Moussa se acuerda aún de la fecha exacta: 15 de marzo de 2018. Aquel día la Policía fue hasta el lugar donde él trabajaba en Ghardaïa, en el centro de Argelia, y lo arrestaron junto a su hermano pequeño, Lacine –de 19 años–, y una quincena de personas más. Su delito: no tener papeles que regularizaran su situación. Aunque Moussa, de 34 años, dice que no solo fue “por no tener los papeles”, sino también “por ser negro”.
Hubo muchos compañeros de trabajo, también de África Subsahariana, que en cuanto vieron a la Policía salieron corriendo. Moussa y Lacine prefirieron no hacerlo porque, aseguran, “la situación no era muy cómoda en Argelia y pensábamos que nos iban a repatriar en buenas condiciones”. Pocas horas después se dieron cuenta de su equivocación.
Pasaron dos días en comisaría en los que no les dejaron pasar por casa a recoger su dinero y propiedades. Luego, otro día en “un centro donde meten a todos los negros”, explican, “eso no lo harían con los blancos, pero con nosotros, saben que nuestro presidente no va a decir nada”. Moussa y Lacine son de Costa de Marfil, pero el lugar al que los devolvieron las fuerzas de seguridad argelinas fue Malí, concretamente a la frontera. Tras pasar por el centro fueron dos días en autobús, estuvieron 23 horas en un camión hasta Reggane y de allí los metieron en otro camión a Bordj Moktar, a una veintena de kilómetros de la frontera de Argelia con Malí.
“En el centro nos dieron pan con una lata de sardinas y provisiones para el viaje con lo mismo”, explica Lacine. “Cuando llegamos a Reggane nos ofrecieron arroz blanco, pero no estaba ni cocido, no era comestible, ninguna persona comió aquello”, dice Moussa. Cuando llegaron a Bordj Moktar los introdujeron en un “gran camión”. “Éramos más de 400 personas, estábamos enlatados, no podíamos ni sentarnos”, señala Moussa. Tras aquello la cosa no fue a mejor, los dejaron en mitad del desierto y les indicaron con la mano la dirección que tenían que seguir para llegar al pueblo más cercano de Malí.
—Por cada cuatro personas te daban una botella de un litro de agua —explica Lacine.
—¡Eh! ¡Yo no tuve agua! ¡Tuviste suerte! —le responde Moussa, dejando en evidencia que desconocía aquel importante detalle.
—Si no lo pedías no te lo daban —le responde Lacine.
—En ese momento estaba estresado, con la cabeza saturada, solo tiraba para adelante —responde.
La zona en la que les abandonaron es una zona muy insegura, donde delincuentes, fundamentalistas y rebeldes se mueven libremente. Anduvieron durante unas tres horas hasta el pueblo llamado In Khali, el lugar al que fueron a parar la mayoría de expulsados por vía terrestre desde Argelia a Malí a lo largo de 2018.
Cuando llegaron al pueblo les dijeron que al día siguiente llegaría la Cruz Roja para ayudarles. “Pero no vino nadie”, dice Moussa, “Es un negocio. Nos dijeron que si nos quedábamos más días, solo Dios sabría lo que pasaría con nosotros. Después nos pidieron 50.000 francos CFA (76 euros) por persona para llevarnos en camión hasta Gao, lo negociamos hasta 30.000 CFA (45 euros)”. Gao es la ciudad en el norte de Malí que está más cerca de la frontera y en la que ya se puede contar con las estructuras del Estado, pero se encuentra a más de 600 kilómetros. Es una localidad por la que pasan tanto quienes están intentando llegar a Europa como quienes han sido expulsados de Argelia por Malí, pero también por Níger.
En Níger la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) puede ayudar a quienes son expulsados en la frontera y puede contabilizar a quienes llegan de este modo y tener más información. El organismo anunció a finales de junio que había atendido a cerca de 20.000 migrantes subsaharianos abandonados en el desierto del Sáhara desde el inicio de sus operaciones en 2016. La mayor parte habían sido abandonados por las mafias o expulsados de Argelia.
Sin embargo, debido a la inseguridad, en la frontera maliense no hay ninguna organización humanitaria o institución del Estado trabajando para ayudar a estas personas que quedan abandonadas en el desierto. Por ello, no hay apenas información y se desconoce el número de personas expulsadas y fallecidas intentado llegar a Gao.
Según cuenta Eric Kamdem Alain, coordinador de la Casa de los migrantes (Maison de Migrant) de Gao, gestionada por Cáritas, “en el caso de Malí la frontera está cerrada debido al conflicto” que comenzó en 2012. “Se permite cruzar a los camiones para abastecer al norte, pero no tienen derecho a expulsar a la gente así”, recalca. En el caso de Níger, este país tiene un acuerdo con Argelia de repatriación de sus nacionales que data de 2014. Sin embargo, Argelia está repatriando a territorio nigerino a cualquier ciudadano de origen subsahariano utilizando este acuerdo, sea de la nacionalidad que sea.
“A menudo no llevan ni zapatos”
El trayecto desde la frontera hasta Gao no es sencillo. “En cuanto los ves llegar ya sabes que es un expulsado porque a menudo no llevan ni zapatos, solo el pantalón, han perdido todas sus pertenencias y no tienen ni un documento de identidad; alguien que viene voluntariamente no llega aquí de ese modo”, cuenta por teléfono Ibrahima Boucar Cissé, coordinador regional del programa migración de la Cruz Roja maliense en Gao.
“El problema es que cuando los expulsan en esa zona los migrantes están expuestos a las bandas armadas y extremistas antes de llegar a nosotros. Les quitan todo por el camino, incluso zapatos y ropa”, asegura Kamdem Alain. “También llegan mujeres embarazadas de hasta seis meses a quienes han dejado abandonadas en el desierto”, dice.
Para Moussa y Lacine el trayecto fue una auténtica odisea de tres días. El primer día no pararon en ningún momento porque era una zona muy peligrosa y el conductor no quería jugársela con los bandidos y rebeldes.
—Íbamos todos en un camión y nos golpeábamos entre nosotros de lo agobiados que íbamos —dice Lacine.
—Como no había espacio teníamos que levantar un pie, así —explica levantando una pierna y agarrándola con el brazo por detrás— y luego el otro para ir descansando.
Según explican ambos hermanos, las más de 400 personas que viajaban juntas pasaron por una decena de puestos rebeldes y en cada puesto les pedían dinero. Cuentan que eran unos 15.000 CFA (22,86 euros) por persona y que, si no tenían, alguien pagaba por ti. “O alguien te ayuda o te quedas ahí, pagas con tu teléfono o con algo que lleves encima”, aseguran ambos, “si dices que no tienes dinero te ejecutan delante de todo el mundo, te lo juro”, señala Moussa.
—¿Pasó eso durante el viaje?
—No —responde Lacine— pero yo lo viví cuando subía hacia Argelia —sentencia.
Pasaron dos noches en el desierto y se encontraron con militares franceses que les pidieron cambiar de trayecto, de acuerdo con su relato. “Cuando los vimos pensamos que estábamos salvados y no había nada que temer, pero indicaron al conductor el camino más peligroso, nos desviaron para que no viéramos lo que están haciendo allí”, dice Lacine. El conductor intentó dos veces continuar el trayecto que sabía que era seguro, pero a la tercera los franceses le amenazaron y dejó de insistir por esa ruta.
A las puertas de Gao la cosa no fue fácil tampoco: los militares malienses les pidieron dinero para dejarles entrar. “10.000 CFA (15,24 euros) por persona, pero los malienses que venían con nosotros se indignaron y algunos pagamos y otros no”, explica Lacine. “Yo pagué”, dice Moussa. “Estaba tan agotado que ni me rebelé. Me preguntaron: '¿De qué nacionalidad eres?'. Respondí que era de Costa de Marfil y me dijeron: 'Tienes que pagar 5.000 CFA (10,67 euros)”.
“Es un juego”
En el mes de marzo del año pasado hubo un aumento de deportados desde Argelia a Malí. Entre marzo y junio la cifra aumentó hasta más de 3.000 migrantes, y decidieron organizarse para manifestarse en la embajada de Argelia en Bamako, la capital de Malí. Fue tal la repercusión en los medios locales que según varias fuentes este pudo ser el motivo por el que han podido disminuir. Este medio ha intentado preguntar acerca de este y otros asuntos a la Embajada de Argelia en Malí, pero han considerado que para este tipo de cuestiones es mejor dirigirse a los responsables competentes en Argel, la capital del país magrebí.
“La práctica continúa, pero no de manera masiva”, asegura Cissé. “Ahora vienen a cuentagotas, en grupos aislados de entre 6 y 15 migrantes. Antes eran convoyes de entre 200 y 400 personas”. Varias fuentes indican que las deportaciones ahora se pueden estar realizando en grupos de 40 y 50 personas para que no llamen tanto la atención como las masivas de principios de 2018.
No obstante, las deportaciones por esta vía terrestre no son una novedad. Según el coordinador de la Casa de los Migrantes de Gao llevan ocurriendo desde finales de los años 90. Pierre Yossa, responsable de comunicación de la Asociación de Expulsados de África Central (ARACEM) basada en Bamako, intentó establecerse en Argelia para encontrar un trabajo. Cuenta que dejó de intentarlo porque fue expulsado tres veces en 2008. “La Policía te dice cuando te deja en la frontera: 'Venga, tenéis que iros y venís mañana, así tendremos trabajo y financiación para seguir persiguiéndoos'. Es un juego”, rememora Yossa.
Aunque fuentes gubernamentales de Malí y de varias ONG no dudan en señalar, bajo el anonimato, que esta situación es debida “a la política europea de sobrepasar sus fronteras hacia África subsahariana”, señalando que “es Europa a través de Argelia quien expulsa a la gente”, ninguna de las voces consultadas sabe responder a través de qué acuerdo con la Unión Europea Argelia practica este tipo de expulsiones.
El pasado enero, los ministros de Exteriores del Grupo 5+5 –formado por Malta, Italia, Francia, España, Portugal, Libia, Túnez, Marruecos, Mauritania y también Argelia– se reunieron en La Valeta, donde apostaron por aumentar “la cooperación” en el Mediterráneo para frenar la inmigración hacia Europa. Se trata de uno de los pilares de las relaciones políticas entre la UE y Argelia, según explica la institución comunitaria en su página web, que se rigen por el Acuerdo de Asociación que entró en vigor en 2005. En él, sellan su compromiso para colaborar “en materia de prevención y control de la inmigración ilegal”, así como en la readmisión de migrantes.
Actualmente nadie tiene un proyecto humanitario en la zona, aunque la Cruz Roja si tuvo uno entre 2009 y 2010. Desde la organización humanitaria señalan que, si bien ellos están presentes en todas las regiones de Malí e incluso tienen voluntarios cerca de las zonas donde los migrantes son deportados, no tienen financiación suficiente para poner en marcha un proyecto para esta problemática específica. Además, indican que “la Cruz Roja no tiene el rol de intervenir en la migración”.
Así pues, el organismo que debería intervenir en la zona es la OIM, como ya lo hace en Níger, pero la situación de inseguridad les limita a poner en marcha un proyecto. Desde la Cruz Roja aseguran que se pusieron en contacto con ellos pero que aún no han llegado a ningún acuerdo de colaboración.
“La Cruz Roja tiene unos principios a respetar, entre ellos la imparcialidad y la neutralidad que hacen que no tomemos parte en los conflictos y eso es lo que nos da credibilidad. Tenemos que prestar atención a cualquier alianza y analizar que no se pone en duda nuestra imparcialidad”, explica Mamadou Traoré, secretario general de la Cruz Roja en Malí, un país en crisis en el que el sistema de Naciones Unidas ha entrado en el conflicto con la Misión de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).
Moussa y Lacine se encuentran ahora en Bamako, aunque la OIM les ayudó a pagar el transporte para llegar hasta su país. Sin embargo, una vez llegaron allí no duraron más que un par de semanas. Decidieron regresar juntos a Malí e intentar comerciar entre este país y Costa de Marfil. Moussa, que estuvo siete años trabajando en Argelia, quiere que esta idea funcione, porque tiene mujer y tres hijos y está cansado de intentarlo. Más joven y menos agotado, Lacine, que llegó a Argelia en 2017 siguiendo a su hermano, dice con vitalidad y esperanza que sigue buscando el modo de llegar a Europa.