Un presidente en minoría en una votación que exige “medidas correctoras” tras trascender la bronca en un pleno en el que denuncian que el supervisor nuclear está “supeditado a los intereses de los supervisados”. Es el resumen del ambiente en las últimas sesiones de la cúpula de la entidad pública que vela por la seguridad de las instalaciones radiactivas en España.
Como avanzó elDiario.es el 7 de enero, la última sesión del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en 2023 reflejó la división que vive en los últimos meses este órgano. Fue el colofón a un ejercicio sin incidencias reseñables desde el punto de vista de la seguridad nuclear, pero en el que hubo varios choques en el consejo por decisiones que, según la opinión de dos de sus cinco vocales, suponen permitir condiciones más laxas al sector.
Las actas de esa reunión del 20 de diciembre, publicadas ahora, documentan la bronca, aunque en el seno del organismo hay quien lo califica de sana discrepancia y sinónimo de debate. Como contó este medio, en esa sesión los consejeros Francisco Castejón y Elvira Romera rechazaron varios puntos de un informe del CSN sobre el nuevo Reglamento de Instalaciones Nucleares Radiactivas que el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a consulta en octubre de 2022.
Entre los puntos polémicos está una modificación del sistema de concesión de licencias en instalaciones nucleares en desmantelamiento para que solo cuenten con personal con una licencia específica (de operación y de supervisión) si es “a propuesta del titular”. Lo aprobó la mayoría del pleno con los votos del presidente, Juan Carlos Lentijo, la exdiputada del PSOE Pilar Lucio y el propuesto por el PP, Javier Dies.
No hubo consenso. La consejera Romera dejó constancia en acta de que, con esa nueva redacción, en las centrales nucleares con autorización de desmantelamiento “el CSN no puede determinar libremente” la necesidad de contar con personal con licencia ni qué habilitaciones son necesarias: “Solo cabe hacerlo a propuesta del titular”, el CSN “no puede actuar de oficio” y esto “supone cercenar las competencias del Consejo sin razón objetiva alguna que ampare tal revisión”.
El CSN “es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y su deber no puede quedar supeditado a los intereses de los supervisados”, manifestó Romera.
En la misma línea se pronunció Castejón, físico nuclear, histórico militante antinuclear de Ecologistas en Acción y designado a propuesta de Podemos en 2019, que consideró “más apropiada la redacción original” del ministerio ya que “obviamente, el CSN tiene capacidad para requerir al titular que tenga personal con licencia, sin que el titular se lo proponga. Y podría exigirlo de oficio”.
El presidente del CSN quiso dejar constancia de que “la redacción propuesta no supone ningún menoscabo de las competencias del CSN ni queda supeditado a los intereses del titular”. Según Lentijo, la necesidad de disponer de licencias de operación (supervisor y operador) en instalaciones nucleares distintas a una central nuclear en funcionamiento “es una característica de la normativa española” que no es “generalizable en otra normativa de referencia”.
“Las direcciones técnicas del CSN consideran que quien mejor conoce la operación de la instalación y sus necesidades es el titular”, ya que “es quien la opera y es el responsable de su seguridad y, por tanto, quien debe definir qué actividades de la instalación requieren disponer de licencias”.
La responsable de desmantelar las centrales es la empresa pública Enresa, en la que como publicó este medio trabaja un hijo del presidente del CSN. Este es un asunto clave de cara al apagón progresivo de las nucleares planificado a partir de 2027.
El acta refleja que Lentijo se quedó en minoría al intentar cerrar la puerta a la recuperación del combustible nuclear gastado. El presidente del CSN intentó incluir un inciso en el reglamento especificando que estos materiales se gestionarán en el almacenamiento definitivo, el futuro almacenamiento geológico profundo (AGP) previsto para la segunda mitad de este siglo, “sin intención de recuperarlos”.
Pero, según el acta, se aprobó eliminar esa coletilla “con el voto favorable de tres miembros del pleno y el voto en contra del Presidente y la consejera Sra. Lucio Carrasco”, que interpretaron que va en contra de la directiva nuclear europea. Sin embargo, la mayoría del pleno determinó que “no se debe cerrar la posibilidad de contemplar la recuperabilidad”, en alguna o todas las fases, de una instalación de almacenamiento definitivo, según el informe publicado el miércoles por el organismo. “Esta decisión se podrá tomar según los desarrollos científico-tecnológicos que se puedan ir produciendo”.
El voto de Dies (que suele alinearse con la industria nuclear) hay que leerlo de cara a una posible reutilización para seguir fabricando combustible nuclear. Otros posibles usos de ese material, que puede tener un altísimo valor estratégico, son la I+D o la medicina.
En una decisión muy inusual, Lentijo solicitó incorporar como anexo al acta varias “consideraciones”. Además de defender ese sistema de licencias, rechazó entre otras cuestiones que el reglamento abra la posibilidad (como advirtió Castejón) de que haya más de un almacén definitivo para los residuos nucleares. Esta interpretación, según el presidente del CSN, “es tan solo semántica”. También se refirió a la transferencia de titularidad de las autorizaciones de contenedores a Enresa.
Castejón y Romera han criticado en los últimos meses decisiones favorables a otra empresa pública, el fabricante de contenedores ENSA. Castejón también reclamó en diciembre que se abra un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó (Tarragona) por un problema técnico que el CSN no detectó durante 23 años.
El acta del 20 de diciembre también recoge una observación del presidente y los consejeros Castejón y Lucio sobre la visita de una delegación encabezada por Javier Dies a la reunión plenaria de la Asociación Europea de Reguladores Nucleares (WENRA, por sus siglas en inglés) celebrada en noviembre en París. Pidieron “que conste en acta que, antes de aprobar términos de referencia, estrategias u otro tipo de documentos que muestren la posición del CSN, se requerirá la previa apreciación favorable del Pleno del organismo”.
El reproche apunta a que Dies expuso en esa reunión en París posiciones no consensuadas previamente con el máximo órgano del regulador nuclear. El CSN no precisa que planteó en ese cónclave en París en el que, entre otros asuntos, se celebró una sesión monográfica sobre reactores modulares de baja potencia, los conocidos como SMR, la ya vieja joven promesa que el sector nuclear lleva ya dos décadas intentando presentando como el futuro de esta tecnología. En España, la promueve la Plataforma Tecnología de Energía Nuclear de Fusión (Ceiden), que preside Dies en representación del CSN y que agrupa a empresas del sector, regulador, universidades, centros de investigación y varios ministerios.
La primera sesión del pleno en 2024, celebrada tres días después de que elDiario.es revelara esa bronca previa a las navidades, tuvo un orden del día mucho más pacífico. Pero en ella, Pilar Lucio “quiso denunciar la gravedad de la filtración a un medio de comunicación con contenido de un acta no aprobada en ese momento por el Pleno del Consejo y, por lo tanto, no publicadas, lo que constituye una vulneración del deber de sigilo”.
“La consejera exigió que se tomasen medidas correctoras para que no se vuelva a revelar información con la intención de dañar a la institución. El presidente mostró su conformidad con las opiniones expresadas por la consejera”, recoge el acta.
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