Un año después de los primeros sustos en las facturas de luz y en las gasolineras, la inflación es ya un problema estructural. Las subidas de precios han pasado de ser un acontecimiento temporal, focalizado en el gas y los carburantes, a extenderse a la mayoría de la cesta de consumo.
La nueva dimensión de esta crisis de inflación se reflejará en que el IPC (Índice de precios de consumo) subyacente (que excluye la energía y otros elementos que suben y bajan bruscamente como los alimentos frescos) seguirá en máximos de las últimas décadas durante los próximos meses. En cambio, el IPC general continuará moderándose por la caída precisamente de la energía. Incluso el primero superará por momentos al segundo. De hecho, algunos expertos consideran que ocurrirá ya en diciembre.
El IPC subyacente incluye precios que tardan en subir, pero que también tardan en bajar. O directamente no se reducen nunca. Un ejemplo: cuando un restaurante decide subir el precio del menú del día de 10 euros a 11 euros (un aumento del 10%) difícilmente lo bajará en los siguientes meses. En teoría, encontrará pocas razones para hacerlo.
Una razón sería una crisis económica larga y profunda (como la que está forzando el Banco Central Europeo con las subidas de los tipos de interés) que reduzca drásticamente el número de comensales a la semana. O una competencia feroz en el mismo barrio. Pero lo cierto es que antes de elevar un euro su menú del día, el restaurante seguramente lleve un tiempo aguantando el aumento de los costes: el encarecimiento de la factura de la luz, del aceite para la freidora, de los tomates, del bacalao o de la carne de ternera.
Esta decisión concreta del hipotético restaurante es una muestra clara de contagio de la inflación. Pero hay más ejemplos de este fenómeno. Sobre todo, entre pequeños comercios (panaderías, peluquerías, o pequeños talleres), con poco poder de mercado, que se juegan los clientes en cada céntimo que incrementan a los productos o servicios que ofrecen. Y que aún así terminan encareciéndolos. O, por otra parte, se puede observar del mismo modo en los precios de los alimentos del supermercado, disparados en los últimos tiempos.
Los datos dejan ver ya esta inflación estructural. Solo 3 de cada 10 productos entre los que recoge el IPC subió menos de un 2% en octubre, el último mes para el que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el detalle de este indicador. Mientras, el precio de la mitad de toda la cesta de consumo escaló más de un 6% ese mismo mes, respecto a octubre del año anterior.
Este contagio de las subidas de precios es el que se lee el IPC subyacente, que subió al 6,2% en octubre, cuando el IPC general bajó al 7,3% por la caída de luz y gas. El primero, el más estructural, incluso aceleró otra décima, hasta el 6,3%, en noviembre, un máximo de las últimas décadas. Por su lado, el segundo, el general, se redujo otro medio punto, hasta el 6,8%, un mínimo desde enero, como se observa en el gráfico siguiente.
La inflación del gas, la electricidad y de la gasolina y el diésel durante los últimos meses se ha contagiado por completo y ya no sirve con que caigan estos precios concretos para volver a precios normales en el conjunto de la cesta de consumo. “En economía llamamos histéresis a los efectos inerciales de algunos fenómenos, y que la inflación subyacente no caiga refleja que los cambios tardan tiempo en hacer efecto”, explica el economista Eduardo Garzón.
“La inflación sigue extendiéndose por el tejido productivo. Si bien los tan temidos efectos de segunda ronda [espiral de beneficios y salarios] son tenues por el lado de los sueldos, los márgenes de las empresas [la capacidad de convertir los ingresos en ganancias] se están incrementando en términos medios. Esto podría dar lugar a reacciones en cascada, sobre todo a principios de año que es cuando se fijan las tarifas de venta para el resto del ejercicio en algunos sectores”, reflexiona Raymond Torres, director de coyuntura económica del centro de análisis Funcas.
“La inflación importada y de costes energéticos está dando un respiro transitorio que sin duda se percibirá en los datos de IPC de los próximos meses. Pero la desescalada de los precios internos, es decir, de la inflación subyacente, será mucho más lenta”, continúa este experto.
“El crecimiento del IPC subyacente viene indicar que hay una inflación estructural que va a provocar que el IPC general se mantenga alto durante buena parte del 2023 y vaya a ser difícil bajar estos niveles de inflación hasta cotas mucho más moderadas”, incide José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea.
Todos los expertos coinciden en que los paquetes de choque del Gobierno han conseguido moderar la inflación hasta ahora. “Desde el máximo de inflación registrado en julio, las medidas adoptadas por el Gobierno han permitido reducir las subidas de precios, destacando el mecanismo ibérico [tope al gas], la reducción de los precios del transporte o la reducción de los impuestos en la factura del gas y de la luz”, explica el propio INE.
Hasta el último plan de choque aprobado, el que incluye la gratuidad de los trenes de media distancia y el resto de descuentos en el transporte público, el Gobierno calculaba que los tres paquetes anteriores habían moderado 3,5 puntos la inflación interanual. De este cálculo, dos puntos corresponderían a las medidas sobre el gas y la electricidad, un punto al descuento en los carburantes y el otro medio punto al resto de iniciativas.
Recientemente, los 19 ministros de Economía de la eurozona acordaron en el Eurogrupo que “las medidas anticrisis en 2023 tienen que ser temporales y focalizadas”. El plan de choque actual caduca en España el 31 de diciembre.
“Hemos recomendado reemplazar las medidas generalizadas de precios por un sistema de precios de energía de dos niveles, que garantice incentivos para el ahorro de energía”, dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Con un modelo dual o de dos niveles, las empresas y los hogares reciben un paquete básico de servicios de energía a un precio subsidiado, y se aplican precios de mercado para el consumo de energía que excede este paquete básico.
“En el caso de España”, replicó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, “estamos haciendo ese análisis para ver cuáles han de ser prorrogadas en 2023, cuáles no y cuáles pueden tener una aplicación más limitada. Por el momento, la única medida que hemos decidido que se extiende para 2023 y que toma un carácter más estructural es la del transporte público gratuito, que es una medida estrella, por cuanto no sólo llega y beneficia al conjunto de la población y muy especialmente a las clases medias trabajadoras, a los autónomos, a los estudiantes, sino que además supone un uso muy eficiente de los recursos públicos y contribuye a contener la inflación”.
De cara a los próximos meses, Eduardo Garzón incide en que un límite a los precios de los alimentos sería “una de las medidas más efectivas para combatir la inflación, porque hoy día el precio de los alimentos es lo que explica fundamentalmente que el IPC no descienda más”.
“Y junto con ese tope, otro tope en los carburantes y otro mucho mejor en el mercado eléctrico (al estilo de Francia) serían muy convenientes. Sólo con topes en los precios podremos combatir una inflación originada por la pandemia y la guerra que se canaliza a través de la oferta y concretamente de la energía”, reflexiona el economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Este miércoles, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, priorizó medidas para la cesta la compra y las hipotecas en la negociación con el PSOE del próximo paquete del Gobierno contra la inflación.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.