la Autoridad Portuaria para ocultar la gravedad de lo ocurrido bajo la fórmula de declarar su lesividad, abunda en un comportamiento absolutamente oscurantista, orientado fundamentalmente al beneficio privado de un puñado de empresas y en detrimento del interés público, como está siendo toda la operación de macroampliación del Puerto de Valencia”.
Por todo lo cual, insisten desde la Comissió Ciutat-Port, “la ampliación Norte del Puerto de Valencia y sus operaciones asociadas deben paralizarse y Aurelio Martínez presentar su dimisión para facilitar una completa investigación sobre las actuaciones de la actual dirección”.
Como respuesta a la gestión actual de la APV que va demostradamente en contra del interés público, los colectivos ciudadanos han convocado un Consejo Ciudadano de Administración del Puerto de Valencia, que se realizará en paralelo al convocado por la APV el 29 de junio por la mañana, a las puertas del edificio del reloj. En este Consejo Ciudadano alternativo se decidirá cómo proceder ante el irresponsable comportamiento de la APV, y se decidirá qué modelo de ciudad y puerto conviene a la ciudadanía.