Los estragos de dos años de reforma laboral en tres casos

Hace dos años que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la reforma laboral, una norma que ha sufrido además sucesivas vueltas de tuerca en los meses posteriores. Desde entonces, el desempleo ha crecido en 256.800 personas, la contratación estable ha caído un 6% –en el último año– y los expedientes de regulación de empleo se han disparado.

Detrás de los números, siempre hay historias personales que reflejan cómo esta reforma ha aumentado la precarización del empleo. Personas con nombres y apellidos cuyas condiciones laborales han empeorado a raíz de aprobarse la nueva ordenación del mercado de trabajo.

Elena. Un contrato de emprendedores que acabó en despido gratis

Elena –nombre ficiticio– tiene 29 años y es una de las caras de los cerca de 163.000 contratos de emprendedores que se han registrado desde la aprobación de la reforma. Esta modalidad es indefinida, pero con un año de despido gratis. Precisamente, a Elena la despidieron cuando llevaba diez meses en su puesto de trabajo y después de una baja médica de tres días por una bronquitis.

“Cuando dije en la empresa que estaba enferma y que la médica me había dicho que necesitaba unos días de baja, me insistieron en cuándo iba a poder reincorporarme. Volví a los tres días, era viernes, y a mediodía el jefe me llamó a su despacho y me dijo que ya no contaba conmigo, que necesitaban un perfil diferente porque la empresa estaba creciendo, pero que muchas gracias por todo”, dice Elena. A sus 29 años tiene una carrera, un máster y un título de especialista, aunque su trabajo era el de auxiliar administrativa.

La empresa era un bufete de abogados de nueva creación en el que comenzaron trabajando cuatro personas y que, a la fecha del despido de Elena, contaba ya con siete trabajadores. Cuando la contrataron, no le dijeron que su contrato era de apoyo a los emprendedores: “Me enteré porque me leo los contratos hasta la última letra, y lo vi”.

Su horario de trabajo se alargaba siempre dos o tres horas más de la cuenta, unas horas extra que nunca le pagaron. “No reclamaba porque sabía que tenía un año de prueba y quería esperar a pasar ese periodo para poder sentarme a hablar de algunas condiciones laborales”.

A los tres días de su despido, otra persona ocupaba su puesto. “Tuve que ir a solucionar una cosa del finiquito y vi a una chica sentada en la mesa”. Pocos meses después de su despido, Elena encontró otro trabajo, pero sólo de unos meses. Ahora, vive de sus ahorros y ha apostado por dos proyectos cooperativos de los que, de momento, no cobra: “Prefiero esto que volver a echar currículums como una loca. Si no sale bien, volveré a casa de mis padres”.

Pepa y Óscar. Sin salida laboral después de un ERE

Pepa Rodríguez y su marido, Óscar Vázquez, trabajaron durante años para el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) como personal laboral. Los dos se quedaron en paro al mismo tiempo, cuando el Ayuntamiento llevó a cabo uno de los primeros expedientes de regulación de empleo en la administración.

La reforma laboral abrió la veda a que el sector público pudiera aprobar despidos colectivos en los que incluyeran también a su personal laboral, y el Consistorio de Estepona aprovechó para despedir a 174 personas por motivos económicos y organizativos. Ni Pepa ni Óscar, que tienen cinco hijos, han encontrado empleo desde que su despido se ejecutara en julio de 2012. Él, ingeniero de telecomunicaciones, emigró a Londres esta semana en busca de una oportunidad.

“Primero nos enteramos de que él estaba despedido. Cuando supe que yo también estaba en el ERE, me derrumbé. Tenemos currículums echados por todas partes, a mí sólo me salen limpiezas de casa por cinco euros la hora. Mi hijo mayor está en la universidad y mi suegra se hace cargo de él. Los demás comemos en casa de mi madre todos los días”, dice Pepa, que es psicóloga y desempeñó varios puestos en los ocho años que duró su trabajo en el Ayuntamiento.

Los trabajadores recurrieron el ERE y rebaten las razones económicas que arguyó el Ayuntamiento. “El año después al despido, el presupuesto para personal aumentó. Además, no ha habido reestructuración de los puestos de trabajo”, argumenta Emma Molina, que también fue despedida de su trabajó en una de las guarderías del municipio y que es portavoz de la plataforma ciudadana '176 y más', que aglutina al personal afectado por el despido colectivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló a favor del Ayuntamiento, y es ahora el Tribunal Superior el que tiene que pronunciarse. Emma ha tenido más suerte y ha encontrado un empleo, aunque su sueldo se ha reducido más de la mitad. Los trabajadores confían en la sentencia del Supremo.

75 trabajadores contra la flexibilidad de una empresa

La reforma laboral quería potenciar la flexibilidad interna de las empresas para evitar despidos. En la planta de UPS, una de las mayores empresas de paquetería, en Vallecas (Madrid), la plantilla lleva ya aplicados tres expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) consecutivos y una rebaja salarial del 54%. La plantilla, que al iniciar la crisis tenía 200 trabajadores y contaba con 75 cuando se aprobó la última reforma, ha recurrido una a una todas las medidas que ha llevado a cabo la empresa.

Los tribunales, sin embargo, han dejado en suspenso los expedientes hasta que no se resuelva una demanda previa en la que denunciaban la venta de la planta al grupo ILC. “El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a nuestro favor y determinó que seguimos perteneciendo a la multinacional”, explica Rosa Torres, presidenta del comité de empresa.

Sin embargo, la empresa recurrió y aún no hay sentencia firme. Hasta que no la haya y los tribunales determinen a qué empresa pertenecen efectivamente, la Justicia no decidirá si las medidas de flexibilidad interna que han denunciado son apropiadas o no.

Mientras, los expedientes de regulación temporal de empleo se han aplicado sin cortapisas. “Ya no hace falta autorización administrativa para nada, ese es el principal problema”, dice Torres, que alude a uno de los puntos más controvertidos de la reforma, la eliminación de la autorización administrativa previa para que las empresas apliquen expedientes de cualquier tipo.

Desde julio de 2012, la planta de Vallecas ha sufrido tres ERTE para casi toda la plantilla. “Quince días antes de acabar el primero, que fue de siete meses y que lo recurrimos a los tribunales, ya aprobaron el siguiente, y lo mismo ha sucedido con el último, que estará en vigor hasta el próximo enero”, explica la presidenta del comité de empresa.

Mientras, los trabajadores van agotando sus prestaciones de desempleo. Será en agosto cuando toda la plantilla haya consumido todo el paro. ¿Qué pasará entonces? “Estaremos en paro y sin cobrar nada y seguiremos sin saber qué será de nosotros”, se lamenta Rosa, que asegura que la situación ha hecho estragos en muchos de sus compañeros. “Estamos muy unidos, la respuesta colectiva te da fuerza. Aun así, hay mucho daño hecho, te hablo de enfermedades, de pastillas para poder dormir, depresión...”, relata.

Toda la plantilla ha creado una caja de resistencia para ayudar a los compañeros con más dificultades económicas y para prepararse para lo que venga. “Hubo gente que llegó a tener que ir al banco de alimentos, y nos pareció algo intolerable –afirma Rosa–, por eso la creamos. Los compañeros que han seguido con trabajo han colaborado con una parte de su sueldo, hemos pedido también a amigos y familia, hemos hecho lotería... Si esto no cambia y dejamos de cobrar el paro, tendremos que tirar de la caja”.