El presidente de ACS Florentino Pérez ha enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que le pide imputar a Iberdrola por el encargo que su filial de Renovables habría hecho al comisario jubilado José Manuel Villarejo con el proyecto 'Wind' al considerar que esta última “únicamente sirve de correa de transmisión de las decisiones tomadas en la matriz”.
El abogado de Pérez responde con este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, a un auto del pasado 25 de junio donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la situación procesal que Iberdrola debe ostentar en esta pieza separada de la macrocausa 'Tándem' (la 17) como persona jurídica.
Pérez entiende que “se salvaguardan de manera más efectiva los derechos procesales de Iberdrola SA y el Grupo Iberdrola con el llamamiento al proceso en condición de investigada/o para un ejercicio pleno de su derecho de defensa”, pidiendo a García-Castellón que traslade esta posición al Ministerio Público y que, en su caso, sea acogida por el propio instructor.
El también presidente del Real Madrid esgrime que “Iberdrola SA es la matriz que controla al 100% su filial Iberdrola Renovables Energía SA, por lo que ostenta una posición de garante sobre la misma”.
A modo de ejemplo, recuerda que la imputación de Bankia en su momento “conllevó de forma automática la imputación penal de su matriz Banco Financiero y de Ahorros Tenedora de Acciones S.A.U., que desarrolla su actividad financiera indirectamente a través de Bankia y que no era más que una tenedora de acciones”.
En este sentido, recalca que “es el Grupo Iberdrola el que viene manteniendo relaciones contractuales a lo largo del tiempo con el señor Villarejo y el Grupo Cenyt (la red empresarial del policía retirado”). Así, afirma que “es el Grupo Iberdrola el que contrata a través de Iberdrola Renovables Energía, que únicamente sirve de correa de transmisión de las decisiones tomadas en la matriz”.
En concreto, se refiere al proyecto 'Wind'. El encargo a Villarejo, que entonces seguía como policía en activo, habría sido investigar a una empresa suiza con la que la eléctrica española se alió para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía y con la que surgieron conflictos.
Destaca además que es el entonces jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, quien llevaría a cabo las contrataciones, apostillando que “existen indicios de que las instrucciones para dicha contratación provienen de directivos de Iberdrola SA --investigados en la presente causa--”, lo cual permitiría encuadrarlos como “administradores de hecho”, conforme al Código Penal vigente hasta 2015, y como personas con “facultades de organización y control”, según la redacción actual.
Con todo, sostiene que “existen (...) determinados indicios que pudieran generar una posible responsabilidad penal para Iberdrola SA”, de la que a su vez --alerta-- pueden derivarse “consecuencias accesorias” negativas, “al ser el delito de cohecho un delito por el que se permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas”.
Hechos prescritos
Pérez también se pronuncia sobre otra de las cuestiones en las que García-Castellón pide opinión a Fiscalía, esto es, acerca de la posibilidad de archivar los hechos denunciados mediante querella en un juzgado de instrucción de Bilbao, actualmente incluidos en la presente causa, referidos al que fuera director de Control de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, que comunicó irregularidades a raíz de otro supuesto encargo de Iberdrola a Villarejo: 'Arrow'.
En este punto, el presidente de ACS aboga por dar carpetazo a este asunto, aduciendo que los hechos estarían prescritos porque habrían tenido lugar en 2004 y la querella se formuló en 2020. De acuerdo con sus cálculos, habrían pasado más de 16 años, cuando la posible responsabilidad penal expira a los cinco.
En cuanto a la existencia de un posible conflicto de intereses, “ante la voluntad puesta de manifiesto por Iberdrola de actuar como acusación frente a quien podría ser uno de los testigos claves para sostener la acusación”, Del Olmo, el escrito defiende que el pretendido archivo acabaría con este dilema.
No obstante, apunta como alternativa al archivo que García-Castellón abra otra una pieza separada “en el caso de que Iberdrola SA quisiera dirigir el procedimiento contra el señor Del Olmo por su actuación como testigo en la presente pieza separada, y no por un presunto delito de falsedad que hace años que estaría prescrito”.
“Se trata de un remedio práctico y eficaz” que permitiría “simplificar y agilizar el procedimiento”, puesto que “estos hechos presentan mucha menor complejidad que los que se investigan en relación con las contrataciones de Iberdrola”, razona. Y añade que “sería ir contra actos propios que ahora la misma representación procesal se opusiera a la creación de una pieza separada con respecto a hechos que ha combatido enérgicamente que fueran conexos”.