El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado una batería de iniciativas en el Congreso tras las revelaciones de eldiario.es sobre la gestión del presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el exalcalde de Ciudad Real y exsenador del PP Francisco Gil-Ortega.
Los socialistas registraron este miércoles una petición de comparecencia del ministro José Manuel Soria en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, “para dar explicaciones en relación con las informaciones aparecidas en eldiario.es sobre la auditoría interna realizada a Enresa de la que se desprende incumplimiento de contrato e irregularidades de gastos realizados por su presidente”. Enresa pertenece a la SEPI (20% del capital) y al organismo público Ciemat (adscrito a Economía), pero su tutela efectiva depende del ministro canario.
Isabel Rodríguez García, Alejandro Alonso y Luis Carlos Sahuquillo, diputados socialistas por Ciudad Real, Toledo y Cuenca, respectivamente, también han pedido al Ministerio diversa documentación: la auditoría realizada a Enresa con fecha 3 de junio sobre los gastos de representación de Gil-Ortega, adelantada por este diario; el informe interno del entonces responsable jurídico de Enresa “en el que se califican de enriquecimiento injusto los cobros que el presidente de ese organismo recibió” por “gastos que previamente habría cargado en su tarjeta de crédito”; “los contratos de personal realizados por Enresa vinculados al proyecto del ATC [Almacén Temporal Centralizado] en Villar de Cañas (Cuenca)”; la carta remitida por el presidente de Enresa a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos el pasado 24 de septiembre, en la que le solicita su visto bueno para contratar más personal; así como “documentación y contratos disponibles en relación con los gastos de Publicidad y Marketing de Enresa durante el año 2013”.
Los tres parlamentarios socialistas también han planteado doce preguntas relativas a este asunto para su contestación por escrito. Entre ellas, “qué decisiones adoptará el Gobierno en relación a Gil-Ortega” y si el Ejecutivo asume “su responsabilidad al haber nombrado como presidente de Enresa en un asunto tan sensible a una persona sin ninguna experiencia previa en el sector nuclear y cuyo mérito parece ser la vinculación de confianza con la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal”.
También piden al Gobierno que aclare si Gil-Ortega cobró “gastos que previamente había cargado a su tarjeta de crédito en concepto de viajes nacionales y al extranjero sin haber presentado la correspondiente factura” y si esto supuso “un incumplimiento de contrato”.
Además, preguntan por los motivos del cese del entonces responsable jurídico de Enresa y si “tiene alguna relación con el informe interno que realizó poniendo en duda la legalidad de alguno de los gastos de viajes, comidas o la necesidad de identificar comensales”.
También quieren saber “la relación de gastos de representación abonados en 2013 al presidente de Enresa”; cuál es su retribución oficial total, “tanto fija como variable”; “cuál es la relación y cuantía de los gastos en ”comida de empresa“, tanto del presidente de Enresa como del director de Comunicación”, el periodista Carlos Dávila; y si “es cierto que en el informe interno se hace constar gastos en bebidas alcohólicas (whiskys, gin tónic, y otros destilados) que estaban expresamente prohibidos”.
Los tres diputados manchegos también preguntan por la valoración del Gobierno sobre la inversión de Enresa en gastos de publicidad y marketing; cuántos contratos y de qué tipo se han realizado vinculados al proyecto ATC y si el Ejecutivo cree “necesario ampliar la plantilla por la vía que ha propuesto el presidente de Enresa a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos”. Asimismo, interrogan sobre los perfiles profesionales que necesita el futuro almacén nuclear y sus condiciones de contratación.