El Congreso se sacude la responsabilidad política en la crisis financiera: “Queda desmentida su influencia”

El Congreso de los Diputados ha puesto punto y final a más de año y medio de investigación sobre las causas de la crisis financiera. Una comisión por la que han pasado decenas de expertos, de directivos, de responsables políticos y de supervisores con papel destacado durante el periodo. El informe de las conclusiones muestra una severa crítica a los supervisores, especialmente el Banco de España, pero incluye otras lecturas sobre la crisis y la situación actual.

Uno de los aspectos que aborda el documento, y que ha provocado que Ciudadanos votara en contra, ha sido todo lo referente referente a la gobernanza de las cajas de ahorros y la influencia de los partidos políticos en los consejos de administración de éstas. El documento desliza en un largo apartado que “queda desmentida la influencia política como causa explicativa del mayor impacto de la crisis de las cajas de ahorro”.

“Si bien la preparación y capacidad de los miembros de los órganos de gobierno puede resultar relevante para la buena marcha de las entidades, dado que son los responsables últimos en las tareas de control, esta relación no implica que la potestad de determinadas instituciones públicas en el nombramiento directo de consejeros sea negativa de por sí, aunque lo fuera en casos concretos”, reza el texto.

En concreto, el informe de conclusiones de las causas de la crisis financiera subraya que “son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares”. “Son las personas que toman de manera efectiva las decisiones últimas en relación a la gestión en el seno de las diferentes entidades las máximas responsables de la crisis”, apunta el documento, que se ha aprobado principalmente con el voto a favor del PP y PSOE, mientras que Unidos Podemos y Compromís se han abstenido y Ciudadanos ha votado en contra.

Así, el documento culpa a la intención de mejorar los resultados de estas entidades, que llevó a la asunción elevada de riesgos en materia de créditos hipotecarios, así como el establecimiento de sistemas de remuneración e incentivos ligados a la consecución de objetivos, “que promueve una visión cortoplacista de la gestión y un abandono de la toma en consideración de otros criterios relacionados con la asunción de riesgos, la ética o la propia sostenibilidad del sistema”.

Además, frente a la lectura general que se ha hecho sobre la crisis financiera señalando la responsabilidad de las cajas de ahorros sobre los bancos, el informe del Congreso lo matiza. Asegura que éstos también tomaron decisiones de asunción de riesgos basadas en las “malas prácticas” con el objetivo de entrar a competir con las cajas en su principal negocio, las hipotecas.

Crítica al modelo de supervisión europea

Entre otros puntos, destaca la utilización del caso del Banco Popular para deslizar una importante crítica por parte del Congreso de los Diputados hacia el modelo de supervisión bancaria europea basada en los exámenes de los test de estrés, así como a instituciones como la Junta Única de Resolución, a la que critica por falta de transparencia.

Banco Popular fue la primera entidad resuelta según la normativa comunitaria. En este sentido, el informe del Congreso subraya la situación viciada del balance del banco por su alta exposición al sistema financiero y su posición de solvencia y rentabilidad. Sin embargo, subraya que “fue capaz de pasar numerosos test de estrés, de realizar dos ampliaciones de capital y de colocar en el mercado un volumen importante de bonos contingentes convertibles”. Esto significa, prosigue, “superó pruebas regulatorias y pruebas de mercado sin problemas aparentes y, de repente, se manifestó como un banco con problemas graves de gestión que venían arrastrándose en el tiempo”.

El informe asegura que esto merece “una seria reflexión” sobre la eficacia del modelo de “visión a futuro” del Mecanismo Único de Supervisión, que vigila a las entidades sistémicas en Europa. Para analizar este caso, se basa en las palabras del ex director general del Banco de España, Juan de Frutos, que aseguró en su comparecencia “para que vas a mirar al futuro si no sabes cuál es el presente”, apuntó. “Todos los modelos de test de estrés no sirven para nada (...) el banco que va mal ocupa sus problemas”, subrayó.  Así, concluye el Congreso, la supervisión debe basarse en la calidad de activos. 

Además, siguiendo con el caso del Banco Popular, el documento asegura que la comisión “tuvo oportunidad de comprobar que el tono general alrededor de la resolución, la motivación de su inicio, su proceso, la decisión y el período posterior han estado regidos por una falta total de transparencia e información”. Así, subraya que el Banco de España no pudo dar todos los datos porque el BCE no le dio permiso y que la presidenta de la Junta Única de Resolución, “se negó a dar una respuesta clara”. “El principio de transparencia debería primar, para dar respuesta a la aún incomprensible resolución de la sexta entidad financiera más grande de España de la noche a la mañana”, subraya el congreso.

Se pudo hacer más

Otro de los mensajes que desliza el documento es que se pudo hacer más para evitar la debacle del sector financiero. En concreto, critica que responsables de organismos  supervisores como Jaime Caruana, Miguel Ángel Fernández Ordoñez o el exministro de Economía Pedro Solbes, aseguraran que “se hizo lo que se pudo”. 

A este respecto, el informe puntualiza que “existían herramientas de intervención que no fueron empleadas o lo fueron de una manera laxa, lo que invalida la argumentación expuesta por estos altos cargos”. Para llegar a esa conclusión se basa en declaraciones de distintos inspectores del Banco de España que aseguraron que había “soporte jurídico” para intervenir.

En este sentido, apuntan que se podría haber obligado a aportar más al Fondo de Garantía de Depósitos, obligar a aumentar las reservas, controlar el porcentaje del valor del inmueble que se daba en hipoteca, o imponer coeficientes de liquidez distintos. “Se debió frenar la irresponsable política de gestión del suelo y de promoción inmobiliaria a escala municipal, porque lejos de responder a principios de competencia e idoneidad favorecía la especulación”, apunta el documento.

Por último, el documento subraya que algunas de las medidas que sí se tomaron fueron erróneas. Es el caso de los conocidos como SIP, que era la herramienta para fusionar antiguas cajas de ahorros en problemas, como el caso de Bankia en el que se señala que la ley “alentó” que se produjera. Este sistema estaba ideado para unir cajas problemáticas con el objetivo de dar una única entidad que tuviera una mayor fortaleza para asumir las exigencias regulatorias. “Los SIP no tuvieron el éxito deseado, pero a su vez comprometieron recursos públicos y supusieron una pérdida de tiempo que incidió en el empeoramiento de la situación de las entidades”, concluye el escrito.