A pocos días de culminar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, del que quedan tan solo “flecos” por cerrar, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, eleva la presión sobre la parte socialista del Gobierno para incluir junto con el proyecto presupuestario una regulación de los precios del alquiler en la línea de lo que figura en el acuerdo programático que rubricó junto a Pedro Sánchez.
Unidas Podemos quiere que la normativa para permitir que comunidades y ayuntamientos puedan establecer límites a los precios en zonas donde el mercado está disparado se establezca ya. Y ese es uno de los escollos actuales de la negociación presupuestaria, según ha podido saber elDiario.es.
Por eso Iglesias ha organizado un acto en la sede del ministerio junto a la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, y representantes del sindicato de inquilinos e inquilinas. Una de las reivindicaciones de esa plataforma es una regulación del alquiler en la misma línea de la aprobada en Catalunya. La ley catalana podría ser recurrida próximamente en el Tribunal Constitucional, así que los sindicatos entienden que una ley nacional serviría de apoyo a esta.
Tras la reunión, los portavoces de los sindicatos han explicado que “Iglesias ha dejado muy claro que van a luchar para que se apruebe cuanto antes” y que el resto del Gobierno y otros grupos parlamentarios que deberán votar los presupuestos -como ERC, Junts Per Catalunya y Bildu- también están por la labor. El principal opositor a la medida es el Ministerio de Economía, según fuentes sindicales.
El compromiso del Gobierno para “frenar las subidas abusivas del alquiler” quedó recogido en el punto 2.9.3 del pacto de coalición. Este se concreta en dos pasos. El primero, la creación de un índice de referencia de precios, ya elaborado y publicado por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. El segundo, la habilitación a las comunidades y ayuntamientos a utilizarlo.
Si un ayuntamiento o comunidad detectara una zona tensionada, en la que hubiera incrementos abusivos y sostenidos de los precios, podría intervenir y regularlos. La redacción del acuerdo no habla en ningún caso de regulación a nivel estatal. Es una fórmula similar a la que se empleó con las VTC: el Ministerio habilitó a las comunidades a regular el número de licencias y normativa a seguir.
Una de las principales características de la ley catalana es que no afecta a zonas tan concretas, sino a Barcelona y otros 59 municipios del área metropolitana. De esta forma se evita que se creen 'paraísos fiscales' y que fondos y propietarios especulen en áreas que quedan fuera de la regulación. Con una ley estatal, este tipo de detalles quedaría en manos de comunidades y ayuntamientos.
Las plataformas de inquilinos insisten en que esta medida es ahora más urgente que antes, porque la pandemia y la crisis económica van a provocar un aumento de los impagos (y, por tanto, las familias necesitan alquilar a precios que no sean abusivos). Desde el Ministerio de Transportes argumentan al revés. La semana pasada, el secretario general de vivienda, David Lucas, dijo en una entrevista en Infolibre que la pandemia lo ha cambiado todo y que hacen falta más datos antes de regular.
“De marzo a hoy se ha producido una enorme distorsión en el mercado por efecto de la COVID-19, pero nos faltan datos sobre cómo se ha comportado la vivienda en las áreas más tensionadas, de cómo han funcionado los acuerdos entre arrendadores y arrendatarios, de cuántos pisos turísticos han pasado al alquiler tradicional... Necesitamos una radiografía clara de la situación. A partir de ahí, obraremos en consecuencia”, señaló. Aun así, los sindicatos creen que el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana no se echará atrás e impulsará la regulación.
“Llevamos meses trabajando con el Gobierno en una regulación de los precios del alquiler a nivel estatal que blinde la ley catalana en vigor desde septiembre”, explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters. “En los próximos días se acabarán de cerrar los presupuestos y no se pueden aprobar sin tener esto cerrado”.
La vivienda, escollo permanente entre PSOE y UP
La política de vivienda es una de las que más roces genera entre los de Sánchez e Iglesias. En el primer mandato de Sánchez, los aliados parlamentarios del entonces Gobierno monocolor del PSOE tumbaron el decreto ley de vivienda precisamente por la negativa de Ábalos a incorporar límites a los precios.
El Ejecutivo se vio entonces obligado a negociar un nuevo decreto que sí contó con el respaldo suficiente y fue pactado previamente con Unidas Podemos. Entonces se mantuvo la ampliación a cinco años en los contratos de arrendadores personas físicas y a siete en las jurídicas y los límites para viviendas turísticas y se incluyó una limitación de las subidas de precios interanuales dentro del mismo contrato, aunque no en las renovaciones, y obliga a los jueces a evaluar la vulnerabilidad de las personas que van a ser desahuciadas.
Durante la pandemia también ha habido roces en el seno de la coalición a propósito de las medidas de vivienda. Iglesias y algunos ministros también socialistas apostaban por suspender (no aplazar) los pagos de las rentas de las personas afectadas por la crisis del coronavirus mientras que la intención inicial era solo aplazarlas.
De hecho, la limitación de los precios abusivos del alquiler también fue un escollo durante la negociación las cuentas públicas de 2019, que finalmente fueron rechazadas al presentar ERC una enmienda a la totalidad. En aquella ocasión, Unidas Podemos también exigió que el acuerdo incluyera explícitamente un cambio legal para frenar las “subidas abusivas” de las rentas. Finalmente, el texto lo incluyó como uno de los compromisos.