La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el proyecto de ley del sector eléctrico aprobado para su tramitación en Cortes el pasado 20 de septiembre “provocará un problema social entre muchos de los pequeños inversores que apostaron por las instalaciones fotovoltaicas”. La patronal asegura que ahora mismo se deben 22.000 millones de euros a la banca que realizó préstamos para hacer instalaciones eléctricas.
Con la regulación existente en el pasado y la rentabilidad que existía en el momento de concesión de los créditos -que se ha reducido en un 30% según la patronal para quedarse en el umbral de un 7,5% anual-, la viabilidad de las instalaciones estaba garantizada. El problema viene con la nueva regulación que ha realizado el Gobierno que asegura una retribución menor (la “razonable” según el Ejecutivo) que supondrá una caída en los beneficios de la venta de electricidad que tienen estas instalaciones y que se aplica, además de forma retroactiva.
Representantes de UNEF aseguran que “la nueva retribución hará inviables las instalaciones fotovoltaicas por lo que muchos decidirán abandonar las instalaciones y dejárselas a los bancos, pero lo que realmente preocupa son los pequeños inversores que en muchas ocasiones avalaron con gran parte de sus pertenencias, como su vivienda”. “Cuando los bancos ejecuten las hipotecas de los pequeños inversores estos quedarán a su merced”. Según Vozpopuli, hay 50.000 pequeños y medianos inversores que tienen deudas de entre 300.000 y 600.000 euros con la banca por haber pedido créditos para financiar un proyecto solar.
Otro de los puntos que ha denunciado la patronal fotovoltaica en una rueda de prensa ha sido que “el Gobierno desoye constantemente a los organismos reguladores (Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de la Competencia y Consejo de Estado) y a la agencia de calificación de la deuda Fitch. Todas estas entidades consideran negativa la reforma eléctrica que ha realizado el Gobierno y ”un riesgo regulatorio muy intenso“ que pone en entredicho la seguridad jurídica de España.
Al dar vía libre a la reforma eléctrica, el ministro aseguró que los asesores que trabajan en Industria son mejores que los de estos organismos independientes que fueron en su día elegidos por ser algunas de las personalidades con más experiencia en el sector. El 8 de octubre estos organismos reguladores dejarán de estar en funcionamiento para que entre un nuevo organismo superregulador.
Posible inconstitucionalidad
La patronal fotovoltaica asegura que se ha gravado el autoconsumo (la tasa que se conoce como el peaje de respaldo) para que no haya competencia con las grandes compañías eléctricas. Según la UNEF, el peaje de respaldo provocará que “mucha gente no opte por esta opción para su consumo de energía”. Aseguran que es incomprensible que se cobre un “peaje de respaldo por los costes estructurales del sistema eléctrico cuando estos ya se pagan dentro del término de potencia de la factura de la luz” (costes fijos que aparecen dentro del recibo). Además añaden que el “peaje de respaldo” no se paga en otras tecnologías de autoconsumo como la termosolar o la cogeneración.
La patronal fotovoltaica asegura que Navarra, Extremadura y Murcia han presentado o están estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad por la contrarreforma eléctrica del Gobierno. De salir adelante, estos recursos serían del propio Partido Popular.
Con toda la nueva regulación, la patronal calcula que la retribución a las instalaciones solares se reducirá en más de 5.800 millones de euros entre 2010 y 2020.
La UNEF recuerda que la energía solar ha supuesto al país un ahorro de 590 millones de euros reduciendo la necesidad de gas de importación y la compra de bonos de carbono. Resalta que el sector ha perdido 4.500 empleos y el 90% de su tejido industrial en España. Además, la energía solar, con el 43,6%, es la tecnología con más patentes españolas, seguida de cerca por la eólica. España es el quinto país del mundo con más patentes en energías renovables, por detrás de EEUU, Japón, Alemania y Reino Unido.