La subestimación del INE de la economía en 106.000 millones esconde un balance de la legislatura aún más positivo

El balance de la gestión económica del Gobierno de coalición durante la última legislatura es mejor incluso de lo que dicen las cifras oficiales. La brecha entre la Contabilidad Nacional del INE (Instituto Nacional de Estadística) y la evolución de los datos registrados de creación de empleo, de aumento de las ventas de las empresas o de la recaudación de impuestos evidencia que no están justamente medidos por el PIB (Producto Interior Bruto). Y resaltan la eficacia de las respuestas políticas a la pandemia, primero, y a la invasión rusa de Ucrania, después. Dos shocks tan históricos como imprevisibles, con el desastre de la erupción del volcán de La Palma mediante.

Como vienen explicando los estadísticos Miguel Artola y Paco Melis en elDiario.es desde hace meses, las positivas cifras del mercado de trabajo, que recoge la Seguridad Social, y las de la actividad corporativa y de ingresos fiscales, que reúne la Agencia Tributaria, apuntan a que el PIB está subestimado en varios puntos porcentuales. Con datos a cierre del primer trimestre de 2023, exactamente, este diferencial es de 8 enteros. Dicho de otra manera, faltan algo más de 106.000 millones de euros en la Contabilidad Nacional.

Este fallo en el cálculo se traduce automáticamente en que España tendría actualmente menos déficit que Alemania, un endeudamiento inferior al de Francia y margen para subir impuestos a los ricos y a los sectores que han aprovechado la inflación para elevar sus beneficios, como la banca o la energía. Y, del mismo modo, significa que la economía concluyó la reconstrucción del golpe de la COVID hace tiempo, y que en estos momentos supera sobradamente los niveles de 2019.

En el relato oficial, el INE confirmó recientemente que el PIB de nuestro país recuperó el nivel previo a la pandemia entre enero y marzo de este año, tras crecer un 0,6% frente al último trimestre de 2022, y rebotar un 5,5% el año pasado y otro 5,5% en 2021, después del hundimiento de 2020. Fue justo desde ese momento, de crisis inédita y profunda, cuando el cálculo del PIB del INE y la evolución de otros indicadores económicos importantes, que siempre habían ido de la mano, se separaron.

Esta falta de correlación choca con los comportamientos lógicos y predecibles de las diferentes variables: cuando la economía crece, aumentan las personas con trabajo y el Estado ingresa más dinero por el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades... Esta norma se ha cumplido siempre, con muy leves variaciones. “Hasta ahora, si nos creemos los datos del INE”, advirtió Ignacio Escolar, el director de elDiario.es, en un análisis publicado en mayo de 2022.

Por ejemplo, desde 2020, la recuperación del PIB se desacopló del ritmo de creación de empleo. Se quedó extrañamente atrás. El PIB suma todo lo que se produce legalmente en un país (teniendo en cuenta a las empresas, al sector público, a los trabajadores y autónomos, los impuestos, las pensiones...) y es la principal vara de medir la actividad en las economías desarrolladas. Por supuesto, es un indicador imperfecto. Además, fue sometido a una incertidumbre desconocida por la hibernación de gran parte de las relaciones sociales y económicas durante meses por la pandemia y la irregular reactivación posterior, que la guerra en Ucrania no hizo más que complicar. Pero algo no cuadra. Peor, está totalmente distorsionado.

Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social rozan los 21 millones actualmente, un récord. La protección del empleo con la financiación de los ERTE por parte del Estado impidió que el paro se disparase en 2020 y preparó el terreno para el aumento de las contrataciones posteriores, con el rebote de la actividad y el despliegue del Plan de Recuperación. Además, la reforma laboral que el Gobierno aprobó en 2021 consiguió que el dinamismo del mercado laboral coincidiera por primera vez con una caída en picado de la temporalidad, a lo que el Ejecutivo añadió la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Ambos factores han sido claves para que las familias (y por tanto el consumo) hayan soportado el 'mordisco' de la inflación al poder adquisitivo desde 2021.

Pues este crecimiento del empleo ha abierto una brecha insólita de 8 puntos porcentuales con la evolución del PIB. Una diferencia que los expertos solo pueden relacionar con una subestimación de la actividad económica en general. Mientras el número de afiliados a la Seguridad Social en nuestro país es un 8% superior al momento previo a la pandemia, con datos hasta julio, el Producto Interior Bruto apenas acaba de completar la reconstrucción tomando la misma referencia, el cierre de 2019.

¿Fraude fiscal negativo? “Es absurdo”

Esta brecha es todavía mayor entre la evolución de las bases imponibles de todos los impuestos de la Agencia Tributaria (el dinero total sobre el que el Estado grava) y el cálculo del PIB del INE. La diferencia ha ido creciendo y creciendo, y es ya un abismo de 18 puntos porcentuales. Es decir, el PIB no está recogiendo el fuerte incremento de los ingresos fiscales respecto al nivel previo a la pandemia, que si en una parte se explica por la inflación, en su mayoría responde al aumento de la actividad. En definitiva, más contratos, más consumo, más inversión son más impuestos que se pagan. Es cierto que también los precios y salarios más altos suponen más recaudación, pero el Banco de España admitió recientemente que la inflación explica menos de la mitad del crecimiento de los ingresos fiscales.

Esta brecha está favoreciendo incoherencias económicas como la que señalaba Miguel Artola sobre los datos consolidados del PIB de 2021 publicados por el INE a finales de junio: “El gasto sujeto a IVA medido por las estadísticas de la Agencia Tributaria aumentó en más de un 20%, mientras que el PIB lo cifra en algo menos de un 13%”. En otras palabras: “La recaudación por IVA supera con creces la que teóricamente se podría obtener en España si uno creyera en los datos del PIB”, continúa Artola.

“Teniendo en cuenta que la Comisión Europea vigila de cerca la recaudación de este impuesto, podemos adelantar que, si no cambian las cifras, España aparecerá con fraude negativo [como si se hubiera pagado más de lo que corresponde] en el próximo informe sobre la brecha en la recaudación del IVA. Esto sería un hecho estadístico inédito tan absurdo que de producirse, causará vergüenza de propios y extraños”, explica.

Hay más rupturas estadísticas llamativas. O más bien, inverosímiles. Es el caso de la evolución del empleo, de las ventas interiores y del consumo de cemento en el sector de la construcción, según la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ministerio de Industria, y los datos de la formación bruta de capital fijo en construcción (la inversión) de la Contabilidad Nacional del INE. La brecha es de 18 puntos y, en este caso, no se ha gestado solo desde 2020, se observa ya desde antes. Distintos expertos consideran que ajustar este diferencial supondría un aumento de 2 puntos porcentuales en el nivel del PIB.

El INE también arrastra problemas para reflejar la evolución del consumo. El gasto privado (de las familias) según la Contabilidad Nacional aumentó un 8% entre 2015 y 2018, en línea con los indicadores de ventas o empleo.

Desde 2019 al primer trimestre de 2023, algo vuelve a fallar. Lo que se observa en el detalle del PIB del INE es que el consumo ha caído un 3%. Pero, de haber seguido más estrechamente a los indicadores de empleo o ventas, como antes de la pandemia, hubiera aumentado hasta un 8%. La brecha es de alrededor de 10 puntos y, según distintos estadísticos consultados, supondría un incremento de 6 puntos porcentuales en el nivel del PIB (80.000 millones de golpe).

Si, en un futuro, el INE acaba ajustando estos errores y se eleva el PIB de España, muchas cuestiones relevantes cambiarían. Una de las más sorprendentes es que el déficit de nuestro país en 2023 sería inferior o cercano al de Alemania, y por supuesto estaría muy por debajo del de Francia y del de Italia. Con los datos de la Contabilidad Nacional actuales, la OCDE espera que el país de la ortodoxia y la disciplina fiscal rebajará su desequilibrio presupuestario (la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos) al 1,8%, y que el de España se quedará en el 3,5%. Una foto más favorable para nuestro país nos dejaría en una posición privilegiada para negociar las nuevas reglas fiscales de la UE, que se aplicarán a partir de 2024.

Asimismo, una actualización del PIB reduciría el endeudamiento, marcando distancia con Francia. Este indicador, que relaciona la deuda pública y la actividad económica, es lo primero a lo que se atiende para juzgar la capacidad de un Estado de hacer frente a sus compromisos financieros.

Esta ratio depende tanto del numerador (la deuda) como del denominador (el PIB). Por eso, aunque la deuda pública total sigue aumentando, el endeudamiento disminuye por el crecimiento económico y se encuentra en el 112,4%, 0,8 puntos porcentuales por debajo del 113,2% de cierre de 2022 y es cerca de 10 enteros inferior al máximo de 2020, con las cifras del INE. Según el ajuste al alza de los indicadores de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, este carga es en realidad menos grave.

Otra cuestión crucial es que la presión fiscal (lo que recauda el Estado respecto al PIB), que según la Contabilidad Nacional es de un 40% aproximadamente, por debajo de la media de la eurozona, sería mucho menos elevada, dejando margen al Gobierno que salga de las elecciones de este 23 de julio para subir impuestos a grandes fortunas o las grandes empresas y favorecer las políticas sociales y la lucha contra la desigualdad.