El día que Ghita firmó su hipoteca hacía calor. Era julio de 2006 y ella iba ya por el noveno mes de embarazo de su primera hija. Su marido trabajaba en la construcción. El sector no daba muestras de enfriarse y el Gobierno recalentaba sus previsiones de crecimiento económico. Entró en una de las oficinas que su entidad bancaria tenía en Getafe. Le habían concedido una hipoteca de 192.000 euros para un pequeño piso, de menos de 50 metros cuadrados, tasado en más de 200.000. Este jueves, abrigada y bajo un cielo gris, volvió a recorrer el camino hasta el banco para reclamar que le condonen una deuda de 58.000 euros, con la que se quedó pese a perder la casa en 2012.
Ghita, que ahora cuenta 50 años, es unas de las miles de víctimas que dejó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una de tantas que no ha conseguido salir del laberinto financiero en el que quedaron atrapadas cientos de familias. En 2010, su marido perdió el empleo. Entre ese ejercicio y el anterior se destruyeron un millón y medio de puestos de trabajo en España. Esto coincidió con una subida de su cuota hipotecaria, hasta los 1.100 euros mensuales. “Cobraba 800 euros de paro, así que me acerqué al banco para negociar y ver si podíamos seguir pagando una cuota menor, pero nos dijeron que no se podía tocar”, recuerda la mujer.
Llegó la primera carta. La segunda. Luego todas las demás. Después, el desahucio. “El abogado de oficio solo nos dijo que teníamos que salir antes de que viniera la policía”, cuenta. Ya con tres niñas pequeñas, se pusieron a buscar un alquiler. El día del lanzamiento, el BBVA le ofreció un alquiler social en otro piso, que aceptaron. Era el 30 de junio de 2012 y, aunque algunas entidades bancarias ya habían empezado a aceptar la dación en pago, no fue el caso de Ghita, que lamenta arrastrar desde entonces una deuda que actualmente suma 58.000 euros, más otros 17.400 que le reclaman en concepto de intereses y costas.
Por el camino, el banco intentó echarla de nuevo, alegando impagos. Una excusa que Ghita pudo desmontar presentando las facturas. “Como les gané el juicio, vendieron la casa a un fondo, que me está reclamando otra vez los recibos y no quiere renovar el contrato, que termina en diciembre de 2025”, explica. Fuentes de la entidad indican que, “en 2014, se les hizo (a la familia) un alquiler social mediante el Fondo Social de Vivivendas (FSV), que se fue renovando hasta junio de 2021, el máximo por ley. Desde marzo del 2023, el inmueble se vendió a un tercero, por lo que no es propiedad de BBVA”
Este jueves, junto a un grupo de activistas de la PAH y el Sindicato de Inquilinas de Getafe y de Vallekas, Ghita ha vuelto a la oficina donde firmó su condena a pedir una oportunidad para seguir adelante, 13 años después. “Vivo como en una cárcel, atada de pies y manos. No puedo hacer nada, ni financiar el dentista para las niñas, ni cambiar la nevera. La condonación es la solución para volver a vivir como debe ser, como el resto de la gente. Nos están matando poco a poco, a mí y a mis hijas”, lamenta. Todas las niñas están a su cargo. Tienen 18, 16, 15 y 7 años.
Según una encuesta del Colegio de Registradores, en 2012 se anotaron 14.229 daciones en pago sobre inmuebles y se ejecutaron 38.976 desahucios, como el de Ghita, sin que las familias pudieran acogerse a esta figura. Para ella, salvarse de esa deuda, que el banco le concedió, pese a sobrepasar el 80% del valor de tasación del piso, supondría “volver a vivir”. También, recuperar el complemento de alimentación por familia numerosa de 200 euros que tiene embargado. “De Hacienda al juzgado y del juzgado, al banco para hacerles más ricos. Las ayudas van al banco, no a la gente”, denuncia.
El BBVA cerró 2024 con un beneficio neto “histórico” de 10.054 millones de euros, que suponen un aumento del 25,4% en euros corrientes frente a 2023. “La compañera tiene una deuda de 55.000 euros y le han embargado su complemento alimenticio. La hipoteca fue contratada en la burbuja, el banco ha recuperado el dinero con creces, porque se quedó con la casa y la ha vuelto a vender”, explicaba una activista de la PAH, ya dentro de la entidad.
“Trabajamos bajo cita, el lunes a las 12”, insistía una trabajadora del banco, que decía ser la directora de la sucursal. Pero en torno a una docena de personas se mantuvieron en la oficina. “El BBVA tiene que negociar”, reclamaban. Apenas unos minutos después, dos parejas de la policías se presentaron en la entidad. Ghita les contó su caso. “Queremos una reunión con la directora y con el departamento del BBVA que lleve deudas”, insistía. Los agentes hicieron salir a los activistas y la mujer quedó, asistida por una compañera, para hablar con los responsables de la entidad. Ya en la calle, un viandante preguntaba por lo ocurrido. “Si se han quedado la casa, ella no tiene porqué pagar nada. ¡No tienen derecho!”, respondía antes de seguir su camino.
Al salir, Ghita explica: “Pueden ver mis datos, pueden estudiar el caso. (Me han pedido) que aporte unos documentos del proceso judicial, informe de vulnerabilidad, nóminas, movimientos de cuenta bancaria y el lunes nos reciben”. Hubo más. “Van a hacer la averiguación de si sigue la deuda en el BBVA o la han vendido. En caso de que sea suya, hablaran con el departamento correspondiente, a ver qué pueden hacer”, indica una portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, que también reclamó a la entidad un nuevo alquiler social en el fondo de vivienda de la entidad. Fuentes del banco confirman que “hoy se le ha solicitado (a Ghita) más información sobre su situación actual para seguir estudiando su caso”.