Tras un retraso de meses, el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la reforma del reglamento de Extranjería que facilitará la obtención de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros tutelados y jóvenes, que hasta ahora se chocan con una montaña de trabas burocráticas que empujan a muchos a la irregularidad y la exclusión una vez alcanzan la mayoría de edad. La medida es el proyecto estrella sobre migraciones del ministro José Luis Escrivá, que lleva meses enfrentando la oposición del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Según ha anunciado este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería busca “simplificar los procedimientos administrativos, reducir los trámites evitando que lleguen a la mayoría de edad sin documentación”. En este sentido, el Ejecutivo pretende “respetar y conservar la inversión pública que se ha hecho en su formación, en su integración y en el acogimiento por parte de las comunidades autónomas” cuando eran menores “facilitar la incoporación de estas personas en el mercado de trabajo, simplificando toda la carga administrativa”.
La reforma pretende reducir los plazos marcados para la obtención de la residencia, la disminución de los requisitos económicos, la ayuda para su acceso al mercado laboral y el aumento de la vigencia de sus permisos de residencia. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que la reforma beneficiará en un corto periodo de tiempo a 8.000 menores migrantes que llegaron solos a España y a alrededor de 7.000 jóvenes extutelados, de entre 18 y 23 años, que podrían acogerse a la nueva normativa de forma retroactiva, según el cálculo de la Secretaría de Estado de Migraciones.
Los menores migrantes que llegan solos a España se chocan con una serie de trabas burocráticas que, en la práctica, empujan a muchos a la irregularidad y la exclusión una vez alcanzada la mayoría de edad. “La normativa actual provoca que muchos menores caigan en irregularidad sobrevenida al cumplir los 18 años, una situación causada por la rigidez de esa normativa que el Gobierno modifica”, ha explicado el Ministerio de Inclusión en un comunicado. La reforma crea un régimen propio para los jóvenes extutelados que alarga la duración de las autorizaciones de residencia y permite que aquellos jóvenes extutelados de entre 18 y 23 años que se encuentren en situación irregular puedan acceder a una autorización de trabajo de manera retroactiva.
Entre los obstáculos a los que se enfrentaban los menores para obtener su documentación se encuentra el plazo que las comunidades autónomas debían esperar para empezar a tramitar la documentación de los menores extranjeros no acompañados y acreditar la imposibilidad de retorno. Si el anterior reglamento lo establecía en nueve meses, la reforma lo reduce a tres meses. “Cuando se superen esos tres meses, las oficinas de extranjería documentarán de oficio a estas personas sin que este procedimiento interfiera en una posible repatriación. No obstante, si la repatriación procediera, se extinguiría la autorización concedida”, aclaran desde el Ministerio de Inclusión.
Según defiende Inclusión los tiempos establecidos en la anterior normativa eran “excesivamente largos, sin fundamento alguno” y “supone que muchos de estos menores accedan a la mayoría de edad sin la debida documentación”. En un primer borrador de la reforma, el equipo de Escrivá apostaba por empezar a documentar a estos chavales a los 15 días, pero finalmente el plazo se quedará en tres meses.
Otra de las modificaciones destacadas es el aumento de la vigencia de la autorización inicial de uno a dos años (homogeneizando el plazo con otras normas) y de la autorización de renovación a tres años. Hasta el momento, la renovación era anual, originando “cargas de trabajo” para las Administraciones públicas “sin sentido ya que el menor seguía siendo menor”, por lo que debe tener su documentación en regla.
Su autorización de residencia incluirá el permiso de trabajo a los menores migrantes de entre 16 y 18 años, siempre que sea coherente con el “itinerario de inserción previsto por la entidad de protección”, como ya había aprobado el Gobierno a través de una instrucción de migraciones emitida el año pasado.
A partir de ahora, además, Administración tendrá que proporcionar “cédulas de inscripción para menores no acompañados”, por lo que Migraciones elimina la obligación de presentar a estos chavales un acta notarial, que será sustituida por un informe de la entidad de protección de menores.
Menos requisitos económicos
Otro de los cambios claves busca facilitar la renovación de la tarjeta de residencia de los menores extranjeros cuando alcanzan la mayoría de edad. Actualmente, los jóvenes extutelados, aunque cumplan 18 años con toda su documentación en regla, se enfrentan a una serie de requisitos económicos que complican la conservación de sus papeles.
Tras la aprobación de la nueva normativa, se establece un régimen propio para la obtención de los papeles de los chavales extutelados que no hace referencia a la residencia no lucrativa, que obligaba a estos jóvenes acreditar medios económicos propios en una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM en la primera autorización y el 400% en la segunda renovación (2.500 euros mensuales), que no podía ser complementado o sustituido por el apoyo recibido por parte de entidades o ayudas públicas, una exigencia muy difícil de cumplir para adolescentes extranjeros que suelen buscar su primera oportunidad laboral.
Los nuevos plazos aprobados este martes establecen que estos jóvenes proceder a su renovación, estos jóvenes deberán demostrar contar con medios económicos suficientes equiparables al 100% del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para una persona sola -es decir, 470 euros al mes-, salvo que la institución de acogida o el programa de tránsito a la vida adulta al que el joven esté acogido “proporcionen su sustento”.
A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, en el cómputo de estos ingresos se podrán tener en cuenta las ayudas sociales obtenidas por el joven extutelado. También se exigirá la ausencia de antecedentes penales y se atenderá a los “informes positivos” presentados por entidades públicas o privadas que los atienden “referidos a su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o estudios que se estuviera realizando”. Su vigencia será de dos años.
En el caso de aquellos menores extranjeros que cumplen 18 años sin formalizar su permiso de residencia, la nueva normativa permite que estos jóvenes puedan solicitar una autorización de residencia y trabajo bajo estos mismos requisitos, sin imponer exigencias añadidas como ocurre en la actualidad. “En ambos casos, tanto para quienes hayan llegado a la mayoría de edad documentados como sin documentar, se tendrán en cuenta los informes sobre esfuerzo de integración, continuidad de estudios o formación”, explican desde Inclusión.
El cambio de requisitos también beneficiará a los jóvenes migrantes extutelados que, habiendo cumplido ya los 18 años, no pudieron solicitar su autorización de residencia por las trabas impuestas por el actual reglamento. En caso de que cumplan con las nuevas condiciones, “se pone en marcha un procedimiento para que puedan acceder a la autorización prevista para los menores que llegan sin documentar a la mayoría de edad” de manera retroactiva.
Según anunció Escrivá el pasado mes de enero, la modificación impulsada por Inclusión pretende llevar a cabo una “racionalización del sistema de documentación” de los menores extranjeros no acompañados a fin de evitar que, una vez que lleguen a la mayoría de edad, pierdan su residencia en España, una situación que se repite con frecuencia. Aunque el primer borrador estaba preparado a finales de abril, el Gobierno se ha encontrado con la oposición de Interior. Escrivá pretendía llevarla al Consejo de Ministros en agosto, pero los planes de Grande-Marlaska de devolver a los menores migrantes llegados a Ceuta en el mes de mayo influyeron en el retraso de su aprobación, según fuentes próximas al proceso.
ONG celebran “un paso histórico”
El proceso de elaboración de este Real Decreto ha contado con la participación de particulares, entidades del tercer sector y comunidades autónomas, destaca Inclusión. Organizaciones especializadas en derechos de la infancia y juventud migrante consideran la reforma del reglamento de Extranjería como “un paso histórico hacia la inclusión de los niños y niñas que llegan solos a España”.
Los cambios normativos llevan siendo exigidos por jóvenes migrantes, ONG y el Defensor del Pueblo desde hace años. “Decenas de entidades y colectivos llevaban años denunciando las abusivas condiciones de un Reglamento que abocaba a la irregularidad administrativa y exclusión social a miles de adolescentes y jóvenes a los que la Ley de Extranjería, por otro lado, reconoce ser regulares a todos los efectos”, detalla un comunicado firmado por una treintena de organizaciones, entre las que se encuentra la fundación Raíces, Save The Children, Unicef, Asociación Ex Menas Madrid o Coordinadora de Barrios entre otras.
“Una de las cuestiones mejor valoradas por las ONG es que la Reforma contempla rescatar a miles de jóvenes que han quedado en el limbo más absoluto y que desde hace años padecen las consecuencias de una mala gestión de las distintas administraciones y de un reglamento que impedía su integración”, añaden. “La aprobación de la reforma de hoy del Consejo de Ministros va a beneficiar a miles de jóvenes, que han estado padeciendo durante años las terribles consecuencias que ha tenido en sus vidas un reglamento que tan solo ponía obstáculos y barreras insalvables a su integración, especialmente en su tránsito a la vida adulta”.
Hasta ahora, la normativa de extranjería complicaba el acceso al mercado laboral a los menores extranjeros no acompañados. Para obtener este permiso, en base a la ley, los adolescentes deben realizar numerosos trámites, lo que en la práctica les impide poder trabajar. A su vez, las trabas impuestas retrasaban su independencia económica, clave para su inclusión en la sociedad una vez alcanzada la mayoría de edad, momento en el que deben abandonar los centros de acogida. Esa situación, a su vez, obstaculiza la renovación de sus papeles.
La reforma de la Ley de Extranjería es una de las promesas anunciadas por Escrivá poco después de su toma de posesión como ministro de Inclusión. En febrero del año pasado, el titular de Migraciones aseguró en su primera comparecencia en la comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que impulsaría un “cambio de modelo” de la normativa que rige los derechos de los inmigrantes en España corregir la “rigidez burocrática” a la que se enfrentan las personas extranjeras en España.
Ya entonces el ministro propuso, entre otros aspectos de la Ley, la flexibilización de los criterios en la concesión de las autorizaciones de extranjería. Fuentes de Migraciones explicaron a elDiario.es que la reforma exprés del régimen de menores extranjeros no acompañados es un primer paso hacia una modificación de la normativa más completa.