El Gobierno puede (y debe) elaborar los presupuestos pese al rechazo de este miércoles al objetivo de déficit por parte del Senado, con mayoría del PP. Así lo avala la Abogacía del Estado en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que responde al Ejecutivo sobre cómo operar en caso de no recibir el respaldo de las cámaras a sus objetivos de déficit. El documento concluye que el Gobierno tiene que cumplir con dos obligaciones: elaborar los presupuestos y que cumplan con las reglas fiscales de la UE.
El Ministerio de Hacienda había enarbolado la existencia de este informe jurídico, aunque sin presentarlo, algo que le han afeado distintos grupos parlamentarios. El texto que ha podido consultar este medio muestra cómo el Gobierno preguntó a la Abogacía cómo tendría que funcionar si entran en juego de nuevo las reglas fiscales de la UE. A partir de ahí elabora varios escenarios, entre ellos, el que se ha confirmado este miércoles en el Senado: el rechazo de las cortes al objetivo de déficit aprobado por el Gobierno.
Se trata de un debate legal ante un escenario que es excepcional, aunque no único: que el Ejecutivo no tenga el respaldo mayoritario del Senado. Para comprenderlo hay que arrancar por el principio. En 2012 se aprobó una ley de estabilidad presupuestaria de la que emana una obligación que no existía, al menos de la misma manera, hasta la fecha. El Gobierno que elabora los presupuestos tiene que presentar a las cortes un objetivo de déficit y de deuda para la administración central, las autonomías, los ayuntamientos y la Seguridad Social. Necesita que ambas cortes lo respalden. En caso de que una lo rechace, se deben volver a presentar en el plazo de un mes.
Este capítulo es el que ha vencido este miércoles, con el segundo rechazo por parte de una cámara controlada por el PP. Lo ha hecho con argumentos más políticos que económicos o técnicos, enarbolando asuntos como el 'caso Koldo' o los ERE de Andalucía, que poco tenían que ver con la materia a debate.
¿Y a partir de ahora qué? La ley que obligaba a hacer ese trámite no especificaba el escenario que hoy se ha constatado en el Senado. Por ello, el Gobierno ya había planteado este estudio a la Abogacía previendo que se podía llegar a él.
Los servicios jurídicos del Estado son claros. “En caso de no aprobación por las Cámaras del plan de reequilibrio presentado por el Gobierno, ello no exime a éste de las obligaciones establecidas constitucionalmente: presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (artículo 134.3 CE) y no incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”, apunta. “A falta de aprobación, conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo”, añade.
Es decir, el veto del Senado no pone punto y fina a los presupuestos generales del estado. La elaboración de estas cuentas es un deber constitucional que tiene el Gobierno y esto tiene un rango legal superior a la ley que obligaba al trámite con el Congreso para la senda del déficit.
Ese mismo párrafo avala que, para elaborar esas cuentas, se tendrá que aplica el programa de estabilidad. Este es un documento que el Gobierno envió en abril del año pasado a Bruselas y que recibió el visto bueno de la Comisión Europeo. En él se planteaba el mismo objetivo de déficit para el Estado: el 3%. La diferencia es que era más restrictivo para las comunidades y ayuntamientos de lo que es el plan que había presentado el Gobierno a las cortes.
Puesto que Bruselas avaló aquel esquema, la Abogacía entiende que las distintas administraciones tienen que cumplir con el “mandato” contenido en el artículo 135 de la Constitución, aquel que fue reformado en plena crisis financiera y en el que las reglas fiscales europeas asumían un rol preponderante. De este modo, el Gobierno, responsable de la Administración del Estado, cumpliría con ese mandato elaborando unos presupuestos si cumplen con ese programa de estabilidad.
De este modo, la Abogacía concluye que la “valoración positiva” de aquel documento enviado hace ahora casi un año provoca que si se cumple con esos objetivos de déficit y de deuda contenidos en él supondría “cumplir con los márgenes establecidos por la Unión Europea, cumpliendo el mandato del artículo 135”. En otro pasaje del informe, se apunta a que “la divergencia que puede surgir entre el ordenamiento interno [la aprobación en las cámaras del objetivo de déficit] y el de la Unión Europea [las reglas fiscales] debe resolverse en favor del segundo”.
El documento da fuerza al Gobierno para seguir adelante con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Ya lo había defendido en varias ocasiones la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien este mismo miércoles ha vuelto a remarcar su intención de presentar el proyecto de presupuestos lo antes posible.
El PP había puesto en duda este informe, puesto que el Gobierno no lo ha hecho público. También otros partidos como el PNV habían reclamado este mismo miércoles poder acceder a su contenido. Si bien, el PP no ocultaba su intento de que tumbando estos objetivos de déficit, se bloqueaba la ley más importante del Gobierno, la de presupuestos. De hecho, en el debate este miércoles había asegurado que “tras tropezar con la primera piedra de los presupuestos”, tendría que “dimitir el Gobierno y convocar elecciones para dar paso a un Gobierno serio y eficaz”.
Cumpliendo, por tanto, con el dictamen de la Abogacía, el Gobierno podrá elaborar sus presupuestos. Serán unas cuentas que, paradójicamente, tendrán más capacidad para el Gobierno central —4.300 millones— respecto al objetivo de déficit que ha tumbado el PP en el Senado. Esto se debe a que, aunque en ambos escenarios el cupo global era del 3%, se reparte de distinta manera. En el programa vetado por la Cámara Alta, las comunidades tenían un déficit del 0,1% y los ayuntamientos, del 0%. Al Gobierno central le correspondía el 2,7% y a la Seguridad Social, el 0,2%. Con el programa de estabilidad aprobado por Bruselas y que ahora será la referencia, el Ejecutivo central tiene el 3%, las comunidades, el 0%, y los Ayuntamientos, el 0,2% de superávit.
Son estas dos administraciones las más afectadas. De hecho, provocará que algunas comunidades y ayuntamientos tengan que reelaborar presupuestos ya aprobados y que tenían objetivos de déficit que ahora serían un incumplimiento. En concreto, seis comunidades autónomas no cumplirían hoy con el esquema que va a entrar en vigor.
Por tanto, el PP no ha conseguido tumbar los presupuestos del Gobierno, pero sí retrasarlos. Aunque en un comienzo el Ejecutivo aspiraba a tener las cuentas de 2024 aprobadas en el primer trimestre del año, hoy esa fecha es imposible. En el plano más político, tendrá que presentarse ahora un acuerdo entre PSOE y Sumar para que el Gobierno apruebe un proyecto de ley de presupuestos que llegue al Congreso. Tras ello, será una batalla por la aritmética parlamentaria y lograr los ansiados 176 votos que precisa para sacar adelante las cuentas. Será tiempo de centenares de enmiendas. Si se logra un acuerdo entre todos los grupos de la mayoría de la investidura, la ley viajará al Senado. Ahí el PP podrá incluir enmiendas, pero estas podrán ser rechazadas a su vuelta por el Congreso. Es decir, de nuevo podrá trabar, pero no bloquear.