Los agentes sociales recelan del optimismo económico del Ejecutivo de Mariano Rajoy para unos presupuestos con objetivo electoral. El Gobierno fía a unos ingresos tributarios de 210.015 millones de euros en 2018, los mejores de la historia, un 4,5% superiores a los de 2017 pero un 6% mayores frente a lo finalmente recaudado el pasado año, la posibilidad de cuadrar un presupuesto que prevé, entre otras cosas, rebajas de IRPF y subidas de pensiones y de sueldo para los funcionarios. Y todo ello, reduciendo el déficit público al 2,2% del PIB y saliendo del protocolo de déficit excesivo de Bruselas. Las elecciones municipales y autonómicas de 2019 se han cruzado en el camino presupuestario.
Una cuadratura del círculo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trató de resolver aludiendo “a la creación de empleo y al incremento de la recaudación” que van a suponer las cifras macroeconómicas que presentó con antelación su homólogo en Economía, Román Escolano, para 2018: crecimiento del PIB del 2,7%, creación de “475.00 nuevos empleos” hasta alcanzar la cifra de “19,473 millones de ocupados” e inflación del 1,5% basados en el tirón de la demanda interna y las exportaciones.
Montoro, apuesta a que la recaudación por IRPF aumentará un 6,5% este año, hasta los 82.056 millones de euros, a pesar de elevar de 12.000 a 14.000 euros el mínimo exento o de conceder nuevas deducciones por gastos de guardería o cónyuges por discapacidad. Además, el ministro de Hacienda defiende que el impuesto de Sociedades crecerá un 4,8% (24.258 millones), la recaudación por el IVA subirá un 5,6% (71.575 millones) y los Impuestos Especiales se incrementarán en un del 6,4% (21.612 millones de euros).
El problema del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que solo ellos se creen estas cifras. La patronal CEOE no tuvo reparos en señalar “un claro sesgo de momento político” en unos presupuestos que están basados en un incremento del gasto apoyado en una “sobreestimación de las previsiones de ingresos” que no se corresponde con el repunte esperado del crecimiento económico.
Aunque Escolano insistió en el “escenario prudente” para dibujar el marco de las cuentas públicas “siguiendo la senda de consolidación presupuestaria”, los empresarios apuntan al carácter “expansivo” en la vertiente de los gastos que argumenta en “el aumento de las transferencias a las comunidades autónomas, junto el incremento de las pensiones y la senda de crecimiento pactada para los salarios del personal del sector público y otros colectivos, son una señal del fin del ajuste de la política presupuestaria”.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno y apuntó que “la senda de crecimiento prevista para 2018 se considera prudente y su composición verosímil”, aunque rebajó la visión triunfal del Ejecutivo apuntando a una “evolución contenida tanto del consumo público como del privado” y que “la demanda externa consolida su aportación positiva moderada”.
En el terreno de los ingresos, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticaron el “optimismo deliberado” del Gobierno con previsión de ingresos tributarios “sobrestimada”, teniendo en cuenta la rebaja del IRPF de unos 2.000 millones. Los técnicos de Hacienda no entienden que con esta reducción de impuestos se supere en un 6,5% la recaudación de 77.038 millones de euros en 2017.
“Las cuentas no cuadran”
“Las cuentas no cuadran”, apuntaron desde Gestha, que han recordado que el “agujero” en la recaudación tributaria del pasado año fue de 7.000 millones sobre los ingresos presupuestados. El sindicato además pone en duda que la rebaja fiscal se convierta en un multiplicador del crecimiento del PIB cuando la merma por la reforma fiscal entre los años 2015 y 2016 ha supuesto un recorte del PIB de un 0,55% y un 0,58%, respectivamente.
A esta crítica se une que la recaudación por fraude fiscal se ha estancado en los dos últimos años. En 2017, se redujo un 0,61%, lo que supuso una caída ligera hasta los 14.792 millones de euros.
Los sindicatos recalcaron los problemas estructurales de las fuentes de ingresos y la necesidad de hacer una reforma fiscal integral. Desde Comisiones Obreras se apuntó que este proyecto incluye medidas “parciales y limitadas en el tiempo” que tratan de responder a las movilizaciones de pensionistas. El sindicato considera que la bajada de impuestos no soluciona el empobrecimiento que sufren las clases medias y bajas y ha denunciado que no se ha anunciado medida complementaria alguna que permita mejorar la recaudación fiscal.
Desde UGT calificaron el proyectos de cuentas públicas como “otra oportunidad perdida”, a la vez que han reclamado una reforma fiscal integral, que actúe sobre todas las figuras tributarias y tenga como eje central el nivel de renta de la población contribuyente.
En otro sentido se posicionó el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, que puso el acento en que aunque el gobierno prevé que “la economía española crecerá un 2,7%, el gasto social va a crecer en 1,1%, es decir, tres veces menos. Esto consagra que el gobierno del PP está empeñado en que el gasto público en España se vaya reduciendo paulatinamente en términos del PIB hasta que sea el 38%, como han señalado ya en el plan de estabilidad enviado a Bruselas”.
La portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Irene Montero, apuntó: “No sabemos en qué bolsillo se está quedando (el crecimiento económico), pero no está llegando a los bolsillos de la gente”, subrayando que “es necesario, posible y viable revertir los recortes” y que “la lógica presupuestaria se debería articular sobre base mínima de ingresos”.