La inflación subió en febrero hasta el 6%, respecto al mismo mes del año pasado, según ha confirmado el INE (Instituto Nacional de Estadística) este martes. El IPC (Índice de precios de consumo) aceleró una décima frente al dato de enero por el repunte de la electricidad y de los alimentos frente al año pasado.
Mientras, el IPC interanual en el cálculo subyacente o estructural (excluye la energía y los alimentos frescos) subió al 7,6%. Un récord desde 1986 que refleja que esta crisis de inflación se ha extendido a prácticamente toda la cesta de la compra.
En términos mensuales, el IPC general avanzó un 0,9% y el índice subyacente un 0,7%, pese a la bajada del IVA de los alimentos básicos y al resto de medidas de choque que están vigentes, como la reducción de impuestos en la factura de la luz o del gas, el mecanismo ibérico o los descuentos en el transporte público. Estos repuntes respecto a enero, de mes o mes, son los mayores desde junio de 2022.
En resumen, la vida es en general un 6% más cara que en febrero de 2022 y un 0,9% que en enero de este año. Estas cifras y en concreto la escalada mensual muestran que las empresas están trasladando el aumento de los costes durante los últimos meses, principalmente de la energía, a los precios finales de venta. Y vuelven a poner el foco en los supermercados. Solo de febrero a enero, los precios de los alimentos escalaron un 2%.
“Legumbres y hortalizas, y también frutas frescas han experimentado una reducción puntual de la oferta como consecuencia de unas condiciones climáticas desfavorables, en España y en otros países comunitarios, que ha provocado un incremento de precios por el aumento de la demanda internacional”, lamentan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, aunque matizan que “su nivel de aumento es similar al de Francia, e inferior al de Alemania, en febrero”.
La inflación de los alimentos
La situación es afixiante. Los precios subieron cerca de un 8% de media en 2022 y no dan respiro en 2023. Y lo más preocupante ahora es que la crisis se ha contagiado de la factura de luz o del surtidor de gasolina al plato de comida.
“Seguimos teniendo un problema enorme con la inflación en alimentos. La mitad de la inflación total y dos tercios de la subyacente viene de ahí”, señala Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics.
La inflación de los alimentos empezó a acelerar en tasa interanual por encima del IPC general desde abril de 2022, y llegaron a avanzar un 15,7% en diciembre, respecto al mismo mes del año pasado. En enero, la subida se moderó apenas tres décimas, al 15,4%. En febero fue del 16,6%, un máximo de toda la serie del INE.
El mes pasado, fue inexistente el efecto de la decisión del Gobierno al final de 2022 de reducir el IVA a una cesta de productos básicos del 4% al 0% y al aceite de oliva y a las pastas del 10% al 5%.
Las subidas de precios en el carrito de la compra se muestran desde hace meses incontrolables, como ocurrió desde el verano de 2021 hasta el otoño de 2022 con la energía, lo que requirió medidas extraordinarias como el tope al gas o mecanismo ibérico, ante la insuficiencia de las rebajas del IVA de la luz y el propio gas para moderar la escalada.
En febrero, también se produjo un aumento de los precios de la electricidad, después de la intensa bajada que han registrado en los meses anteriores. Aunque carburantes y el transporte público dieron un respiro. En este último caso, “gracias a las medidas implementadas para fomentarlo”, destacan en el Ministerio de Asuntos Económicos.
“Las medidas adoptadas para reducir la inflación siguen teniendo recorrido, como se pone de manifiesto en la reducción de los precios del transporte público”, continúan. Y concluyen: “España se mantiene como uno de los países con menos inflación de la eurozona, lo que favorece la competitividad de las empresas españolas”.
“Para CCOO es necesario evaluar las medidas tomadas, que no están cubriendo sus objetivos, y además avanzar en medidas más eficaces para reducir el coste de los precios y prestar una mayor atención a las personas que necesitan ayudas directas para poder cubrir sus necesidades básicas”, comenta Mari Cruz Vicente Peralta, secretaria confederal de Acción Sindical de la organización.
Una pérdida de poder adquisitivo histórica
Las familias, por su parte, sufren una histórica pérdida de poder adquisitivo. El año pasado, un salario de 25.000 euros perdió en bruto 2.000 euros de capacidad de compra, una paga (sin tener en cuenta las mejoras salariales, de todas formas muy inferiores al IPC en promedio). Y 2023 va por el mismo camino.
Un daño que se ensaña con los hogares más vulnerables, ya que tienen que dedicar una mayor parte de sus ingresos precisamente a energía y alimentación. En caso de que estén hipotecados o necesiten un préstamo tienen que sumar, además, el encarecimiento de la financiación que están propiciando las decisiones del BCE de incrementos del 'precio' del dinero.
La estrategia de la política monetaria de luchar contra la inflación atacando la demanda de las familias y la capacidad de inversión de las empresas ignoró en un primer momento que la mayor parte de la crisis de precios la explicaba la energía. Un mercado sobre el que el BCE no puede actuar. Ahora, también está obviando el crecimiento de los beneficios y de los márgenes empresariales por el traslado del aumento de los coste a los precios de venta, y su impacto en la inflación.