Presupuestos 2018: luces y sombras de unas cuentas electoralistas y de supervivencia
El PNV volvió a mantener la expectación hasta el último momento, pero como la mayoría de los analistas sospechaban, al final anunció que apoyaría el nuevo trámite de los Presupuestos Generales del Estado que finalizó este miércoles en el Congreso. Tras varios meses asegurando que con la intervención de Catalunya en vigor no iban ni a sentarse a negociar, su argumento es que gracias a su apoyo a las cuentas se evita un “abismo” y se promueve “paradójicamente” la retirada del 155.
Sus votos, junto a los de una formación que se supone casi antagónica, Ciudadanos, son clave para la aprobación de estos Presupuestos que dan estabilidad al Gobierno en minoría de Mariano Rajoy. También les acompañan Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y Nueva Canarias, además del PP. La formación de Albert Rivera también ha tenido que sortear algunas aparentes contradicciones: votan junto a la formación que obtuvo lo que ellos denominan como “el cuponazo” (un nuevo cupo vasco que está desvinculado de los presupuestos, pero muy cercano en el tiempo) y mientras se ha citado a declarar como imputado al secretario de Estado de Hacienda por presunta malversación y prevaricación.
Al margen de las motivaciones políticas de estas formaciones para respaldar los presupuestos del PP, para conseguir sus apoyos y lograr alargar la legislatura el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acabó realizando algunas concesiones. La más relevante es la subida de pensiones en función del IPC en 2018 y 2019 que hasta poco antes tachaban de descabellada. El incremento de estas prestaciones supuestamente se sufragará con un nuevo impuesto a las tecnológicas.
Estos presupuestos se aprobarán un año antes de las elecciones municipales y autonómicas de junio de 2019, y poco antes de que comience el calendario para los del año que viene (en pocas semanas debería aprobarse el techo de gasto que sirve de base a las cuentas). Su ejecución real será muy inferior a lo prometido, a tenor de lo que ha ocurrido en años anteriores. Desde 2012 el Gobierno de Rajoy ha dejado sin gastar el 40% del presupuesto para investigación, el 70% para la ordenación turística o el 25% para la protección medioambiental.
En estas cuentas el gasto público total previsto para 2018 retrocede hasta el 40,5% del PIB, frente a la media europea del 46%. El objetivo declarado del Ejecutivo es que acabe en el 38% en 2020. En Sanidad, el gasto de estos PGE de 2018 es de 5,8% (el más bajo desde 2007) y en Educación el 3,8% (el más bajo en 20 años).
El Senado recibirá el próximo martes 29 de mayo el proyecto de Presupuestos y prevé tramitar la ley y ratificarla en tres semanas, antes del 21 de junio. Aunque puede haber algunas modificaciones de partidas en la Cámara Alta no se esperan problemas ya que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Senado.
Medidas más relevantes
- Pensiones. Tras las protestas de los colectivos de jubilados, con gran fuerza en Euskadi, el PNV anunció que el Gobierno vaciaba de contenido su reforma de las pensiones de 2013 durante los próximos años: aplaza a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que estaba fijada en 2019, y subirá las pensiones con el IPC (un 1,6% este año), incumpliendo su índice de revalorización. Las medidas suponen un enorme giro en la postura del Gobierno, que defendía la necesidad de aplicar las restricciones de su reforma para garantizar el futuro del sistema público.
- Rebaja fiscal. El ministro Montoro salió en el inicio de las negociaciones de estos presupuesto asegurando que en 2018 no habría rebaja de impuestos. Las exigencias de Ciudadanos provocaron que el titular de la cartera de Hacienda tuviera que recular y aceptar la propuesta del partido de Albert Rivera. La rebaja supone elevar de 12.000 a 14.000 euros al año la cantidad exenta de pagar IRPF y reducir la carga a los sueldos entre 14.000 y 18.000 euros, que según Ciudadanos supondrá un ahorro de 300 euros de media, aunque a partir de 17.500 euros apenas percibirán la disminución.
- Deducciones para familias con dependientes. La familias con dependientes a cargo (padre o madre mayor de 75 años o cónyuge con discapacidad) se beneficiarán de una deducción de 1.200 euros anuales. En caso de familias numerosas aumentará en 600 euros adicionales al año por cada hijo a partir del tercero. Esta ayuda beneficiaría a unas 700.000 personas.
- Devolución fiscal por hijos menores de 3 años. En un primer momento, Ciudadanos planteó una deducción fiscal de 1.200 euros por cada hijo en una escuela infantil de 0 a 3 años. Finalmente, la rebaja será de 1.000 euros.
- Rebaja del IVA del cine. Tras la reducción del 21% al 10% el IVA de los espectáculos en vivo, barbacoas y karaokes ahora le toca el turno al cine, que verá una bajada de esta tasa en igual cuantía que otros espectáculos. El partido de Albert Rivera valora esta rebaja en 33 millones de euros.
- Subida salarial para funcionarios. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF y el Ministerio de Hacienda y Función Pública cerraron un acuerdo sobre la subida salarial de los funcionarios para los próximos tres años de hasta el 8,8%. La subida pactada para 2018 es del 1,75%. Este incremento puede aumentar hasta en un 0,20% si se cumplen unas variables como el crecimiento del PIB y el cumplimiento del déficit que permitirían añadir una dotación de 800 millones de fondos adicionales. “Las retribuciones ligadas a los objetivos del PIB se abonarán con efectos de 1 de julio de cada ejercicio”, especifica el acuerdo.
- Equiparación de sueldos de policías y guardias civiles. La negociación de la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los cuerpos policiales autonómicos ha demostrado que la última palabra la tiene siempre Montoro. Cuando parecía que Interior era incapaz de cerrar un acuerdo con los representantes policiales, que se levantaron de la mesa de negociación, el respaldo del ministro de Hacienda facilitó la consecución del acuerdo: En 2018 se incorporarán 500 millones a los presupuestos con el objetivo de que en 2020 el sueldo de los agentes tenga un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 euros en la de los guardias civiles.
- Permiso de paternidad. Ciudadanos consiguió elevar el permiso de paternidad hasta las cuatro semanas en la negociación de los presupuestos de 2017 y en los de 2018 exigió incrementar una semana más este permiso, con lo que serán cinco semanas la que los padres podrán dedicar al cuidado del recién nacido.
- Garantía juvenil. Los Presupuestos incluirán 500 millones para el pago de 430 euros a jóvenes con contrato de formación. Según Ciudadanos, este complemento salarial beneficiará a más de 600.000 jóvenes menores de 30 años.
- Tasas universitarias. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunció que pretende rebajar las tasas universitarias en los próximos presupuestos. Méndez de Vigo indicó que revisarán a la baja las horquillas en titulaciones universitarias oficiales de grado, de manera que las comunidades autónomas puedan fijar unas tasas “más asequibles”: entre el 0 y el 25 % de los costes de la primera matrícula.
- Educación y becas. En este apartado se ha incrementado en 30 millones el plan contra el abandono escolar, se ha subido en 20 millones las becas para el estudio, además de mantener 50 millones para la gratuidad de libros escolares.
- Corredor Mediterráneo. Una de las infraestructuras estratégicas que lleva lustros sin concretarse ha pasado a tener más peso en los presupuestos de 2018, con un aumento de 572 millones.
- Plan de choque de la Justicia. Los presupuestos incluyen subir en 46 millones la partida para la contratación de jueces y fiscales e incrementar en siete millones la cuantía para la modernización de los juzgados.
- Fraude fiscal. Se incrementa hasta los 126 millones el presupuesto de la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude fiscal.
- Afectados por Talidomida. Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puso fin a la batalla de los afectados por la Talidomida, estos presupuestos recogen una partida de 20 millones para indemnizar a las víctimas de este medicamento.
Enmiendas aprobadas
El proyecto de Presupuestos sale del Congreso para que sea aprobado por el Senado con 329 enmiendas incorporadas. Todas las modificaciones han contado con el beneplácito del PP salvo una enmienda pactada por UPN con la oposición, y apoyada por Ciudadanos, para habilitar primas más generosas a la generación de energía renovable por parte de pequeños productores, según informa Europa Press.
Una de las enmiendas respaldadas por todos los grupos políticos ha sido el aumento en 120 millones de euros de la partida contra la violencia de género, 100 millones para las administraciones autonómicas y 20 millones para las entidades locales, en conformidad a lo acordado por los grupos en el Pacto de Estado.
Otro colectivo que se ha visto beneficiado durante la negociación de las enmiendas ha sido el de los policías municipales, que tras sus movilizaciones han conseguido adelantar la edad de jubilación a los 59 años. Por otro lado se ha aprobado una partida de 2 millones adicionales para impulsar la modernización del sistema pública de Justicia.
El PP pactó con Ciudadanos distintas rebajas fiscales: elevar a 10.000 euros el mínimo exento a tributar de los premios de Lotería, deducciones a la compra de acciones de empresas de nueva creación y que la Agencia Tributaria pueda revisar pérdidas contables de empresas que busquen convertir créditos fiscales.
Asimismo, también han comprometido que en todas convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se incluyan becas específicas para estudiantes con necesidades especiales a partir del curso en 2019-2020 y un complemento mensual de 250 euros para los examinadores de Tráfico
Con el PSOE, el Gobierno ha pactado incorporar en el articulado de la ley una disposición para eximir del límite de reposición las plazas fijas de empleo público para reservistas de especial disponibilidad y militares en sus últimos diez años.
Con Unidos Podemos, los acuerdos alcanzados contemplan 100.000 euros para investigar los perfiles genéticos de los bebés robados (a raíz de una propuesta de Compromís) y permitir una utilización más flexible de las cinco semanas de paternidad por los empleados públicos.
Las enmiendas pactadas con UPN han supusieron movilizar unos 50 millones de los Presupuestos, principalmente dedicados a inversiones de carreteras, la cuenca hidrográfica del Ebro, e instalaciones deportivas, mientras que Foro ha llevado a las cuentas 20 millones en ayudas a las centrales térmicas para reducir emisiones, más ayudas a la reconversión industrial y reactivación de las cuencas mineras. En total, más de 60 millones, según aseguran desde esta formación.
Por su parte, con Coalición Canaria el PP ha pactado las condiciones por las que las comunidades pueden gastar el remanente de sus superávit, con un límite de inversiones de hasta 25 millones, a partir del cual estas administraciones deberán contar con la autorización de Hacienda.
Tanto Nueva Canarias y Coalición Canaria han pactado con el PP que Energía pueda aumentar las retribuciones a aquellas instalaciones eléctricas que aumenten su capacidad. Además, con el diputado de NC, Pedro Quevedo, el Gobierno ha pactado bonificaciones al 75% del transporte interpeninsular, con vigencia indefinida, y extendida también a Baleares, Ceuta y Melilla.
Menos gasto público, IPREM congelado
“Los beneficios del crecimiento no están llegando a los bolsillos de la ciudadanía. Seguimos a la cabeza en desigualdad y pobreza con casi 13 millones de personas en riesgo de exclusión social”, ha recordado durante el debate el portavoz de Unidos Podemos, Segundo González.
Y es que los grupos de la oposición no compran que estos sean los Presupuestos “más sociales de la Historia”. Cierto es que va subiendo el capítulo dedicado al gasto social, tanto por el problema del desempleo como por el envejecimiento de la población. Pero en lo que concierne a este ejercicio, los presupuestos contemplan un crecimiento económico del 2,7% y una subida del techo de gasto del 1,3%. Ello sitúa el gasto público en el 41% del PIB, el más bajo desde 2007. En cuanto al gasto social, aumenta un 2,8%. El gasto social sin la partida de desempleo sube un 3,5%. El PIB nominal, que es con lo que se debe comparar, crece un 4,30%.
Según el Gobierno, precisamente esto permitirá cumplir la previsión de déficit público del 2,2% del PIB, y así salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas. Pero la Comisión Europea ya ha dicho que no se cree esta senda de estabilidad del Ejecutivo.
Uno de los indicadores clave para el acceso y la cuantía de ayudas, subsidios y becas a los que recurre la población con menos recursos ha quedado congelado. Es el IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), cuyo crecimiento este año es cero.
Además, se ha visto perjudicado en las enmiendas otro colectivo que precisamente destaca por su vulnerabilidad: el de las empleadas de hogar. El Partido Popular incluye una enmienda que mantiene las bases de cotización de las trabajadoras domésticas por debajo de sus salarios hasta el año 2024, cuando la ley establece que sea hasta 2019.
Según ha defendido el portavoz socialista Pedro Saura “mañana los problemas del país van a seguir existiendo: salida injusta de la crisis, pensiones, derechos sociales no resueltos, reformas que no se ejecutan. Estamos ante un Gobierno acorralado por la corrupción, sin proyecto de futuro, avalado por Rivera”.
