El juez Emilio Lamo de Espinosa amplía las diligencias requeridas en la causa que instruye sobre las devoluciones 'en caliente' en la valla de Melilla. El magistrao solicita a las partes que se pronuncien sobre la posible “incidencia de la entrada en vigor” de la reforma del Gobierno de la ley de Extranjería (a través de la Ley de Seguridad Ciudadana), “en particular acerca de la inclusión de la figura del rechazo en frontera”, recoge un auto que ha adelantado la Cadena Ser y al que ha tenido acceso eldiario.es.
En la causa que instruye el magistrado está imputado el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla por un posible delito de prevaricación —ya que es el responsable del protocolo que sustentó las denonimadas devoluciones en caliente investigadas en la frontera melillense— y ocho guardias civiles por un posible “delito de trato degradante” por haber golpeado a un joven camerunés, Dani, quien, tras caer al suelo español desde lo alto de la valla melillense y quedar aparentemente inconsciente, fue devuelto de forma ilegal a Marruecos.
Ahora, en un auto fechado el pasado 7 de abril, Emilio Lamo de Espinosa solicita al “Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y acusaciones populares personadas” que se pronuncien en el plazo de dos días “a fin de que puedan alegar todo lo que tengan por conveniente acerca de la relevancia que para esta instrucción pueda tener la entrada en vigor de la disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, “en particular acerca de la inclusión de la figura del rechazo en frontera con la obligación de respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.
Los hechos investigados, durante los saltos a la valla de Melilla del 18 de junio, 13 de agosto y 15 de octubre de 2014, tuvieron lugar antes de la entrada en vigor de esta reforma, pero el magistrado pide a las partes que comuniquen su posible “incidencia” en el proceso.
Las devoluciones “siguen siendo ilegales”
La reforma de la Ley de Extranjería del Gobierno pretende legalizar las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla —ilegales según la legislación nacional e internacional— defendidas por el Gobierno y que se practican desde 2005, según ha admitido el Ministerio del Interior. Todos los expertos consultados apuntan que las expulsiones inmediatas que se han praticado hasta el momento, en las que no se identifica a lon inmigrantes ni se les ofrece asistencia letrada por las posibles cuestiones que requieran comunicar, incumplen la nueva ley. La norma exige el cumplimiento de la normativa internacional en materia de derechos humanos y la legislacion incluye estas garantías para proteger, entre otros, el derecho de toda persona a pedir asilo.
Algunas voces señalaron que la intención del Gobierno de legalizar estas prácticas era un indicativo de que las expulsiones inmediatas (como las investigadas) no quedaban amparadas por la Ley de Extranjería tal y como estaba redactada antes de los cambios introducidos en la Ley de Seguridad Ciudadana. Un reciente informe sobre la reforma del Gobierno, suscrito por 16 juristas, insiste en que la nueva norma tampoco permite estas devoluciones 'en caliente'.
Exige la identificación de varios agentes
Entre las nuevas diligencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla destacan la solicitud para que la Guardia Civil comunique la identidad de “los guardias civiles (...) que proceden a golpear” a un inmigrante conocido como Dani cuando éste baja de lo alto de la valla por una escalera. También pide la identificación del agente que aparece “encaramado en la valla” en un vídeo de la actuación policial de ese día.
La ONG Prodein recogió esta actuación policial en un vídeo, en el que se puede ver cómo Dani cae de la valla después de recibir varios golpes por parte de la Guardia Civil y su posterior devolución a Marruecos, atado de pies y manos.
El juez solicita también las “órdenes de servicio” en el Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO) de la Guardia Civil vigentes los días 18 de junio, 13 de agosto y 15 de octubre de 2014 y, al Hospital Comarcal de Melilla, que informe sobre el número de pacientes trasladados por Cruz Roja el 13 de agosto y la identidad e historia clínica de varios de ellos.