La mayoría del Senado ha respaldado la Ley de Empleo sobre el nuevo SEPE sin que haya prosperado el intento del Partido Popular de evitar que la Inspección de Trabajo vigile las causas de los despidos colectivos, como están reclamando los empresarios. La norma deberá pasar de nuevo por el Congreso dada la aprobación de varias enmiendas al texto en la Cámara Alta. Gran parte de los partidos han retirado sus enmiendas, como el propio PSOE, PNV y EH Bildu, para no retrasar la norma, comprometida en Bruselas como un hito en el Plan de Recuperación para finales de 2022.
La nueva Ley de Empleo transformará el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una nueva 'Agencia Española de Empleo' y retoca las políticas activas de empleo (PAE), con la intención de “modernizar” y hacer más “individualizada” la atención al ciudadano, según ha defendido el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Habrá nuevos “colectivos prioritarios” de atención para las políticas activas de empleo, que buscan sobre todo la integración laboral de las personas desempleadas, y también se ha puesto el foco en facilitar el 'mapeo' de los puestos vacantes en las empresas, con la obligación de que las empresas usuarias de los servicios públicos comuniquen todos sus ofertas disponibles.
Varios de los socios del Gobierno, como ERC, EH Bildu y PNV, han apoyado la legislación en la Cámara Alta por contener “mejoras” aunque han considerado que son “insuficientes” ante el gran reto de desempleo de España, con tres personas paradas y la mayor tasa de paro en la UE, y dada la ineficacia demostrada por las políticas de empleo hasta el momento.
Más vigilancia de la Inspección sobre los ERE
Además, la Ley de Empleo tenía este miércoles un foco de interés importante, alejado del contenido central de la norma. La legislación incluyó en el trámite parlamentario en el Congreso un mayor control previo de los despidos colectivos (ERE) a través de la Inspección de Trabajo, fruto de una enmienda pactada entre EH Bildu y las fuerzas de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, para que la regulación saliera adelante.
Sin recuperar la autorización administrativa previa que había antes de la reforma laboral del PP, la medida supone que la Inspección de Trabajo tendrá entre sus competencias la vigilancia de las causas de los ERE. Así, podrá emitir desde su origen un informe preceptivo sobre si la empresa cumple con la justificación necesaria para aplicar un despido colectivo.
En caso de que no sea así, la Inspección no podrá echar atrás el ERE, es decir que no tiene poder de veto del expediente de despido colectivo, pero su dictamen puede utilizarse para impugnarlo en los tribunales.
La modificación enfureció a las patronales de empresarios, que se levantaron contra el Ministerio de Trabajo porque insisten en que este tema no se incluyó en la reforma laboral, por lo que consideran una “traición” al acuerdo con el Gobierno y los sindicatos. Con esas mismas palabras se ha referido el Partido Popular en el Senado a esta medida, sobre la que se abstuvieron en el Congreso.
Los 'populares' han criticado este miércoles al Ministerio de Yolanda Díaz por incluir “por la puerta de atrás” la medida, sin diálogo social y “traicionando” el acuerdo de la reforma laboral, legislación sobre la que votaron en contra en el Congreso (salvo el diputado Alberto Casero, por error, lo que salvó la norma).
El propio PSOE había incluido una enmienda al proyecto de ley del Ministerio de Trabajo sobre este artículo y, aunque no tocaba las competencias de vigilancia de la Inspección, añadía que la autoridad laboral presentaría en la mesa de diálogo social “un informe anual sobre la resolución de los despidos colectivos que le han sido comunicados” para debatir con empresarios y sindicatos.
El Partido Socialista ha retirado finalmente la enmienda, al igual que formaciones como Más País, PNV y EH Bildu, lo que dejaba la vía más despejada a la norma para salir adelante de inmediato, sin tener que pasar de nuevo por el Congreso. El Gobierno comprometió en Bruselas que tendría aprobada la legislación a finales de 2022. Sin embargo, partidos como Teruel Existe han mantenido sus propuestas, algunas de las cuales han sido aprobadas y fuerzan al texto legal a pasar de nuevo por el Parlamento antes de ser aprobado definitivamente.
El Proyecto de Ley había recibido también una propuesta de veto, de Vox, que tampoco ha prosperado. El partido de extrema derecha ha defendido este miércoles que las mujeres no sean reconocidas colectivo prioritario, con “los mismos derechos y obligaciones que los hombre”, al negar sus mayores dificultades de inserción laboral, una desigualdad probada por estudios y los propios datos de empleo.