¿Pactos de la Moncloa o torpedo contra el Gobierno de coalición?

El Gobierno constituido a partir del resultado de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre es el primer Gobierno de coalición bajo la Constitución de 1978. Si ese primer Gobierno de coalición se hubiera constituido entre partidos de las derechas españolas, como los que se han formado en diversas Comunidades Autónomas, o si se hubiera constituido entre el PSOE y Ciudadanos, como intentó Pedro Sánchez tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, ¿se estaría hablando de la renovación de los Pactos de la Moncloa? Si Albert Rivera fuera el vicepresidente de Pedro Sánchez o de Pablo Casado, ¿se estaría produciendo esa campaña de reclamación como necesidad perentoria de unos nuevos pactos como los de 1977, que hicieron posible el desarrollo del proceso constituyente?

Las preguntas se responden por sí mismas. La reclamación de unos nuevos Pactos de la Moncloa tiene su origen en el fracaso de la operación que se puso en marcha para torpedear la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Estos segundos Pactos de la Moncloa no son pactos a favor de nada, sino en contra de un gobierno cuya formación no se ha podido impedir.

No sé si uno de los objetivos de los Pactos de la Moncloa para Adolfo Suárez, que tuvo que hacer frente al anticomunismo primario alimentado durante decenios antes, durante y tras la Guerra Civil, en el momento en que decidió la inscripción del PCE en el registro de partidos del Ministerio de Interior, fue el de incorporar de manera normalizada al PCE al funcionamiento del sistema político español todavía no constitucionalizado, pero lo que sí parece claro es que ese fue uno de los resultados de dichos pactos, en cuya fragua la presencia de Santiago Carrillo fue decisiva. Los primeros Pactos de la Moncloa redujeron la intensidad del anticomunismo en la competición política. La Guerra Fría no ha estado apenas presente en los debates electorales españoles ni antes ni después de la aprobación de la Constitución, algo que nos diferencia de los demás países europeos occidentales, en los que el anticomunismo no dejó de ser un tema central hasta que acabó. En España nunca ha dejado de haber energúmenos anticomunistas, pero han sido marginales durante estos últimos 40 años.

El anticomunismo está resucitando con la llegada de Pablo Iglesias al Gobierno. El “fantasma que recorre Europa” con el que Marx y Engels encabezaron el Manifiesto del Partido Comunista, se está volviendo a agitar en España en estos últimos meses. Lo que no se dejó completamente de lado en 1977, pero sí se dejó en un muy segundo o quinto plano, se pretende convertir en 2020 en el eje central del debate político. Un gobierno del que forme parte Pablo Iglesias carece de legitimidad. Y carece de legitimidad por su contaminación comunista.

Por eso, todo el mundo recordará la intensidad de la operación para hacer fracasar la investidura de Pedro Sánchez, con petición expresa en el debate en el pleno del Congreso de los Diputados por parte de Inés Arrimadas de una nuevo “tamayazo”, disfrazado como un “acto de valentía”, que evitara la ruina del país que suponía la incorporación de Pablo Iglesias como vicepresidente. Lo que nadie se había atrevido a defender públicamente desde que se produjo en 2003, posibilitando la elección de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, se propuso abiertamente en el debate más solemne de la legislatura: el debate de investidura. El anticomunismo como banderín de enganche.

Resulta llamativo que, ni en el debate de investidura ni ahora, son los dos partidos que se han quedado en régimen de duopolio con la representación de la derecha española, PP y Vox, los protagonistas principales de la operación. Porque ninguno de ellos tiene interés en una reedición de los Pactos de la Moncloa. Es Ciudadanos, acompañado de todos los medios de comunicación de la derecha española y de algunos que no lo han sido, pero que en este terreno se comportan desde hace unos años como si lo fueran, con el añadido de algunos antiguos dirigentes socialistas, los que se han empeñado en convertir en una exigencia patriótica inexcusable la reedición de los Pactos de la Moncloa. PP y Vox no son los protagonistas, pero van a ser los beneficiarios de la operación. Me temo que más el segundo que el primero, pero los dos en todo caso.

No cabe duda de que el momento es muy difícil. Aunque de una manera distinta, no lo es menos que el que condujo a los Primeros Pactos de la Moncloa en 1977. Pero aquellos pactos no se dirigieron contra nadie, ni en el Gobierno ni en la oposición. Se trataba de cerrar filas para salir de una situación de emergencia sin poner en cuestión en ningún momento la legitimidad del Gobierno investido con base en los resultados del 15 de junio de 1977. Y sin que nadie quedara marginado. Fue una convocatoria integradora de verdad. Así fue entendida por quienes participaron en la misma y por el conjunto de la sociedad. Por eso, tuvieron el éxito que tuvieron.

Estos Segundos Pactos de la Moncloa no se proponen con base en la aceptación de la legitimidad del Gobierno que ha sido investido por el Congreso de los Diputados, sino con base en todo lo contrario. Se reclaman porque se cuestiona la legitimidad del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Ya que no se ha podido evitar su formación, vamos a ver si le podemos exigir condiciones de imposible cumplimiento, que permitan organizar una “cruzada” contra él, si, como es lógico, no acepta lo que se le propone. Ahí entrará en juego la “soberbia” la “unilateralidad” y la “intransigencia” de Pedro Sánchez machaconamente reiterada desde hace meses.

Nadie debe llamarse a engaño. No son pactos proyectados para garantizar la gobernabilidad, sino para todo lo contrario: para hacer fracasar la primera experiencia de Gobierno de coalición. El griterío a favor de los mismos va a ser ensordecedor.

Aquí va a estar la primera de las pruebas de fuego a la que va a verse sometido el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Si la supera, vendrán más. Pero antes hay superar esta.

El Gobierno constituido a partir del resultado de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre es el primer Gobierno de coalición bajo la Constitución de 1978. Si ese primer Gobierno de coalición se hubiera constituido entre partidos de las derechas españolas, como los que se han formado en diversas Comunidades Autónomas, o si se hubiera constituido entre el PSOE y Ciudadanos, como intentó Pedro Sánchez tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, ¿se estaría hablando de la renovación de los Pactos de la Moncloa? Si Albert Rivera fuera el vicepresidente de Pedro Sánchez o de Pablo Casado, ¿se estaría produciendo esa campaña de reclamación como necesidad perentoria de unos nuevos pactos como los de 1977, que hicieron posible el desarrollo del proceso constituyente?

Las preguntas se responden por sí mismas. La reclamación de unos nuevos Pactos de la Moncloa tiene su origen en el fracaso de la operación que se puso en marcha para torpedear la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Estos segundos Pactos de la Moncloa no son pactos a favor de nada, sino en contra de un gobierno cuya formación no se ha podido impedir.