La Comisión Europea no esconde la preocupación por la lentitud con la que los gobiernos están aplicando los planes de recuperación, que tienen agosto de 2026 como fecha límite para ejecutarse y, por tanto, recibir los más de 600.000 millones de euros presupuestados. Y le da en esta ocasión un tirón de orejas le llega de nuevo a España, que partió como alumno aventajado, pero que ha llegado con retraso al cuarto pago y no avanza en la ejecución de las medidas previstas para el quinto desembolso, entre ellas la reforma fiscal.
Así, en las recomendaciones económicas que el gobierno comunitario elabora cada primavera para los 27 estados miembros incluye en el caso de España la necesidad de “abordar los nuevos retrasos para permitir una aplicación continua, rápida y eficaz del plan de recuperación y recuperación y resiliencia, incluido el capítulo REPowerEU, garantizando la finalización de las reformas e inversiones antes de agosto de 2026”.
Entre las peticiones de Bruselas también está el refuerzo de la “capacidad administrativa para gestionar los fondos de la UE, acelerar las inversiones y mantener el impulso en la aplicación de las reformas”. El gran reto es que el dinero no se quede sin invertir porque en buena medida la Comisión Europea fía a la implementación del plan de recuperación el mantenimiento de la bonanza económica de la UE.
Bruselas autorizó la semana pasada el desembolso de cerca de 10.000 millones de euros correspondientes al cuarto desembolso. Se han quedado retenidos 158 millones por una de las medidas relacionadas con la digitalización de las pymes que no se ha puesto en marcha correctamente, pero el Gobierno tiene siete meses para subsanar los errores.
En todo caso, la evaluación ya se retrasó respecto al calendario inicialmente previsto para que diera tiempo a incluir la reforma del subsidio de desempleo, que fracasó en su aprobación en el Congreso desencadenando una negociación de Trabajo con los sindicatos.
Más capacidad de poner impuestos ambientales
Entre las reformas correspondientes al quinto pago -valorado en total en 7.500 millones- está la fiscal, que el Gobierno no ha puesto en marcha de forma integral todavía. Y es uno de los apuntes que hace la Comisión Europea en sus recomendaciones. “Las reformas fiscales deben ser una parte central de la estrategia de consolidación fiscal”, recoge el documento publicado este miércoles que recuerda que las reformas incluidas en el plan de recuperación y resistencia tienen por objeto modernizar el sistema fiscal, apoyar la transición ecológica, aumentar los ingresos y promover la equidad.
“España tendría margen para recaudar más ingresos fiscales relacionados con el medio ambiente”, señala específicamente el gobierno comunitario, que señala esos ingresos en el 1,5% del PIB en España frente al 2% agregado de la UE. Así, lo que recomienda Bruselas es que se aplique el principio de “quien contamina paga”.
Entre los deberes que Bruselas pone a España también está la necesidad de implementar los programas de cohesión y los técnicos comunitarios recuerdan que el PIB per cápita de ocho regiones españolas está por debajo del 75% de la media europea.
Otra de las advertencias que hace la Comisión Europea es la necesidad de “mejorar la gestión del agua para abordar mejor la adaptación a los efectos presentes y futuros del cambio climático y garantizar la resiliencia a largo plazo, mejorando la coordinación entre todos los niveles de gobierno y administración y ampliando las soluciones existentes para la gestión sostenible del agua en la agricultura, la eficiencia hídrica y las inversiones en infraestructuras”.