Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han exigido al Gobierno que amplíe su propuesta para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en el marco de la Mesa de Diálogo Social de Calidad de Empleo. El Ministerio de Empleo apuesta por “la transparencia salarial” a través de auditorías salariales en las empresas de más de 250 empleados, entre otras medidas que figuran en el borrador al que tuvo acceso la agencia EFE. Las organizaciones de trabajadores consideran, sin embargo, que esta medida se queda corta y debe ampliarse a empresas de menor tamaño.
Tras la reunión mantenida este miércoles en el Ministerio de Empleo, Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, ha explicado que desde el sindicato consideran que esta propuesta “no va a resolver el problema de brecha salarial que tenemos en nuestro país”. Entienden que “en las empresas de mayor tamaño, donde la actividad sindical es mayor, la brecha salarial tiene mayor control. Donde no hay ningún control es en las empresas de mayor de 25 trabajadores, en las que de verdad se está produciendo esa desigualdad tan tremenda que tenemos”.
Por ello, UGT ha trasladado la propuesta de que se amplíe las medidas del Gobierno a las empresas a partir de 25 trabajadores. Por su parte, CCOO no ha querido precisar una cifra concreta de empleados pero sí respalda la intención de ampliar las exigencias en materia de igualdad salarial a empresas más pequeñas.
El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha sido el encargado de plantear las propuestas del Gobierno. Mucho más optimista, Riesgo ha valorado ante los medios como “muy positiva” la reunión con la patronal y los sindicatos. El secretario de Estado ha asegurado que el Gobierno está abierto a valorar la ampliación que exigen UGT y CCOO, aunque ha subrayado que la propuesta para las empresas a partir de 250 empleados se basan en las recomendaciones “de la Comisión Europea”.
La postura del Gobierno en el Congreso de los Diputados este mismo miércoles ha rebajado las expectativas en materia de igualdad salarial. El partido del Gobierno ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que han hecho gala de una gran indefinición: el PP simplemente ha “instado al Gobierno a abrir procesos de diálogo para adoptar medidas de transparencia que cuantifiquen la retribución por género”.
Además, el Congreso ha sido testigo hoy de cómo el Gobierno se ha resistido a aplicar la norma europea de Igualdad a las trabajadoras a tiempo parcial. El PP ha rechazado en la Comisión de Empleo la fórmula que el grupo propone para adecuar la forma en que se computan sus prestaciones a la Directiva europea de igualdad de trato y ha presentado una enmienda en la que elimina la referencia a esta directiva.
Enfrentamiento en la CEOE sobre la subida salarial
En otra reunión este miércoles, esta la de la Junta Directiva de la patronal CEOE, se ha vivido una gran tensión por la propuesta encabezada por el presidente, Joan Rosell, de mejorar las subidas salariales para 2018 respecto a las defendidas por la patronal en el pasado.
El sector oficialista ha propuesto subidas salariales del 2%, que podrían llegar hasta el 3%, cuando hasta el momento la oferta era como máximo del 2,5%. Enfrente se ha encontrado a otro sector, con el presidente de la patronal madrileña CEIM (Juan Pablo Lázaro) a la cabeza, que ha rechazado de manera tajante aumentar las subidas de sueldos.
Tras el encuentro de la Mesa de Diálogo, los sindicatos han dado “la bienvenida” a la propuesta de Rosell, que esperan que triunfe en la patronal. La CEOE ha aparcado de momento el tema hasta enero. UGT había fijado recientemente el 3% como referencia para la subida salarial que demandaban de cara al próximo año.
El secretario de Estado de Empleo, aunque ha defendido que respeta desde la distancia la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, ha expresado “la voluntad de que las mejoras en la economía se plasmen en los salarios”.
Combatir la temporalidad del Empleo
Otro de los temas destacados en el diálogo de este miércoles ha sido la elevada temporalidad en el empleo y las fórmulas de contratación. Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación profesional, ha enfatizado que el encuentro de este miércoles es por el momento solo “el inicio” de la negociación y ha emplazado al Gobierno y a la patronal a seguir debatiendo en enero.
Rebajar el alto número de contratos temporales en España es una de las principales exigencias de los sindicatos para combatir la precariedad laboral. UGT y CCOO destacan que el problema de la temporalidad no reside en este tipo de contratos per sé, sino en el habitual fraude que existe en España con esta forma de contratación.
La tasa de temporalidad del empleo (el total de asalariados que cuenta con un contrato temporal) ascendió hasta el 27,38% en los últimos datos de la EPA. El número de asalariados creció en el tercer trimestre de este año en 216.400 personas, de las que 148.900 tienen un contrato temporal y 67.500, contratos indefinidos. Entre los 28 estados miembros de la UE, España es el segundo país con mayor tasa de temporalidad, solo por detrás de Polonia.
La propuesta del Gobierno en este tema está marcada por el pacto de investidura con Ciudadanos, que consiguió situar de nuevo a Mariano Rajoy en la Moncloa. Los de Albert Rivera exigen al Gobierno la simplificación de los diferentes contratos temporales, algo a lo que se ha opuesto hasta el momento la CEOE y los sindicatos.
El borrador que manejaba el Ministerio dirigido por Fátima Báñez plantea limitar la duración del contrato temporal por obra y servicio, que se reduciría en un año: hasta el momento puede alargarse tres años de manera general, y es prorrogable uno más, hasta los cuatro.
La propuesta de Empleo también incluye ampliar la indemnización por despido en función de la duración del contrato temporal. Empleo pretende mantener el pago de 12 días para los contratos de un año de duración, y lo amplía a 16 días para los de dos años y a 20 para los de tres. De este modo, al tercer año se igualaría la indemnización al de los trabajadores con contratos indefinidos.
Además, el Gobierno quiere aunar los contratos de prácticas y los de formación y aprendizaje en una sola modalidad contractual de formación. Junto al contrato temporal y el indefinido, las modalidades de contratos se reduciría a tres.
Luchar contra el fraude con inspecciones y sanciones
Santillana (CCOO) ha reiterado que combatir contra la alta temporalidad tiene que pasar por ser más exigentes y rigurosos en la persecución del fraude y en sancionar de manera más contundente a las empresas que lo cometan.
El problema, insisten los sindicatos, es que es muy complicado detectar estos fraudes, entre otros motivos, por el elevado número de contratos y la falta de recursos en la inspección. Por ello, apuestan por reforzar el papel de la inspección de trabajo y, por otro lado, un incremento significativo de la cotización a la Seguridad Social de los contratos temporales de corta duración.
Las organizaciones de trabajadores también se oponen simplemente a la unificación de los contratos de prácticas y de formación, “manteniendo por otra parte todos sus elementos negativos. Los sindicatos optan por centrarse en garantizar ”la finalidad formativa del contrato“ y ”eliminar la posibilidad de encadenamiento de contratos“, para evitar su uso abusivo. Recuerdan también la necesidad de reformar el sistema de prácticas no laborales.