Ciudadano terrorista en Twitter

El artista César Strawberry, cantante del mítico grupo Def Con Dos, ha sido citado para declarar en calidad de imputado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 por un delito de enaltecimiento terrorista. César Strawberry fue detenido en la llamada Operación Araña III.

Todo comenzó el 18 de mayo de este año, a seis días de las elecciones municipales y autonómicas, cuyos resultados se preveían desastrosos para el PP. En este contexto se pone en marcha la Operación Araña III, por parte de la Guardia Civil, para incursionar en la red social Twitter.  A resultas de este espectacular despliegue policial, coordinado en todo el territorio español para detener a 23 personas, el ministro Rafael Catalá manifestó que la operación había perseguido “fortalecer el Estado de Derecho”.

Tal vez no ignora el ministro Catalá que el Estado de Derecho se fortalece, precisamente, cuando quienes detentan el poder respetan escrupulosamente los Derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución. Estos Derechos Fundamentales nacieron justamente con la vocación de frenar los excesos del poder frente al ciudadano. Veremos si en este caso, esta tercera Araña ha respetado nuestro Ordenamiento constitucional.

En primer lugar, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen competencias para detener cuando tienen conocimiento de la comisión de un delito o indicios evidentes de que se cometerá: la Constitución no ampara las investigaciones prospectivas consistentes en vigilar a los ciudadanos para ver qué hacen. Esta Araña ha vuelto a meterse en la red para cazar de forma indiscriminada y a seis días de las elecciones. Como diría la periodista Patricia López, ya no se inauguran hospitales sino que se lanzan salvajes y mediáticas operaciones de detenciones masivas, aunque  finalmente se desinflen; para cuándo ocurra esto, ya fuera de campaña, no habrá noticia.

Segundo, ¿cuál es el delito que se persigue? El enaltecimiento terrorista o provocación indirecta a la comisión de delitos por medio de la opinión manifestada públicamente. Este delito, con difícil encaje en nuestra Constitución, ha sido, sin embargo, aceptado por el Tribunal Constitucional. No obstante, la jurisprudencia exige que se actúe con sigilo y extremo cuidado, pues podría acabar siendo atacada la libertad de expresión, pilar de todo Estado democrático. Esto significa que habrá de analizarse el contexto y las circunstancias en que se han proferido las manifestaciones presuntamente enaltecedoras. Por lo que ha trascendido de estas “investigaciones en la red”, la Guardia Civil se ha limitado a transcribir determinados tuits, sin más. Los ha sazonado con la peor apariencia posible, se ha extraído lo más desabrido que se ha podido pescar en la red y, además, se ha perfilado a los detenidos con grandes dosis de peligrosidad.

Este es el caso de César Strawberry, repetidamente difundido en los medios como “uno” de los detenidos. Sin embargo, los tuits que se le atribuyen tienen una antigüedad de más de un año: el más moderno es de enero de 2014. ¿Dónde la peligrosidad? ¿Dónde la necesidad de su detención?; por tanto, ¿dónde la proporcionalidad de la operación policial? Sr. Catalá, ¿está usted seguro de que se “ha fortalecido el Estado de Derecho” o, más bien, se ha pervertido?

César Strawberry, qué duda cabe, tendrá que decirle al recién estrenado juez De La Mata cuáles han sido las circunstancias de su detención, si reconoce como suyos los tuits atribuidos, si los que son suyos los escribió en respuesta a alguna manifestación pública de algún determinado político y episodio concreto (contextualización, análisis de las circunstancias)...

Sin duda alguna, merece especial mención el momento en que ha sido detenido, sin la presencia de su abogado: desconcertado (la primera vez que se ve detenido a lo largo de toda su vida de creación artística vanguardista y provocadora) y desamparado, se le ordena que entregue su teléfono móvil y que facilite el PIN. Por supuesto, no se le informa que tiene derecho a negarse a dar la clave de acceso a su aparato telefónico y, ante esta perentoria orden, no le queda más remedio que hacer lo que le dicen. Para investigar un delito de opinión, ¿era necesario y proporcionado acceder y violentar de tal manera la intimidad y el secreto de las comunicaciones del detenido? ¡Días más tarde solicitan del juez autorización para incautar el teléfono! Sin embargo, en el atestado no consta por ninguna parte que el detenido “facilitara” el PIN de su teléfono, por lo tanto, es evidente que el juez acaba siendo un instrumento inconsciente en manos policiales, ratificando a posteriori cualquier manipulación o extracción de datos íntimos por parte de la fuerza actuante. Sr. Catalá, ya vemos cómo se ha fortalecido el Estado de Derecho...

Pero lo que más llama la atención es que, precisamente, César Strawberry sea imputado por enaltecer delitos de terrorismo o humillar a sus víctimas. ¿A estas alturas habrá personas que no conozcan la trayectoria de este artista y creador de sublimes letras? Estamos ante quien fue pionero en componer letras contra el maltrato de género: ¿recuerdan “Asociación de Mujeres Violentas”? Fue también creador de la banda sonora de la película El día de la Bestia (con seis premios Goya), Acción Mutante, entre otras. Estamos, en fin, ante un escritor, compositor de más de 100 canciones, de notoria importancia en la cultura popular en nuestro país, guionista...

¿Se puede dudar, por tanto, de la gran contribución de César Strawberry a la cultura -contracultura- española? ¿Se puede cuestionar su activismo, desde la vanguardia más rompedora, empleando mecanismos “violentos” que toma prestados del orden imperante? ¿Es admisible que, por parte de medios afines al Gobierno, se le represente como un gran peligro social terrorista cuando su subversión siempre fue expresada sutil y artísticamente? (“ciudadano terrorista/ya tienes la negra/ estás en la lista...”)

Para acabar, apuntaremos al Sr. ministro otra nueva irregularidad procesal, que confiemos decida investigarla sin que nadie se lo pida (o la Fiscalía o el mismísimo ministro Fernández Díaz). Mire, Sr. Ministro de Justicia, resulta que la Benemérita, fuerza actuante en este caso, ha aportado al Juzgado un atestado incompleto. Sí, han descuartizado a la Araña III y le han sacado un “atestadito”, el relacionado con César Strawberry, con claro incumplimiento de lo establecido en la ley. ¿Dónde se ha visto que una operación policial no llegue íntegra al Juzgado ? ¿Cómo va a cuestionar la defensa el origen de la investigación si no nos lo facilitan? Pero, claro, privar a la defensa y al Juez y al Fiscal de la documentación completa “fortalece el Estado de Derecho”, claramente, pues parece que, aunque se vulnere el derecho fundamental a la defensa, su cumplimiento no es una prioridad para el Estado de Derecho...

Y por fin, convendría averiguar quién da instrucciones a la Guardia Civil para interrogar tan astutamente a los detenidos. Teniendo en cuenta que los datos del DNI del detenido obran en el encabezamiento de la toma de declaración, le preguntan si su nombre es César Strawberry, ahí lo dejo. Aunque bien podría responderse:

“...rasgar banderas pasar de patria

y aspirar a ser una provincia más de Islandia...

...puedes entenderlo o no pero es así, no quiero ser de aquí

puedes entenderlo o no pero es que yo me doy en adopción“.

El artista César Strawberry, cantante del mítico grupo Def Con Dos, ha sido citado para declarar en calidad de imputado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 por un delito de enaltecimiento terrorista. César Strawberry fue detenido en la llamada Operación Araña III.

Todo comenzó el 18 de mayo de este año, a seis días de las elecciones municipales y autonómicas, cuyos resultados se preveían desastrosos para el PP. En este contexto se pone en marcha la Operación Araña III, por parte de la Guardia Civil, para incursionar en la red social Twitter.  A resultas de este espectacular despliegue policial, coordinado en todo el territorio español para detener a 23 personas, el ministro Rafael Catalá manifestó que la operación había perseguido “fortalecer el Estado de Derecho”.