El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes una “amplísima” auditoría “específica” sobre la compra de mascarillas FFP2 encargadas en lo peor de la pandemia por dos entidades de su departamento, Puertos del Estado, a la trama de Koldo García, asesor entonces del ministro José Luis Ábalos.
La auditoría la va a llevar a cabo la Inspección General de Servicios, un órgano que “goza de neutralidad e independencia” formado por funcionarios de carrera “que no deben su puesto a este gobierno” y son “inamovibles”.
Sus conclusiones se remitirán a las comisiones parlamentarias correspondientes, a los órganos judiciales y a la opinión pública. Solo se va a ceñir a los contratos del ministerio, no de otros departamentos, como el contrato que se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas formada por la empresa que se llevó esos contratos, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, y la constructora Ferrovial. En declaraciones a la prensa, ha explicado que el órgano que va a elaborar esa auditoría es el mismo que ha analizado el episodio de los trenes que no caben en túneles de Cantabria y Asturias, cuyas conclusiones, ha dicho, se van a presentar la próxima semana.
Puente ha explicado en su comparecencia que “la única persona que queda en el ministerio” afectada por esta investigación es un hermano de Koldo García, también detenido la semana y que trabaja en una brigada de limpieza de Emfesa, una empresa pública del ministerio. Ha expresado su confianza en el subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, que, ha explicado, le ha negado “cualquier vinculación con la trama” y ha sido citado a declarar en calidad de testigo, como otras personas de su departamento.
Puente ha calificado de “desgarradora” la situación de Ábalos, tras su renuncia a entregar su acta de diputado y su decisión de pasarse al Grupo Mixto. Ha dicho tener “el más alto concepto de José Luis Ábalos”, un “militante ejemplar” y un “gran ministro” cuya conducta, ha dicho, “es coherente”. “Me cuesta muchísimo creer” que el ex secretario de organización del PSOE “ha metido la mano” pero “estamos hablando de responsabilidades políticas básicas”.
Ha puesto el ejemplo del hoy comisario Josep Borrell, que cuando iba a ser candidato del PSOE a finales de los 90 y tras ganar unas primarias renunció a concurrir a las elecciones tras las irregularidades cometidas por dos de sus asesores, pese a que “no hizo nada”. Y esa decisión “le engrandeció”.
Se trata de “una responsabilidad personal in eligendo e in vigilando” y los ciudadanos pueden tener la “certeza” de que el Gobierno “no va a cruzarse de brazos ante cualquier atisbo de corrupción venga de donde venga y caiga quien caiga”.
Puente no ha querido entrar en si el exministro va a mantener la disciplina de voto en el Grupo Mixto. “Si alguien me dice que yo le iba a tener que pedir el acta a José Luis Ábalos, no daba crédito”.
Ha prometido “transparencia” y aversión “infinita” y “tolerancia cero” hacia los corruptos. Ha instado a “distinguir muy bien lo que son los contratos y lo que son las mordidas” que presuntamente cobró Koldo García por la compra de esas mascarillas.
Ha recordado que el Tribunal de Cuentas realizó un análisis de precios sobre el conjunto de compras mascarillas realizadas por el sector público en marzo y abril de 2020 y Adif pagó el precio más bajo, a 2,37 euros, seguida por Puertos del Estado, a 2,5 euros, la mercancía llegó “correctamente”. Esto, ha apuntado, significa que no hubo “menoscabo” para las arcas públicas, sino que la comisión corrió a cargo del empresario que se llevó el contrato.