Por qué las empresas no han pedido miles de millones en ayudas directas por la crisis de la COVID
Durante meses, las “ayudas directas” fueron una reclamación constante de las empresas. Especialmente de los hosteleros, por los estragos que estaban sufriendo por las restricciones derivadas de la pandemia. Hasta hubo manifestaciones con ataúdes que advertían de la asfixia mortal que afrontaban muchos negocios. El Gobierno aprobó en marzo las ayudas para pymes y autónomos, por valor de 7.000 millones de euros a repartir entre las Comunidades Autónomas. En un inicio, las críticas apuntaron a la tardanza en abrir las convocatorias, pero en las últimas semanas la alerta es otra: miles de fondos no han sido reclamados. “Más de la mitad”, aseguran las organizaciones de autónomos ATA, UATAE y UPTA, con grandes diferencias por Comunidades.
Los tres colectivos de autónomos han dado las alarmas ante la posibilidad de que gran parte de estos fondos caiga en saco roto. Las asociaciones defienden que, en sus recuentos informales hasta final de verano, con la información facilitada por las Comunidades, “se van a quedar sin ejecutar más de la mitad de los fondos”, concretan en ATA.
UATAE y UPTA cifraban que en julio estaba sin solicitar el 60% de los fondos. “Desde entonces han aumentado un poco las solicitudes, pero no mucho”, advierte Eduardo Abad, presidente de UPTA. La organización elaboró en verano una tabla, de la que informó la Cadena Ser, que alertaba que algunas comunidades habían recibido solicitudes por menos de un 20% de su presupuesto adjudicado, como Asturias, Cantabria, Catalunya y Murcia.
elDiario.es ha consultado al Ministerio de Economía sobre cómo avanzan las solicitudes de estas ayudas, que tramitan las Comunidades, pero no ha obtenido respuesta. “Hay algunas Comunidades que nos han anunciado que van a terminar de ejecutarlas en breve y otras van más rezagadas”, se limitaba a responder este miércoles en una entrevista la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La responsable económica del Gobierno ha comunicado, no obstante, un anuncio: su petición a Bruselas de ampliar el plazo para conceder estas ayudas, que se sitúa ahora en el 31 de diciembre.
Las causas: de los requisitos al retraso en las ayudas
¿Cómo es posible que se hayan quedado miles de millones sin reclamar? Es la pregunta que afrontan en estas semanas los colectivos de autónomos y hosteleros, que reclamaron con ahínco la necesidad de estas ayudas directas. Las razones, apuntan, son variadas.
La crítica más frecuente apunta a los requisitos para poder acceder a las ayudas, que en opinión de las organizaciones de autónomos son “muy restrictivos”. El factor más denostado es que la ayuda solo se pueda dedicar a saldar deudas contraídas, por ejemplo con proveedores o préstamos, así como a gastos fijos pendientes de pago, como el alquiler, hipotecas, facturas de luz, etc.
“El decreto beneficia al moroso”, denuncia Lorenzo Amor, de ATA. “Los autónomos hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y muchos han pagado a los proveedores tirando de sus ahorros o de financiación no bancaria, por ejemplo a través del préstamo de un familiar. En estos casos, no se tiene derecho a la ayuda aunque ese autónomo se ha descapitalizado. Se han quedado en una mala situación debido a la pandemia”, señala Eduardo Abad, de UPTA. Para Vicente Pizcueta, portavoz de la federación de ocio nocturno España de Noche, este requisito ha sido una “maniobra” dirigida a empresas que hubiesen pedido un crédito ICO y necesitaran amortizarlo. “Al final todo esto beneficia a los grandes del sistema financiero. Porque no es que hayamos facturado menos, es que hemos tenido que poner de nuestro bolsillo para mantener viva la empresa: alquileres, cotizaciones sociales, recibos de suministros...”.
Sabi Palacios, propietario del famoso Moloko Sound Club del barrio madrileño de Malasaña, solicitó y ha recibido la ayuda, que solo ha podido dedicar a devolver parte de los créditos ICO que pidió. “El dinero que dan es insuficiente. Tuve que pedir dos créditos ICO ante las restricciones que hemos vivido con el ocio nocturno, y solo he podido pagar parte de los créditos. Yo tenía una empresa solvente, durante 23 años, sin deudas ni nada y las ayudas pensaba que eran para empezar de cero respecto a antes de la pandemia”, considera.
Otro de los motivos del fracaso que anotan desde España de Noche es la obligación de haber dado beneficios en 2019. Aunque la intención del Gobierno era evitar subvencionar a empresas no viables —las que más tarde se denominaron 'empresas zombies'—, que una compañía declarara pérdidas el año anterior a la pandemia no implica necesariamente que lo fuera. “¿Y si he hecho una inversión o una remodelación?”, añade Pizcueta. “Eso le ha pasado a varios tablaos flamencos que conozco. Arreglaron el local, dieron pérdidas y no pudieron pedir ayudas por ser consideradas inviables”.
La tercera barrera importante en los requisitos pasa por excluir a aquellas compañías con deudas con Hacienda y la Seguridad Social. “No entendemos por qué, con la situación de estrangulamiento económico que ha habido, estos fondos no se pueden acoger al pago de la deuda con la Agencia Tributaria y la propia Administración”, señalan en UPTA.
Cuando se trata de subvenciones, a los pequeños empresarios o se lo pones muy sencillo o se convierte en pesadilla
La falta de recursos de muchas empresas y de información implican otra ‘piedra’, especialmente para las empresas más pequeñas. Las pymes suponen en España más del 95% del tejido productivo y las que tienen menos de 10 trabajadores alcanzan el 86% de total, 1,1 millones de compañías, según los registros de la Seguridad Social. “Nosotras la verdad que no entendemos y lo dejamos en manos de la gestoría”, explican las responsables de un pequeño comercio de ropa de niños en Andalucía. “Nos dijeron que como tributamos por módulos que no podíamos demostrar las pérdidas. Así que nada, que no nos tocaba nada”, responde una de las propietarias de la tienda. Las ayudas también están previstas para quienes aporten a través del régimen de estimación objetiva, según recoge el decreto del Gobierno.
“Van destinadas a pymes, no a grandes empresas. Cuando se trata de subvenciones, a los autónomos o pequeños empresarios o se lo pones muy sencillo o se convierte en una especie de pesadilla”, añade José Antonio Aparicio, presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor de Madrid. “Te piden tropecientos papeles, como nóminas o estar al corriente de las deudas, que en muchos casos se pueden comprobar internamente en la Administración. El hostelero puede acudir a una asesoría, que le va a cobrar unos honorarios, o desiste y no lo pide”.
Que las ayudas se aprobaran en marzo, un año después del comienzo de la pandemia, también ha hecho mella en las peticiones. “La gente no entiende que a estas alturas se esté hablando de por qué no llegan las subvenciones. Ya ha pasado un año y medio de pandemia. El problema de base es que los tiempos en la economía real y en la administración son muy distintos”, sostiene Aparicio. Durante este tiempo, ha habido pymes que ya han cerrado y otras a las que, por el contrario, ha ido muy bien. “Es un sector dispar, pero sí: hay bares, como los que tienen grandes terrazas en parques, que han vendido más que nunca”, añade José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España. “Es una minoría, la mayoría hemos tenido limitación de aforos”.
“Nuestra impresión es que la hostelería ha tenido una recuperación tremenda en los últimos meses”, coincide Gonzalo Fuentes, responsable del sector de CCOO. “Con diferencias de territorios”, matiza, “pero en Málaga donde estoy los bares tienen más gente que antes de la pandemia, solo hay que mirar las terrazas”. Fuentes considera que “hay hosteleros que lloraron más de la cuenta” y recuerda que los meses más duros de la pandemia fueron acompañados de medidas fundamentales, como los ERTE, que aliviaron a las compañías de los costes laborales.
Qué hay de las pérdidas de dinero 'en b'
El elefante en la habitación es una expresión que trata de ilustrar aquellas verdades obvias y evidentes que, sin embargo, tratan de eludirse. La economía sumergida y los pagos en 'b' en muchos negocios es uno de estos elefantes de los que nadie habla en público, pero que se reconocen en privado. “En la hostelería hay mucha economía sumergida y eso se ha visto por ejemplo del lado de los trabajadores en los ERTE. Gente que iba a las colas para pedir alimentos porque decían que el ERTE era de muy poco dinero porque cobraban parte del salario en B. O que ni siquiera tenían derecho porque cobraban todo en negro”, explica Gonzalo Fuentes, de CCOO.
Las pérdidas en la economía sumergida de los negocios, aquellas que no han podido justificar en los balances de cuentas, también son un factor que ha podido explicar que algunos negocios se quedaran fuera de las ayudas. Aunque, como bien indica su nombre, este dinero permanece en la sombra y no hay datos para medir en qué magnitud ha podido contribuir a que algunos negocios no hayan solicitado los fondos. Desde los colectivos de autónomos y empresas dicen que no representa un obstáculo relevante.
“Esto de la economía sumergida puede haber afectado, pero no hay datos”, dice Pizcueta. “En las comunidades en las que el sector del ocio nocturno crecía antes de la pandemia, en Madrid, Catalunya o la Comunitat Valenciana, la administración nos mira con recelo. Hacemos autocrítica, pero no creo que este asunto nos haya penalizado especialmente”. Yzuel, de Hostelería de España, también defiende que las cuentas en B son “de un sector minoritario”.
Soluciones, más allá de ampliar el plazo
¿Quién es el responsable de estos “obstáculos” para acceder a las ayudas? Y, sobre todo, ¿quién los puede solucionar? Los criterios generales para beneficiarse de los fondos están regulados en el decreto que aprobó el Gobierno central, aunque las Comunidades Autónomas han sido las encargadas de detallar la letra pequeña de las convocatorias. Por ejemplo, las autonomías podían ampliar sectores beneficiarios de los recursos y regular excepciones para que empresas con pérdidas en 2019 se acogieran a los fondos. El Gobierno central rebota las culpas a las Comunidades y en los gobiernos regionales hacen lo propio con la Moncloa.
El presidente Pedro Sánchez, por ejemplo, acudió a un acto en Andalucía y llamó al Gobierno del PP de Juanma Moreno a “ponerse las pilas” para adjudicar los más de 1.000 millones en ayudas que tiene asignados. Sánchez acusó a la Junta de tener los fondos “prácticamente inejecutados”, con la adjudicación solo de 50 millones. En la Junta de Andalucía respondieron que están tramitando ya “más de 200 millones” de ayudas directas, pero atacaron al Ejecutivo central por unos requisitos de acceso para las empresas “imposibles”.
El presidente de UPTA señala que las enormes diferencias por territorios hacen pensar en que algunos gobiernos regionales han hecho mejor los deberes que otros. Eduardo Abad subraya que Asturias había tramitado solicitudes por menos de un 5% de los fondos en julio, según sus datos, mientras que en Castilla-La Mancha se habían pedido el 70% del presupuesto asignado. En la actualidad, desde la Junta que dirige Emiliano García-Page explican que las solicitudes han llegado a superar los fondos asignados. Se han solicitado “5.920 ayudas” por un total de “236 millones” de euros, cuando el presupuesto es de 206, recuerdan.
La Comunidad de Madrid ha abonado ya “384,1 millones (el 56,5%) de los 679 millones de euros de los fondos”, explican en el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Las partidas asignadas se corresponden a casi 21.000 expedientes, a los que hay que sumar “15.000 solicitudes restantes” aún en tramitación, indican, “muchas de las cuales a la espera de la información que la Agencia Tributaria tiene que facilitar”. El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se remitió a la vicepresidenta Nadia Calviño para reclamar criterios menos “exigentes” ya que transcurridas varias semanas desde la publicación de su convocatoria comprobaron que el número de solicitudes era “mucho menor del esperado”. Los últimos datos de julio ascienden a 10.660 solicitudes.
Las organizaciones de autónomos celebran que se amplíen los plazos para pedir las ayudas, pero creen que hay que eliminar los criterios que han excluido de la financiación a negocios con dificultades. Fuentes gubernamentales recuerdan en cualquier caso la necesidad de ser “muy cuidadosos” en el reparto de fondos públicos, ya que se trata de “una ayuda a fondo perdido”, que las empresas no tienen que devolver.
En UATAE llevan semanas pidiendo que, para evitar que los fondos se pierdan, sería necesario rediseñar las ayudas. Su secretaria general, María José Landaburu, ha hecho un llamamiento para que “se relancen con nuevas convocatorias, esta vez orientadas estratégicamente para que la recuperación llegue a todas y todos los autónomos y mejore su competitividad”. Miles de millones de euros que se pueden dedicar en su opinión “a preparar a los autónomos y pymes para los retos de la digitalización, la adaptación energética, la transición ecológica, la economía circular, los planes de igualdad y conciliación o la salud laboral y la mejora de prevención de riesgos laborales”.
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