En pleno debate sobre la reforma del bono social de la luz, el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene un ejemplo cercano sobre cómo combatir la pobreza energética en un país también sujeto a las recetas de austeridad de la Comisión Europea. Se trata de Portugal, cuyo gobierno (una alianza de partidos de izquierdas) ha reformado este año las denominadas tarifas sociales, descuentos que venían aplicándose para los clientes más vulnerables desde 2010 (en el caso de la electricidad) y 2011 (para el gas).
El cambio entró en vigor en julio a propuesta del Bloco de Esquerda, uno de los partidos que sustentan el Gobierno del socialista António Costa, en vista de que el número de beneficiarios de estos descuentos era muy inferior a lo previsto. El detonante fue una multa de 7,5 millones de euros impuesta en diciembre por el regulador energético ERSE a EDP, principal eléctrica del país, por poner trabas a su concesión.
La tarifa social es una rebaja antes de impuestos del 33,8% en la factura de electricidad y del 31,2% en el gas para clientes del mercado regulado o libre con un bajo nivel de ingresos. La principal novedad es que desde julio se aplica de forma automática (antes había que solicitarla a las compañías, como en España). Para ello, se procedió a cruzar los datos en poder de las comercializadores, la Dirección General de Energía, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria portuguesa. Justo lo que en España las autoridades nunca han hecho aduciendo que era muy complejo.
Con ese cambio, el número de beneficiarios de la tarifa social se disparó. En electricidad, se pasó de 140.500 usuarios a 630.698, que suponen un 10,5% de los cerca de 6 millones de clientes domésticos. La Asociación portuguesa de Defensa del Consumidor (DECO) calcula que ya la disfrutan unos 690.000 hogares. En el caso del gas natural, se pasó de 14.500 beneficiarios a 31.869 en julio. ¿Cuál es el descuento real? Según una estimación de Expresso, el ahorro final en la factura eléctrica con la tarifa social para un cliente con 3,45 kilovatios contratados es de un 30%. El descuento es aplicable a clientes con hasta 6,9 kilovatios de potencia contratada.
Quién lo paga
Otra novedad es que el Ejecutivo luso también ha obligado a las eléctricas a sufragar el 100% de la tarifa social de la luz (antes, el Presupuesto del Estado asumía un tercio). El coste anual previsto por el Gobierno es de 66 millones, de los que unos 40 millones corresponden a EdP. La cuarta eléctrica en España, privatizada por exigencia de la troika a finales de 2011 (cuando el anterior Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho vendió el 21% que le quedaba al Estado a la china Three Gorges) rechaza hacerse cargo de ese coste. En el caso de la tarifa social del gas, el coste es de apenas 1,3 millones al año (la red portuguesa alcanza solo a 1,3 millones de puntos de suministro) y corre a cargo del resto de consumidores.
En España, las eléctricas han logrado en dos ocasiones que el Tribunal Supremo anule el sistema de financiación del bono social de la luz, que pagan las empresas y que es la única medida del Gobierno central contra la pobreza energética (no hay equivalente para el gas). Esta semana ha habido unanimidad entre todos los grupos políticos para que lo sigan costeando las compañías. La idea es que partir de ahora lo sufraguen las comercializadoras. Industria también planea un rediseño del bono para intentar que lo disfruten quienes realmente lo necesitan.
Portugal, que ha adelantado por la izquierda a España en aspectos como el fomento de las renovables o el autoconsumo eléctrico, todavía no se ha recuperado de los efectos del rescate multimillonario que pidió en 2011. Allí el ingreso neto medio por hogar es de unos 18.759 euros anuales, según la OCDE (casi un 10% inferior al de España). Y la tarifa social está restringida a colectivos con muy bajos ingresos, de hasta 5.808 euros anuales para un hogar unipersonal, menos de lo que recibe una persona que cobre el salario mínimo (589,17 euros mensuales).
Ese tope se incrementa en tramos del 50% por cada persona adicional, siempre que no tenga ingresos: 8.712 euros anuales para una pareja sin hijos, 11.616 euros anuales para una familia con un hijo y 14.520 euros por año para una familia con cuatro miembros. Se trata, por tanto, de hogares en un claro riesgo de exclusión.
La asociación DECO cuestiona esos tramos y recuerda que esos topes sólo se aplican cuando los ingresos proceden sólo de una persona. Un hogar de dos miembros en el que ambos reciban algún ingreso no tiene derecho a tarifa social, aunque entre los dos estén por debajo de ese tope de 8.712 euros.
Los colectivos vulnerables en Portugal también tienen derecho al denominado Apoyo Social Extraordinario al Consumidor de Energía (ASECE), un descuento adicional del 13,8% en la factura de electricidad y gas natural que se aplica antes de impuestos. En este caso, su coste corre a cargo del Estado.
La tarifa social portuguesa y el ASECE también se aplica a quienes reciban el denominado Rendimiento social de inserción (una ayuda mensual que reciben unas 214.000 personas destinadas a personas en situación de carencia material grave) y otras prestaciones de la Seguridad Social. Entre ellas, el “complemento solidario” que reciben unos 160.000 ancianos con bajos ingresos o el subsidio social de desempleo (equivalente a la paga de 400 euros en España para parados de larga duración).