Fue uno de los cambios más sonoros de la crisis de Gobierno que puso en marcha Pedro Sánchez hace seis meses. Entre otras cosas por la salida, inesperada para muchos, de su antecesor José Luis Ábalos, al que desde algunos cenáculos se asegura que el Gobierno ha condenado al ostracismo. Sin embargo, Raquel Sánchez (Gavá, 1975), ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reconoce la labor de Ábalos y el cambio de rumbo que le dio al Ministerio: “de proveedor de infraestructuras a situar a las personas en el centro de sus políticas”. Ahora, con su estilo propio de gestión trata de acelerar la maquinaria de un Ministerio para sacar adelante un compendio de normas y cambios que van desde la Ley de Movilidad Sostenible al sistema de peajes, que asume como una formula para apoyar la sostenibilidad del mapa de carreteras. De momento ha conseguido parar la huelga de transportistas que la patronal había marcado para esta Navidad.
Tras múltiples encontronazos con los socios de Gobierno, la nueva ministra consiguió llevar la primera Ley de Vivienda a nivel estatal al Consejo de Ministros el pasado octubre. Ahora espera que vuelva en el Consejo de Ministros que tendrá lugar el próximo 28 de diciembre para empezar la tramitación parlamentaria, aunque admite que se puede retrasar: “Nos falta un informe del Consejo General del Poder Judicial. No hay ningún problema. Nos gustaría que fuera antes de finalizar el año pero si no, en cuanto sea posible”. En otro de sus negociados, el transporte por tren, admite la necesidad de hacer “una tarificación del tren de una manera ajustada” ante las quejas por los cambios de precios y no descarta que la liberalización de la Alta Velocidad llegue a otras líneas del ferrocarril.
Lleva seis meses al frente del Ministerio. ¿Es más dura, competitiva o ingrata la política a nivel nacional que a nivel local?
No creo que sea más ingrata. Es diferente, pero igualmente apasionante. He disfrutado mucho siendo alcaldesa y la experiencia que da la proximidad es algo insustituible, pero es cierto que, asumiendo una responsabilidad en este nivel, ser ministra de España es un orgullo, un honor y permite ser partícipe de transformaciones en nuestro país en un momento como el actual que es complicado. Al margen de centrarnos en la salida de la crisis y que sea una recuperación justa, también estamos afrontando las grandes transformaciones de este país: la ecológica, la digital; y estamos trabajando por la cohesión social y territorial, desde una óptica diferente que brinda una oportunidad. Es un reto apasionante que lo estoy viviendo intensamente.
Pero estamos muy pendientes de los choques políticos, a veces, más que del fondo.
El día a día del Gobierno es sacar adelante proyectos que mejoren la vida de las personas y que seamos más competitivos como país. Dedico poco tiempo a críticas no son constructivas. Nos hemos acostumbrado a una oposición que no hace ni una sola propuesta para sacar adelante este país, algo que no nos debe distraer la atención.
¿Qué opinión tiene sobre su predecesor? ¿A qué se debe el ostracismo del exministro José Luis Ábalos desde su salida del Gobierno?
Hay que reconocer el trabajo que hizo José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con él se empezó a marcar la estrategia y el cambio de rumbo de este Ministerio, que era conocido tradicionalmente como Fomento. Cambió la concepción tradicional de un Ministerio proveedor de infraestructuras a situar a las personas en el centro de sus políticas y que, si hablamos de movilidad, no solo hablemos de trenes o de carreteras, sino de cómo, a través de los diferentes modos de transporte, garantizamos el derecho de los ciudadanos a la movilidad. Además, en vivienda comenzó la negociación de la Ley Estatal. Su paso por este Ministerio ha sido muy positiva. Ahora me toca a mí continuar y liderar esta transformación, de otra manera, porque cada uno tiene su estilo.
Hace unos días cerraron un acuerdo con los transportistas que evitó una huelga, un paro patronal, a las puertas de Navidad. Usted lo ha calificado como un acuerdo histórico. ¿Cree que se han evitado conflictos a futuro sector?
Creo que sí. Con el sector siempre hemos tenido una relación de diálogo fluida. Tenemos constituida la sección de mercancías del Comité Nacional de Transportes, en la que ya llevábamos tiempo trabajando en una serie de medidas que permitirán incorporar instrumentos para favorecer la sostenibilidad económica, social y medioambiental de un sector que es estratégico en nuestra economía. Es un acuerdo histórico porque responde a demandas tradicionales del sector. No es un punto final, tenemos que seguir hablando, aunque hemos resuelto cuestiones que se arrastraban desde hace tiempo. El momento ha venido determinado por elementos coyunturales, como el precio de los carburantes, que nos ha situado en una situación más complicada. Pero hemos consensuado un conjunto de medidas que son beneficiosas para todos y todas. Un paro en estas fechas navideñas habría tenido un impacto muy negativo en la economía.
Y si se pone en marcha un nuevo sistema de peajes, de pago por uso de las carreteras. ¿No habrá nueva conflictividad?
Esa es una de las cuestiones que tratamos en el marco de este acuerdo. A lo que nos comprometimos desde el Ministerio es que cualquier sistema que planteemos tiene que venir respaldado por el consenso del sector; pero también del resto de agentes sociales, políticos, territoriales que participen en la definición de ese modelo. Nuestro compromiso con el sector es que tiene que haber un consenso y acordar cuál es el mejor sistema para la tarificación de la red viaria. Este sistema no solo nos va a permitir hacer más sostenible el mantenimiento de la red de carreteras, también va a modernizar nuestra red y nos va a permitir abordar una transformación necesaria que nos haga más competitivos. No hay que olvidar que el transporte por carretera es el principal causante de gases con efecto invernadero en nuestro país.
En qué fase está ese sistema de tarificación. ¿Qué plantea el Gobierno?
Estamos todavía trabajando en la propuesta. Creo que porque es una cuestión que genera inquietud, hasta que no tengamos la propuesta clara y definida, que podamos presentar al conjunto de agentes sociales, políticos y territoriales, es anticipado ofrecer las líneas generales. En unos meses podremos facilitar más detalles e insisto que tendrá que contar con el consenso de los sectores implicados.
¿Pero se ha dicho que tiene que estar 2023 y que nos hemos comprometido con Bruselas?
No, no es así. Dentro de los compromisos que adoptamos con la Comisión, en el Plan de Recuperación, nos comprometimos a aprobar la Ley de Movilidad Sostenible dentro de la Estrategia para la Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. Hay una serie de hitos que vamos cumpliendo: aprobamos hace una semana en el Consejo de Ministros esta Estrategia y estamos a punto de presentar en las próximas semanas la Ley de Movilidad. Ahí se define un marco y el compromiso por trabajar en un sistema que permita la sostenibilidad de nuestra red viaria; ahora bien, no se contempla un periodo definido, la Comisión no nos ha exigido un plazo determinado.
¿Qué puede adelantar de la Ley de Movilidad Sostenible?
La Ley viene a ser el instrumento normativo a través del que aplicar la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. Tenemos tres instrumentos, la Estrategia; el instrumento normativo, que será la Ley; y luego la financiación que son los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Ley pretende ofrecer una visión integral, estructural y transversal de los diferentes modos de transporte para garantizar que la movilidad es un derecho de los ciudadanos. La intermodalidad de transportes tiene que funcionar para garantizar ese derecho y procurar que la movilidad en nuestro país sea cada vez más sostenible y más digital. Esto supone grandes transformaciones tanto en los modos de transporte como en los servicios y en la vertebración entre los territorios.
Somos muy conscientes de los problemas que suscita el reto demográfico y tenemos que cambiar el modelo de un sistema radial a otro en malla. La Ley pretende cambiar esa visión y afrontar los compromisos que hemos asumido en emisiones con Europa y con Naciones Unidas.
Ya se ha inaugurado el AVE entre Madrid y Galicia. ¿Cuáles son los próximos pasos?
No dejamos de trabajar en la red de alta velocidad de nuestro país. Tenemos una red que es de las más potentes a nivel mundial, solo por detrás de China. Hay que reconocer que hemos hecho un trabajo enorme durante los últimos años que nos permite ser exportadores de nuestro conocimiento, de nuestra tecnología y de cómo se presta el servicio de Renfe. Vamos a seguir trabajando en la alta velocidad. Con la puesta en servicio del AVE a Galicia hemos incorporado 119 kilómetros más. Ahora, uno de los retos más inmediatos que tenemos es el túnel que une Atocha y Chamartín, que nos va a permitir conectar a nuestro país. Ir, por ejemplo, de Ourense a Alicante a través de la alta velocidad. También estamos trabajando con el AVE a Murcia y en los diferentes corredores.
También tenemos el reto la movilidad más cotidiana de la gente, las Cercanías. En estos Presupuestos hemos destinado 6.700 millones de euros para líneas ferroviarias. De ellos, el 55% se destina a líneas convencionales y Cercanías. Hay que reforzar la inversión para evitar los incidentes que se producen en Cercanías, yo también he sido usuaria y los he sufrido.
Suponemos que, por la polémica que se ha levantado, se arrepiente de la frase “lo que significa es que la Galicia aislada y brumosa que describía Valle-Inclán hoy, por fin, es historia”, que dijo el día de inauguración del AVE a Galicia.
Fue la utilización de un recurso literario que, sacado de contexto, puede sonar mal. En cualquier caso, a mí me encanta Galicia. Es una tierra magnífica, acogedora, abierta, plural, cosmopolita. Si aquellas palabras ofendieron a alguien, pido disculpas. No era más que la utilización de un recurso de Valle-Inclán, ya está. En mis palabras no había intención de ofender a nadie. Todo lo contrario, quería poner en valor que estábamos en un día histórico.
Hay regiones de la España interior como Cuenca que protestan por la supresión de trenes convencionales. El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho que es una protesta política. ¿Cómo lo ve usted?
No lo entiendo. Este proyecto no debe entenderse como la supresión de una línea de ferrocarril, sino como una estrategia que nos obliga a que seamos rigurosos con el uso de los recursos públicos y con los compromisos medioambientales. Hay que hacer un análisis de las líneas de tren. En este caso concreto, la línea que va entre Aranjuez y Utiel, en un tren de 230 plazas, nos encontramos que, en el tramo más ocupado, lleva a 14 viajeros. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, no ya económica, sino ambiental, porque es un tren que se mueve con diésel, no nos parece la mejor manera de atender a las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Eso no quiere decir que no vayamos a dar respuesta a esos 14 o 17 viajeros, pero hay que hacerlo de la mejor manera, siendo eficientes y sostenibles. Se pueden introducir otros sistemas de transporte, el autobús, el transporte a demanda, etc.
El ferrocarril no es un sistema en sí mismo, es un modo de transporte, el más sostenible pero siempre y cuando su utilización sea óptima. Hay que tener en cuenta que el coste que podamos ahorrar con el funcionamiento de esta línea va a ir a proveer de otros sistemas de transporte alternativos que sean más sostenibles. Por lo tanto, no es una cuestión de ahorro económico, sino de eficiencia en el uso de los recursos, transparencia y sostenibilidad.
En las últimas semanas ha habido críticas al nuevo sistema de precios de Renfe, porque cambian en función del día y de la demanda. ¿Por qué este cambio?
Nos tenemos que plantear cómo podemos realizar una tarificación del tren de una manera ajustada. Estamos en periodo de análisis y vamos a ofrecer alternativas que sean más ajustadas. Me gustaría poner en valor el efecto positivo que ha tenido la liberalización del servicio ferroviario. Eso también es política de transporte y una decisión que nos permite ofrecer servicios como la alta velocidad a precios asequibles para todo el mundo. Es verdad que ha habido cierta controversia con este sistema de fijación de los precios, pero también me gustaría poner en valor que la liberalización nos ha permitido ser más competitivos y que la alta velocidad gestionada por otros operadores sea más barata. Ya conocemos al operador nacional en 'low cost' que es Avlo, también está funcionando Ouigo, y el año que viene se ampliarán nuevos trayectos por parte de Ouigo e Ilsa en el territorio español.
¿Esa liberalización se va a ampliar más allá de la alta velocidad?
De momento estamos con la alta velocidad, pero sí que podría ser una cuestión planteable. Creo que ha funcionado bien, que está dando una respuesta satisfactoria. Tenemos que ser conscientes de que hemos hecho un esfuerzo inversor increíble en infraestructuras en este país y tenemos que optimizar su uso, sobre todo, para dar un mejor servicio, a precios más competitivos y que fomentemos el necesario trasvase modal de la carretera al ferrocarril. Todas aquellas medidas que permitan que eso sea posible iremos avanzando en ellas.
¿Y qué perspectivas tienen en el tráfico aéreo? Antes de Omicron se estaba recuperando.
Teníamos un escenario de recuperación. Habíamos alcanzado el 73% de recuperación de tráfico y es verdad que la variante Omicron va a afectar y se está viendo. Vamos a estar atentos en cuanto a qué impacto tiene. Son circunstancias que no podemos controlar. Lo importante es centrarse en salir de esta sexta ola, en las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en la vacunación, que ha sido un éxito en nuestros padres, hermanos y abuelos y ahora son los niños los que nos van a ayudar a ser más fuertes contra este virus. Ese es el mejor antídoto. El virus sigue estando y adoptaremos todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud de la población y para que la economía no se resienta.
Otra de los focos del Ministerio es la vivienda. La Ley tiene que volver al Consejo de Ministros en las próximas semanas. ¿Será antes de que acabe el año?
Esperamos que sea así, nos falta un informe del Consejo General del Poder Judicial. No hay ningún problema. El anteproyecto se aprobó en primera instancia en el Consejo de Ministros y se sometió a información pública. Nos gustaría que fuera antes de finalizar el año pero si no, en cuanto sea posible. Pero, insisto, no hay ningún problema.
¿Va a haber cambios en el texto?
No hay alteraciones sustanciales del texto. Insisto no es un tema de que haya ningún problema en la tramitación si no, simplemente, a cúmulos de trabajo en los procedimientos. Modificaciones sustanciales no habrá.
Pero le gustaría que fuera al Consejo de Ministros del 28 de diciembre
Claro, me gustaría y vamos a hacer todo lo posible pero, tengo que ser sincera, no lo puedo garantizar.
Unidas Podemos ya ha adelantado que quieren y promoverán cambios al texto que ha propuesto el Gobierno de coalición. Por ejemplo, que el índice de precios que regule los alquileres en las zonas tensionadas se desarrolle en tres meses y no en 18 como pactaron. ¿Aceptará este cambio el grupo socialista? ¿Promoverá otras modificaciones?
El periodo de 18 meses, en cualquier caso, era un periodo máximo. En ningún caso se establecía que tenía que haber un período mínimo de 18 meses. Tenemos que articular el sistema y luego, las comunidades autónomas, proceder a la declaración de áreas tensionadas que es lo que permite la aplicación de esos índices de precios.
Creo que la voluntad de que sea una Ley que reúna los máximos consensos posibles es compartida por este Gobierno, por las formaciones que lo componen. Lo he dicho desde el principio, esperamos incorporar en la tramitación parlamentaria las aportaciones del resto de grupos que refuercen ese consenso. Por lo tanto, ningún problema a que haya una tramitación parlamentaria rica, que redunde en una mejor Ley. Trabajaremos de la mano de Unidas Podemos como lo hemos hecho en el proceso de negociación, que ha sido intenso, largo, pero que ha permitido presentar una Ley histórica que garantiza el acceso a la vivienda de ciudadanos y ciudadanas, con la mirada en los colectivos que son más vulnerables, en la gente joven que tenía prácticamente imposible acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler. Esta Ley va a dar respuestas a esas situaciones.
Pero no es solo la Ley, también hay otros instrumentos en política de vivienda estamos poniendo encima de la mesa: Vamos a aprobar en breve el Plan de vivienda 2022-2025, el bono joven para que los jóvenes tengan una ayuda extra, el Plan estatal para fomento de la vivienda en alquiler asequible, donde nos hemos fijado el objetivo de construir 100.000 viviendas. Son muchos instrumentos que ofrecen posibilidad y garantías en un tema, como la vivienda, que nos preocupaba mucho.
Ha mencionado el bono vivienda para jóvenes. Dijeron que estaría en vigor el 1 de enero, pero aún no se ha aprobado.
Estamos aún en ese periodo de tramitación. El bono está recogido y reconocido en los Presupuestos Generales del Estado, aunque su aprobación sea posteriormente, que por plazos no lleguemos, los efectos van a ser con fecha 1 de enero 2022.
La Ley tiene que aplicarse por las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en vivienda. Las gobernadas por el PP ya han dicho que no la aplicarán. ¿No se podría permitir a los ayuntamientos, por ejemplo, que también pidan la declaración de área tensionada?
Difícilmente, porque la competencia en vivienda es de las comunidades autónomas. Nosotros como Gobierno central definimos el marco general y hemos hecho una Ley valiente pero que, en ningún caso, invade las competencias autonómicas. Hay que ser muy respetuoso. Al Partido Popular le diría que la lean Ley, la analicen, que la estudien y vean si pueden hacer alguna aportación para mejorarla, pero que no rechacen la Ley de entrada y que no hagan que sus ciudadanos y ciudadanas se vean perjudicados por un planteamiento político de oposición frontal que produce una situación de agravio y perjuicio.
Por otra parte, la Ley no solo regula esta cuestión, va más allá. La nueva norma ofrece incentivos fiscales atractivos para que a los pequeños propietarios, que son la mayoría que alquila viviendas en nuestro país, les resulte atractivo contener o bajar el precio del alquiler. No sólo está el instrumento de la declaración de áreas tensionadas o la fijación y limitación de precios que solo se aplica a los grandes tenedores en esas zonas. Son buenas medidas que permiten equilibrar un modelo, un sistema que, clarísimamente estaba desequilibrado.
También es muy importante que nos hemos marcado el objetivo de aumentar el parque público de vivienda. Necesitamos incrementarlo, porque solo introduciendo medidas de regulación en el precio del alquiler no vamos a conseguir dar satisfacción a la demanda. El Partido Popular fue despatrimonializando ese parque de viviendas público. Este Gobierno quiere dotar de un parque de vivienda público potente que no se pueda enajenar y que permita complementar esa demanda que tiene la ciudadanía, especialmente para aquellas familias y colectivos que tienen dificultades de acceso a la vivienda.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, señaló que, si hubiera sido por Unidas Podemos la Ley habría ido más lejos. ¿Cree que esta Ley de Vivienda es la mejor posible o el mejor acuerdo posible entre los socios de Gobierno?
De verdad no creo que el tema aquí sea si la Ley es la mínima a la que han podido llegar por acuerdo los socios del Gobierno. El proceso de negociación ha sido largo y hay que poner en valor esta Ley. Es una buena Ley, a partir de ahí, en la tramitación parlamentaria, buscaremos los mayores consensos posibles.
¿Ha habido presión por parte del sector inmobiliario, de los promotores… para que la Ley no fuera más ambiciosa?
No, ni ha habido presiones ni tampoco nos habríamos dejado presionar. Teníamos muy claro el objetivo al que debía responder esta Ley y, a partir de aquí, hemos articulado esas medidas que no invaden competencias, no suponen un ataque a nadie, no ataca la propiedad privada y ofrecen incentivos para contener el precio del alquiler y fomentar la promoción de un parque público de vivienda. Esas han sido nuestras únicas guías.
Para ese parque público no hay fecha, porque se tarda tiempo en construirlo.
Ya lo estamos ejecutando. Hemos firmado convenios con todas las comunidades autónomas dentro del Plan Estatal de Vivienda vigente. El otro día recordaba con los municipios del área metropolitana de Barcelona que hemos destinado cinco millones y medio de euros para la promoción de viviendas en alquiler asequible y con el ayuntamiento de Barcelona, 11 millones, por poner dos ejemplos, pero están conveniadas 4.769 viviendas financiadas por el Estado y que se encuentran en distintas fases de tramitación dentro del Plan Estatal de Vivienda. Tenemos convenios con entidades locales para zonas tensionadas, que aportará 6.805 viviendas y actuaciones en colaboración con la Entidad Pública SEPES en suelos del Estado, que aportará 13.716 viviendas.
El 28 de febrero decaen las medidas antidesahucios impulsadas con la pandemia. ¿Qué medidas contempla el Gobierno? ¿Prorrogarán el decreto antidesahucios?
Son medidas que venían motivadas por la situación extrema de la pandemia. Lo que nos estamos planteando es de qué manera las medidas que se prevén en la Ley de Vivienda, que no son las mismas que ahora están vigentes, se pueden aplicar anticipadamente, o bien planteamos la prórroga. Hay que analizar en qué circunstancias estamos cuando se aproxime esa fecha.
Se mantiene final de 2022 como fecha para que esté tramitada la Ley.
Nos gustaría que podamos tener una Ley aprobada lo antes posible, pero que no vaya en detrimento del debate y de que sea consensuada.