El Gobierno teme más complicaciones judiciales del caso de corrupción de la armamentística Defex, actualmente en proceso de liquidación tras un escándalo de comisiones irregulares en Angola.
El pasado jueves, el consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) celebró una reunión extraordinaria en la que se acordó cesar a la hasta entonces administradora única de Cofivacasa, la sociedad instrumental del hólding público que administra las liquidaciones de sus empresas, como es el caso de Defex desde octubre.
Así lo confirman fuentes de SEPI, que añaden que el organismo ha decidido sustituir a la hasta ahora responsable de Cofivacasa, la economista Matilde Galván (que se incorpora a la Fundación del hólding público), por un joven abogado del Estado, Francisco Javier Loriente.
Con Loriente convertido a partir de ahora en el encargado de administrar la liquidación ordenada de los activos y pasivos de Defex, fuentes conocedoras del proceso creen que el movimiento ilustra la preocupación del Ejecutivo porque el horizonte judicial de este caso se complique aún más.
SEPI ya tuvo sobre la mesa el nombramiento como liquidador de Defex del anterior secretario del consejo de esta empresa, el también abogado del Estado Jesús Moreno, que se incorporó después del estallido del escándalo en 2014. Sin embargo, la designación de Moreno fue finalmente desechada.
La liquidación de Defex fue definida hace unos meses por el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, como “una especie de pena de muerte de la persona jurídica” que es Defex, como consecuencia de su imputación como tal en la Audiencia Nacional. Puede demorarse durante años, mientras se culminan los contratos que ya tenía suscritos la empresa, que en 2016 presumió de unos resultados “muy satisfactorios”.
El relevo ordenado por SEPI se produce en vísperas de que previsiblemente este verano la Audiencia Nacional dicte la apertura de juicio oral para la primera pieza del caso, el supuesto fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de 152,9 millones de euros.
El caso, que ha salpicado incluso a una empresa del Ibex, la Socimi Merlin (su presidente ejecutivo, Ismael Moreno, está imputado por blanqueo de capitales), implica fundamentalmente al que fuera presidente de Defex durante 20 años, José Ignacio Encinas Charro, y al exdirectivo y coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe.
Otras personas clave de la trama son la asesora financiera Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa; o Juan Carlos Cueto, de la firma Comercial Cueto, que intermedió en el contrato en Angola. Según la SER, estas dos personas y el propio Encinas Charro conocen la identidad del principal comisionista de la trama, apodado el “kin” o “rey” del entramado, pero se han negado a desvelarla porque, según declaró Encinas ante el juez, eso son “palabras mayores”.
Más operaciones
Las actuaciones judiciales sobre Defex previsiblemente no se quedarán en las actuaciones de la empresa en Angola, ya que se están investigando más operaciones sospechosas en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y Brasil. De momento, el proceso judicial no ha afectado a los accionistas privados de Defex, que tienen un 49% de las acciones y entre los que destaca la empresa Maxam con un 21,78% a través de dos sociedades. Según informaba Expansión este lunes, el socio minoritario de Maxam, el fondo británico Advent, ha reactivado la venta de su 45% en la empresa, por el que espera ingresar unos 700 millones de euros.
Maxam tiene varios vínculos con personas muy cercanas al rey Juan Carlos I. El presidente de su filial Expal (dueña de un 10,89% de Defex) y antiguo consejero en Defex es Francisco Torrente, ex jefe del Estado Mayor de la Armada y muy próximo al monarca y presidente de la otra filial. Y en Expal es consejero José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao e íntimo amigo del rey emérito, del que fue abogado personal durante 20 años. Romero Moreno también está vinculado a Maxam como patrono de su fundación.
Otro de los accionistas privados de Defex es Instalaza, a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés.
A partir de ahora la actividad de Defex va a depender de la Oficina de Apoyo Exterior (Oficaex), dependiente del Ministerio de Defensa y, a diferencia de Defex, sin socios privados. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue consejera de Defex entre julio de 2002 y febrero de 2003, cuando era subsecretaria de Administraciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar. El caso Defex permitió tirar del hilo que destapó otro escándalo de corrupción en una empresa pública en Angola, Mercasa, en el que está imputado José Herrero de Egaña y López del Hierro, sobrino de Cospedal.