Las grandes eléctricas españolas reconocieron este martes su alivio ante la reforma eléctrica finalmente pactada en diciembre pasado por la UE con un acuerdo entre el Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea en la recta final de la presidencia europea de España.
Durante una jornada de debate organizada por el Real Instituto Elcano en la Fundación Botín, el más explícito fue Juan José Alba, director de Regulación de Endesa.
Alba explicó que cuando a finales de 2022, “en una situación de emergencia”, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, dio luz verde a esa reforma ante un mercado “roto” por la disparatada subida del gas, en los despachos de las grandes compañías del sector cundió el pánico ante las propuestas que empezaron a circular desde gobiernos, académicos y think tanks.
Según Alba, “algunas propuestas eran verdaderamente enloquecidas”. “Realmente, la sensación que había en la industria, y yo estoy muy activo en Eurelectric [la patronal europea], era: 'Dios mío, la que se nos viene encima'. Porque lo que esperábamos era una reforma devastadora que arramblara con todo lo que había y que empezara a sacar experimentos”. “A finales del año 2022 teníamos miedo de lo que iba a pasar”.
De hecho, el 10 de enero de 2023 España se descolgó presentando antes que el resto de sus socios europeos una propuesta de precios fijos para nuclear e hidráulica que evitara los denominados beneficios caídos del cielo y los “fallos de mercado” que había sacado a la luz la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.
La propuesta, tras el tope al gas, la conocida como excepción ibérica, y el impuesto al sector, suponía pasar a la ofensiva y puso en guardia al sector, que aseguró, a través de sus patronales, que podría “poner en peligro el libre mercado” y “asustar a los inversores”; que era “veneno” y una “expropiación” y que iba a provocar una fuga de inversiones a Estados Unidos.
Pero finalmente la sangre no llegó al río y la receta de España no se ha aplicado. En marzo de 2023 la Comisión Europea publicó su propuesta, que se alineaba con las propuestas de las empresas y que el directivo de Endesa calificó este martes de “muy razonable”.
La reforma finalmente pactada en diciembre persigue incentivar la inversión en capacidad de generación libre de emisiones, dotar de mayor flexibilidad (tanto de oferta como de demanda) al sistema eléctrico para lograr precios más estables e introducir medidas de protección de los consumidores. Pero, como señala un reciente estudio de Esade, “se queda corta en varios aspectos clave”.
En opinión del directivo de Endesa, la reforma pactada finalmente “confirma todo lo bueno que había en lo que teníamos”.
“La reforma ha terminado bien, se enfoca en el futuro y lo mejor de todo es que ha terminado”, señaló por su parte Patxi Calleja, director de Regulación de Iberdrola.
Su homólogo en Endesa recordó que “hemos pasado las dos crisis sin perder el suministro” y señaló que la reforma pactada en diciembre “lo que hace es cambiar el foco” y, de mirar “demasiado al mercado del corto plazo”, el precio diario, empieza “a mirar en los mercados a plazo, más largos”.
Por un lado, incentivando los contratos bilaterales a largo plazo de energía renovable o PPA, de los que España es líder europeo ya desde hace años. La reforma plantea que los Gobiernos los incentiven pero “a ninguno de los dos se les obliga a hacer nada”.
La otra vía son los llamados contratos con diferencias, mediante contratos organizados por los Estados a través de subastas como las que se hacen en España desde hace años (la última se quedó prácticamente desierta).
Según Alba, de las subastas que se han lanzado hasta ahora (las primeras las lanzó el PP), “si no me equivoco, no se ha construido nada, no ha habido ni un megavatio de generación que haya empezado a funcionar”, aun a riesgo de perder los avales depositados en su momento por los promotores. Los ganadores en esas subastas, según este directivo, han decidido ir al mercado en lugar de cobrar ese precio regulado.
El responsable de Regulación de Endesa insistió en que en España, el “gran problema” es la falta demanda, con el consumo eléctrico en mínimos de 20 años y dudas sobre si en 2024 llegará a la recuperación pese a la apuesta por la electrificación.
Alba señaló que hay ya potencia renovable solicitada para cumplir los objetivos que recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) “en muchos años”. Pero “la mayor parte de esa energía la vamos a tener que tirar” porque “no hay demanda”.
Una de las razones, “que no tenemos capacidad de red suficiente” para atender potenciales proyectos de grandes consumidores.
Su homólogo en Iberdrola consideró “fundamental” acelerar tramitaciones de parques y líneas de transmisión y reforzar la red para poder dar entrada a esos proyectos: por esos “retrasos”, afirmó Patxi Calleja, “no estamos dando accesos hoy a demanda industrial que ha solicitado accesos y estamos hablando de solicitudes por el 15 o 20% de la demanda eléctrica”.
El responsable de Regulación de Iberdrola reclamó “proteger” los PPAs para que no se vean afectados los precios pactados por medidas tomadas a posteriori, porque el consumidor industrial “tiene miedo” de que cambie su estructura de costes con las renovables que contrata.
En este punto coincidió Darío López, director general de Solaria, que lamentó la reintroducción este año de impuestos como el del 7% a la generación, que aseguró que es “una distorsión sobre contratos ya firmados con los que no contábamos” que “destroza totalmente los números”, pese a que la exención de ese tributo siempre fue una medida de carácter temporal.
Al igual que el responsable de Regulación de Iberdrola, el directivo de Solaria reclamó que se refuerce el almacenamiento y pidió aliviar la fiscalidad de la electricidad, que según Calleja soporta en España 60 figuras impositivas distintas. López también reclamó reforzar interconexiones porque sin ellas no puede haber un verdadero mercado europeo.
Pocas horas después de ese debate, la vicepresidenta Teresa Ribera reconocía en la sesión de control en el Senado que la reforma pactada en diciembre no tiene todo el alcance que le hubiera gustado al Gobierno de España.
España, recordó Ribera, aboga por una reforma integral que permita un desarrollo igual en los 27 Estados miembros de los mercados de almacenamiento, de la disponibilidad para poder aprovechar mejor las infraestructuras de transporte energético para dar continuidad y atractivo a las inversiones en energías renovables, “que no se vean volcadas o forzadas a verter aquello que no se consume en un determinado momento”.
“Nos hubiera gustado, en efecto, paliar ese efecto del mercado marginalista que retribuye al precio más alto”, reconoció la titular de Transición Ecológica, que afirmó que España ha hecho esto a través de medidas domésticas, como ha sido la reforma de la tarifa regulada, dando estabilidad a medio y largo plazo, incorporando la referencia al precio del mercado a plazo.
“Esto nos permite ver cómo España ofrece hoy unos precios a medio y largo plazo mucho más competitivos, mucho más bajos que los del resto de Europa”, subrayó Ribera.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.