Cuenta atrás para que el Gobierno inicie el procedimiento de extinción de la concesión de la mayor presa hidroeléctrica de Iberdrola que vence esta década: los aprovechamientos de Villalcampo I y II (Zamora).
Con 206 megavatios (MW) de potencia, es la principal concesión de este tipo que vence en los próximos años, según un listado incompleto de instalaciones que facilitó hace unos meses el Ministerio para la Transición Ecológica.
Ese plazo va a abrirse en plena crisis de la luz, que ha propiciado una escalada de tensión entre el Ejecutivo y las empresas por el recorte que, para intentar reducir el impacto en los consumidores del alza exponencial del mercado mayorista eléctrico, se aplica desde septiembre a la retribución de hidroeléctricas, nucleares y algunas renovables por la subida exponencial del gas. El enfrentamiento ha sido especialmente intenso en el caso de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, que el lunes cargaba contra el intervencionismo “terrorífico” del Gobierno y se mostraba abierto al “diálogo”.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado abierta a retirar los recortes siempre que la UE tome medidas a nivel europeo y ha abierto este jueves con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, una ronda de contactos con los principales ejecutivos del sector que incluye al propio Galán.
Fuentes de Endesa valoraron “positivamente” el encuentro y cualquier iniciativa “para buscar propuestas y medidas que solucionen el problema de la escalada del precio mayorista de la luz y que solucione también el problema al que se ve abocado el sector eléctrico” desde la aprobación del decreto de septiembre, que debe convalidar el Congreso el próximo jueves y que, según las eléctricas, les lleva a producir a pérdidas. Ribera prevé reunirse este viernes con los responsables de EdP; el lunes, con los de Acciona y el miércoles, con los de Naturgy e Iberdrola, indican fuentes del sector.
Según recuerda el Ejecutivo en una reciente respuesta parlamentaria, la concesión de esos aprovechamientos de Iberdrola en Zamora “finaliza el 10 de octubre de 2024” y “el procedimiento de extinción concesional podrá iniciarse, por parte del Organismo de cuenca competente, a partir del 10 de octubre de 2021”, esto es, el próximo domingo.
“Analizando los próximos pasos”
“Se están estudiando las características de la concesión y analizando los próximos pasos en el procedimiento de extinción”, indica Transición Ecológica, que este jueves ha publicado en el BOE la prórroga de la licencia de la central nuclear de Ascó, en Tarragona.
Villalcampo se puso en servicio en 1949 y pertenece al sistema hidroeléctrico denominado “Saltos del Duero”, formado por los saltos de Aldeadávila y Saucelle, sobre el Duero, y el salto de Villarino, sobre el Tormes, en la provincia de Salamanca; en Zamora, comprende los saltos de Ricobayo (río Esla), el de Castro, sobre el Duero, y estos dos que caducan próximamente.
“Cada uno de estos aprovechamientos hidroeléctricos tiene una fecha de finalización de la concesión distinta. Así, el plazo de la concesión de aguas de Villacampo, primera en el tiempo en expirar su vigencia, terminará en 2024; y el plazo de Saucelle, que es la que tiene una fecha de vencimiento más lejana en el tiempo, en 2064”, recuerda el Ejecutivo.
En el caso de Ricobayo, objeto de un expediente informativo el pasado verano por el vaciado de ese embalse en plena escalada de precios, la concesión finaliza en diciembre de 2039. Data del 23 de agosto de 1926, pero se amplió en 1994. En 2019, El Confidencial reveló que Iberdrola, heredera de la concesionaria original, logró que el Gobierno de Felipe González le prorrogase el plazo gracias a unas obras de ampliación que le permitirán explotarla durante 114 años.
El Gobierno apuntó la pasada primavera que su idea para la concesión de Villalcampo era sacarla a concurso. Fue antes de la actual escalada de precios y de que, en agosto, Teresa Ribera abriera la puerta a la creación de una empresa pública que asuma las concesiones hidroeléctricas caducadas y cargara contra el “escandaloso” desembalse de Ricobayo. En septiembre, el presidente del Gobierno enfrió la opción de esa empresa pública.
“No forma parte del acuerdo de coalición”, recordó Pedro Sánchez en vísperas de aprobar el Real Decreto-Ley que ha puesto en pie de guerra al sector, que contempla un recorte temporal (hasta marzo) de su retribución que el Gobierno cifró en septiembre en 2.600 millones de euros, aunque, según las empresas, la minoración de ingresos es en realidad muy superior: con el precio del gas en los niveles actuales (la referencia del mercado ibérico Mibgas está por encima de los 100 euros), la cifra sería casi el doble, unos 5.000 millones.
Las eléctricas también rechazan un proyecto de ley para descontarles los ingresos extra que reciben por el efecto en el mercado mayorista de la subida del CO2, cuya cotización también se ha disparado este año y estas centrales no soportan. Este último texto, remitido al Congreso en agosto, les invita a renunciar a las concesiones hidroeléctricas si creen que no van a ser rentables cuando se aplique.
Sacar a concurso las concesiones, que en muchos casos datan de la dictadura franquista, es una de las opciones que se abren cuando estas caducan. En otros casos, las instalaciones han pasado a ser gestionadas por las respectivas confederaciones hidrográficas. Y otra opción es destruir las infraestructuras. En la actual legislatura, han vencido las concesiones de 21 presas, todas ellas de pequeña potencia, y en 12 de ellas se ha optado por ordenar la demolición a cargo del titular por motivos medioambientales.