El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha dejado en manos del Gobierno la decisión de privatizar el control de tránsito aéreo -de los aviones cuando están en tierra, antes de despegar y después de aterrizar- en siete aeropuertos españoles. Algunos de ellos, como Tenerife, Palma de Mallorca o Málaga, entre los de mayor tráfico turístico. Se trataría de la mayor privatización de la gestión del control aéreo en España desde 2010, cuando se inició la liberalización de este sector.
“Aena, desde principio de la liberalización del control del tráfico en fase aeroportuaria” considera que “la introducción de competencia ha sido una muy buena noticia, ha reducido los costes que se trasladan a las aerolíneas y a los pasajeros”, ha indicado Lucena en la presentación de resultados de la compañía de 2022.
Se han reducido, indica, las tasas que pagan las aerolíneas y, por tanto, que pagan los pasajeros al comprar los billetes sin afectar a “los estándares de seguridad” que “han sido los mismos”. “No ha habido un solo incidente. Desde el punto de vista de la calidad, cuanto menos ha sido igual de buena.. En algunos casos, mejor. La introducción de la competencia ha sido muy buena”, ha repetido.
La decisión final, asume, depende del Ejecutivo. “Nuestra opinión ha sido la misma desde hace 13 años. Como no puede ser de otra manera, somos respetuosos con la decisión del Gobierno, sea la que sea”. Y ha vuelto a recalcar: “Aena es absolutamente respetuosa con la decisión que tome el Gobierno”.
Actualmente, los controladores de las torres privatizadas hace una década están en huelga, para mejorar sus condiciones laborales, pero según el presidente de Aena, sin efecto sobre el servicio. “La huelga, cinco jornadas no han tenido una incidencia operativa, lo cual es una buena noticia, no tienen constreñido su derecho a la movilidad”, ha indicado Aena a los medios.
Sin consenso
La decisión depende del Gobierno, donde no hay consenso, y donde pesa el cambio en la secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras la dimisión de Isabel Pardo de Vera la pasada semana, tras la polémica de los trenes que no cabían por los túneles de Asturias y Cantabria.
A día de hoy, Transportes tiene en fase de información pública el “Proyecto de Orden por el que se determinan los aeropuertos gestionados por Aena para la selección de nuevos proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo”. de forma que las partes implicadas podrán dar su opinión hasta el próximo 10 de marzo.
Se trata de los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca.
Transportes, en ese proyecto de orden, apunta que “Aena deberá iniciar el procedimiento de selección de nuevos proveedores de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo” en “un plazo no superior a dieciocho meses”, lo que llevaría el procesimiento de privatización, al menos, hasta mediados de 2024.
Esta privatización no tiene consenso dentro del Ejecutivo. La Plataforma Sumar, que encabeza la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró en Twitter que “la privatización es incidir en un modelo de infraestructuras que ha fracasado: mayores costes para el usuario, precarización de las condiciones de las personas trabajadoras y pérdida de control de lo público”.
También los diputados de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, Antonia Jover y Lucía Muñoz, se han reunido en las últimas semanas con representantes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) para trasladar su rechazo a la nueva privatización.
Mayoral, en declaciones recogidas por Europa Press, indicó que esta propuesta “ha sido una sorpresa” para Unidas Podemos, grupo que no contempla que se puedan hacer privatizaciones en esta legislatura, pues “son medidas propias de otra época y que socavan el concepto de servicio público”. “Nos van a encontrar siempre enfrente de una medida así”, recalcó.
En paralelo, los grupos parlamentarios de Bildu, Esquerra Republicana y BNG han presentado esta semana en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley conjunta en la que instan al Gobierno de coalición a retirar esta propuesta de privatización. “Los aeropuertos que se propone liberalizar, en su servicio de control, son de alta complejidad operativa, abocando esta decisión a una situación de riesgo de deterioro de los servicios relacionados con la gestión del tráfico aéreo respecto al servicio actual prestado a través del personal de Enaire, cuyas prestaciones actuales cuentan con stándares de calidad reconocidos reiteradamente por los distintos organismos internacionales”, indica la iniciativa.
“Privatizar el servicio de control en aeropuertos de tan elevada complejidad supondrá una iniciativa sin precedentes cuya posible afectación a la seguridad aérea debiera considerarse detenidamente”, argumentan.
Resultados y revisión de cuentas
Lucena ha valorado la privatización de más torres al presentar los datos financieros de la compañía durante 2022. El gestor de aeropuertos cerró el año con un beneficio neto de 901,5 millones de euros, frente a las pérdidas de 475,4 millones de 2021.
Esos números rojos están ligados al cambio de la política contable que ha tenido que llevar a cabo Aena al imputar las rentas comerciales de los locales comerciales de los aeropuertos. En septiembre de 2021, el Congreso de los Diputados obligó a Aena a bajar los alquileres por las restricciones y el parón de los vuelos en la pandemia. Aena ya dijo que le iba a suponer una merma en los ingresos de entre 1.200 y 2.000 millones de euros en cinco años. Finalmente, ha asumido el golpe en los resultados de 2021, que cerró con esos números rojos de 475 millones.
Para este año es optimista en el tráfico aéreo y ha revisado al alza su estimación de tráfico de pasajeros para este año, hasta una horquilla de entre el 94% y el 104% sobre las cifras de 2019.