Teresa Ribera: “Vamos a regular inmediatamente para que no se vacíen los embalses”
“Estamos en los años más convulsos de la transformación del sistema energético”, avisa la vicepresidenta Teresa Ribera (Madrid, 1969). La sucesión de récords en el mercado mayorista de electricidad aún no se nota en la factura doméstica: “Hasta ahora, gracias a los cambios en la fiscalidad, los consumidores estamos pagando lo mismo o un poco menos”, asegura Ribera, que también teme que esta tendencia de subidas récord no remita a corto plazo: “Por lo menos hasta Navidad tenemos que estar muy atentos a esta evolución” para que esta “tormenta tremenda, pero coyuntural”, tenga “el menor impacto posible”.
La vicepresidenta también ve “mucho interés público” en que una empresa estatal gestione las hidroeléctricas según caduquen las concesiones, pero asegura que esto no supondría un “cambio relevante” en la factura. “Yo hubiera mantenido una participación del Estado en un sector estratégico tan importante como la energía”, afirma Ribera. “A posteriori, recuperar una empresa así requiere adquirirla al precio al que cotiza en bolsa, y me pregunto si eso es lo más inteligente”.
Casi cada día el precio de la electricidad toca un nuevo récord. ¿Cuándo va a terminar esto?
La evolución del precio en el mercado mayorista es muy importante, pero para el ciudadano de a pie lo importante sobre todo es cuál es su factura eléctrica. No es lo mismo. El mercado mayorista está subiendo por el precio del gas natural y la cotización del CO2. La pregunta se contesta imaginando en qué momento se estabiliza ese desajuste tan grande entre una altísima demanda de gas que los productores todavía no son capaces de abastecer. Tenemos un margen de incertidumbre. Hay que ser previsores y proyectar el modo en que esto tenga poco impacto en nuestra factura, calculando que por lo menos hasta Navidad tenemos que estar muy atentos a esta evolución.
Hay una diferencia entre el precio mayorista y el de la factura doméstica. ¿Cuál es el impacto de esas subidas en las tarifas medias que están pagando los españoles y cuál puede ser en los próximos meses?
Gracias al cambio en la fiscalidad, con la suspensión parcial del IVA y del impuesto de generación, para las personas con una especie de tarifa plana, que pagan siempre el mismo precio, probablemente se ha vivido una reducción. Y aquellas personas que tenemos una tarifa indexada directamente al mercado mayorista, hasta ahora estamos pagando lo mismo o un poquito menos, gracias a la reducción de impuestos. Si siguiera creciendo el precio en el mercado mayorista y no adoptáramos más medidas, podríamos ver un incremento para aquellas personas que tenemos tarifa regulada de aquí a fin de año. Nuestro esfuerzo es que rápidamente se acaben de adoptar las medidas que están en el Parlamento y culminar el trabajo en el que venimos estando concentrados todo el verano para incorporar un paquete adicional, que mitigue el impacto en lo que queda de año.
Más allá de que “la empatía no cotice en bolsa”, como criticó en el Congreso, ¿no tiene más margen el Gobierno para limitar los beneficios de las eléctricas que usted califica como excesivos?
En eso hemos estado concentrados, porque se ha producido esta paradoja: un incremento del precio del mercado mayorista activa un incremento de los beneficios de las empresas. Hay que aplicar todas las medidas que permitan depender menos de ese mercado, fijar precios por otra vía, con otro tipo de contratación bilateral: subastas al margen del mercado mayorista. O recuperar parte de esos beneficios para que los disfruten los consumidores, y que este vea aplacada su factura. En eso estamos trabajando: que el impacto del precio al alza del mercado mayorista no represente un impacto en la factura de los consumidores.
No es que cuestionemos el diagnóstico de Unidas Podemos, sino que la terapia que proponen es peligrosa
Su socio de gobierno, Unidas Podemos, le pide fijar precios a la energía nuclear y a la hidráulica. ¿Por qué discrepa de estas medidas?
Todos sabemos que hay que trabajar para que el coste de las nucleares y la hidroeléctrica, que es mucho menor, permita reducir la factura. Pero lo que ellos proponen es contrario a la regulación europea. Y nuestra experiencia es que eso termina en sanción, y con la obligación de devolver las cantidades, o pagar multas. Además genera desconfianza en los inversores. No es que cuestionemos el diagnóstico, sino que la terapia que proponen es peligrosa. Y hay medidas que pueden conseguir un efecto muy parecido y son compatibles con el marco comunitario.
Lo hemos visto con las subastas de renovables. Nosotros no fijamos el precio, pero aquellos que quieran vender sus renovables tienen la oportunidad de ofertar con una subasta a un precio promedio mucho más bajo. En la primera de 2021 eran 25 euros el megavatio, comparado con los 140 euros que estamos viendo ahora. Y hay margen para recuperar algo que ya existía en nuestra legislación: las subastas de energía primaria. Que los operadores relevantes del mercado deban ofertar un volumen de electricidad para facilitar más competencia, a un precio distinto, y quien quiera pueda pujar ofreciendo a qué precio la compra. No prohibimos el acceso al mercado de tecnologías concretas, ni el Gobierno fija el precio. Son los actores los que ofertan a qué precio están dispuestos a comprar. Queremos ensayar todas las medidas que puedan permitirnos precios diferentes a los del mercado mayorista, respetando el marco comunitario.
Ha puesto en marcha dos proyectos de ley para reducir el precio, ha rebajado varios impuestos, pero admite que el gas y el CO2 van a seguir subiendo. ¿Tienen algún otro plan, por si la situación se complica aún más?
Venimos todo el verano trabajando en el siguiente paquete que espero llevar a Consejo de Ministros en las próximas semanas. Algunas de cobertura social, como la consolidación de un suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables: que les quede siempre un mínimo garantizado por parte de los proveedores de electricidad. También vamos a trabajar en esos otros mecanismos de subasta para fijar precio al margen del mercado mayorista. Y estudiamos prolongar algunas de las medidas de suspensión fiscal, junto con alguna otra que estamos acabando de explorar. Y hay otra cuestión importante que queremos también llevar cuanto antes a Consejo de Ministros, en torno al debate de la hidroeléctrica, relevante desde el punto de vista del precio de la electricidad, ambiental y social, como hemos visto este verano. Es imprescindible que el Gobierno reaccione con medidas.
Se vacían los embalses en pleno agosto con riesgo ambiental y en un momento en el que puede hacer falta esa agua.
Es tremendo. Con riesgos de todo tipo: medioambiental, para el ecosistema fluvial, de impacto social... al margen de la mala gestión que representa que ese agua se contemple solo como un bien económico que se turbina cuando se desea y ya está.
¿Pueden regular que no se vacíen los embalses de esa manera? ¿Lo van a hacer?
Sí, inmediatamente. Es muy importante fijar cuotas mínimas, una especie de caudal ecológico para los embalses. Algunos lo tenían, pero muchos no. Y regular la operativa mes a mes: que no haya posibilidad de turbinar toda el agua que me parezca cuando mejor me parezca. Eso limita de forma muy clara y obvia la calidad del agua en el embalse y genera procesos de eutrofización, problemas para los peces, en el paisaje y en otros usos recreativos que no forman parte de concesiones de agua, pero son importantes para el entorno.
Hablaba el otro día en el Congreso de que va a seguir dando la batalla en Bruselas. ¿Qué medidas quiere plantear o ha planteado?
Estamos insistiendo y es un momento muy adecuado para este debate. La política energética de Bruselas ha sido muy efectiva para facilitar que los inversores apuesten por soluciones más limpias y eficientes. Esto está funcionando. Pero en el centro de la orientación de las políticas energéticas estaba facilitar el cambio de modelo, que ya se ha producido. Y es muy importante que en el centro esté el interés de los consumidores, para beneficiarnos cuanto antes de energía barata y limpia. También para liberar recursos para acompañar otras políticas públicas.
Vistos los futuros del mercado mayorista para final de año, hablaba usted de la Navidad, ¿teme que esta situación pueda derivar en un estallido social como los chalecos amarillos en Francia?
Espero que no. Me gustaría invocar algunos elementos de credibilidad. Se nos ha olvidado ya porque ha pasado muy deprisa, pero en junio de 2018 teníamos a las comarcas mineras y los pueblos con centrales térmicas de carbón en una situación muy complicada. Nadie les había hecho caso y había un riesgo de estallido porque era el centro de riqueza de las comarcas y no se veía horizonte o alternativa. Nosotros llegamos con la convicción de que esto no es posible. A la gente hay que facilitarle alternativas y buscar el modo en que una transformación tan rápida, incluso en un momento tan convulso, donde pasan tantas cosas, cuente con el respaldo de las instituciones para hacerlo socialmente llevadero y que los ciudadanos disfruten sus beneficios. Eso hemos intentado hacer. Por eso tomamos una decisión muy rápida respecto a la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica y la reducción del IVA.
Este paquete de cara a fin de año, sabiendo que es probable que el gas natural siga subiendo, tiene que completarse no solo con lo que está en tramitación. Hemos pedido a los grupos parlamentarios que aceleren. Pero probablemente requiera las medidas extra que estamos ultimando para llevar a Consejo de Ministros inmediatamente.
También hemos hecho un esfuerzo para incentivar al máximo la eficiencia o facilitar el apoyo al autoconsumo o las comunidades energéticas locales. Es muy importante, y en esto contamos con las comunidades autónomas. Lo tenemos que repasar para que sea mucho más intuitivo, diligente y sencillo, que no sea complicada la burocracia.
¿Puede explicar en qué consistirá ese suministro mínimo vital? ¿Se va a ampliar la categoría de consumidores vulnerables?
Se trata de que los consumidores vulnerables pueden tener derecho a mantener un mínimo de suministro eléctrico en sus hogares, para garantizar que las familias no se queden sin nada. Por ahora, gracias al escudo social, esta situación no se ha planteado. Es importante trabajar para que ocurra lo que ocurra con el escudo social, esta situación pueda ser paliada a través de esa figura del suministro mínimo vital. Las personas que más necesitan estas medidas de apoyo muchas veces no son titulares de contratos de electricidad. Viven varias en un mismo edificio y a lo mejor el contrato es del propietario y están subarrendadas. Trabajamos con el Ministerio de Inclusión para ver cómo acabar de completar el acceso a ese suministro mínimo vital de esas personas que sin ser titulares de un contrato, pueden estar en una situación de necesidad y están identificadas como beneficiarios del IMV.
Ha pasado de no tener claro que una empresa pública pudiera ayudar a la transición energética a ponerla por lo menos sobre la mesa. Unidas Podemos ha presentado una proposición de ley. ¿Qué potencial tiene, qué plazos maneja para ponerla en marcha?
Siempre me he mostrado abierta a la posibilidad de que una empresa pública gestione las plantas hidroeléctricas según van terminando las concesiones. No me parece una mala idea. Tampoco creo que tenga por qué ser todo así. También puede ser una oportunidad para facilitar autoconsumo en pequeños municipios próximos a pequeños saltos de agua, en esa otra dimensión de reto demográfico. Y en ocasiones puede ser interesante sacar a concurso una concesión, pero en condiciones del siglo XXI y no de los años 50. Pero no es una mala idea que exista una empresa especializada en un grupo de empresas de titularidad pública que gestione los saltos.
Sí es importante entender que eso no le va a eximir del régimen europeo. Hay empresas públicas muy importantes en países de nuestro entorno, como Enel en Italia o EdF en Francia, a las que les toca aplicar el mismo régimen que al resto. Y en Italia, el precio es en general más alto que en España. En Francia, depende. Es interesante ver qué recorrido tiene esto, porque hoy el agua no solo sirve para generar electricidad, también puede ser una especie de almacenamiento que dé respaldo a otras fórmulas de generación renovable. Pero no es muy acertado pensar que pueda tener un papel relevante en la determinación de un cambio significativo de los precios del mercado.
Más de la mitad de las principales empresas eléctricas del mundo son de titularidad pública o con participación estatal. ¿Cree que España cometió un error privatizando completamente este sector? ¿Estaríamos mejor hoy si existiera una gran empresa pública gestionando la electricidad?
Es complicado hacer un análisis retrospectivo de qué hubiera sido el país en otras circunstancias. Y a veces puede ser injusto. Mi inclinación natural es que en sectores estratégicos, por razones estratégicas, nos puede interesar una participación pública. A partir de ahí nos tenemos que remontar a hace veintitantos años, cuando se plantea este debate. En España en muy pocos años se produjo una privatización masiva de las participaciones del Estado en empresas potentes en sectores estratégicos. Compañías que eran solventes y viables. Ocurrió con la electricidad, con el petróleo, el transporte marítimo con Transmediterránea, con Iberia...
A la inversa, se puede decir lo contrario. Acabamos de ver cómo cierra Alitalia. Son siempre decisiones que responden a variables que descontextualizadas, tendemos a leerlas de modo diferente. Yo hubiera mantenido una participación del Estado en un sector tan importante como la energía. A posteriori, recuperar un peso del Estado en una empresa así, que cotiza en bolsa, requiere adquirirla al precio al que cotiza. Y me pregunto si eso es lo más inteligente respecto a los recursos presupuestarios del Estado, cuando se trata de sectores altamente regulados. Debemos poder orientar a través de la regulación el modo en que funcionan, que es el debate de estos días.
¿Es partidaria de la ampliación del aeropuerto de El Prat? ¿Es compatible aumentar el número de vuelos con los compromisos de reducción de emisiones de CO2?
En general la movilidad y la aviación están cambiando. Debo ser prudente, porque nos tocará conocer y entender el proyecto. De entrada sabemos que tiene interrogantes, tiene dificultades que hay que ver si lo hacen viable o no. Pero no conozco el proyecto concreto. Hasta la fecha el compromiso que llega es que será viable en la medida en que lo sea ambientalmente. Tenemos que concentrarnos cuando tengamos el proyecto delante para ver si es viable ambientalmente y en qué condiciones.
No me refiero tanto a la protección de espacios naturales, que entiendo será así, sino a que se destine dinero público a este método de transporte cuando el Gobierno se ha comprometido a reducir las emisiones y no existe una tecnología alternativa al CO2 para la aviación. ¿Va a haber más transporte por avión en España en el futuro o va a haber menos?
Ha habido cierta contención del transporte aéreo previa a la pandemia en los vuelos de medio rango en Europa, en paralelo a una apuesta por la innovación en el modo en que se vuela y por reducir la carga de las emisiones, el ruido, el peso ambiental. Y hay una alteración de los patrones culturales de movilidad. Esto hace que nos tengamos que plantear preguntas como esa. También entiendo que en el supuesto de que todo aquello fuera compatible con la ampliación de un aeropuerto, en gran medida requeriría una estructura financiera detrás que no depende de los presupuestos públicos.
No se trata de carne sí, carne no. Se trata de ver cómo integramos un equilibrio que tiene que responder a un mejor comportamiento ambiental, un mejor estado de salud y una mejor renta de los agricultores y las explotaciones
¿Qué opina del debate sobre el consumo de carne, más allá de la salud? Le pregunto por el impacto medioambiental. Hay una relación directa entre la producción ganadera intensiva y las emisiones de CO2. ¿Cree que habría que reducir el consumo de carne?
Hace mucho tiempo, de manera quizá intuitiva y asociada a la salud y no tanto a las cuestiones ambientales, nuestros nutricionistas nos insisten en los buenos hábitos alimentarios: recuperar esa dieta mediterránea con más legumbres, menos ingesta de carne roja, más verduras. No se trata de carne sí, carne no. Sino de ver cómo integramos un equilibrio que responda a un mejor comportamiento ambiental, un mejor estado de salud y una mejor renta de los agricultores y las explotaciones. Esto conecta con cómo facilitar los cambios de patrones culturales, como con la aviación, con una respuesta adecuada para transformar el sector económico que está detrás. Que no suponga una pérdida de empleo ni oportunidades.
¿Cómo valora lo ocurrido en el Mar Menor?
Es enormemente simbólico y doloroso. Es una catástrofe que hemos visto fraguarse a fuego lento, con una negación de la realidad, una permisividad y una dificultad importante cuando se ha producido la reacción para acometer las respuestas que se requieren. Me alegra que el Gobierno de Murcia anunciara que rápidamente iba a adoptar un decreto ley imponiendo limitaciones muy importantes al uso de fertilizantes nitrogenados y acelerando la culminación de los procedimientos de infracción que llevaban en sus manos demasiado tiempo. Ha habido un esfuerzo muy grande por identificar las ilegalidades que han generado el problema. Es posible que, de cara a la recuperación, como en episodios parecidos en Estados Unidos, necesitemos un esfuerzo muy grande. Pero es absurdo pensar en hacer nada con éxito si no paramos desde ya, de manera drástica, la aportación de las sustancias que están detrás.
Hay que eliminar lo que es ilegal y hacer un esfuerzo para transformar una zona muy amplia, utilizar otro tipo de recursos y disminuir la carga. Cuando aprobamos la declaración del acuífero en riesgo químico, en junio de 2020, llevábamos tiempo trabajando en ello y fue desesperante ver cómo el Gobierno de Murcia votaba en contra. Pero se adoptaron medidas cautelares muy relevantes para las que se necesita la implicación de la autoridad agraria y ambiental, que es regional.
Nosotros preferimos trabajar coordinadamente, pero –sea o no sea así– el Gobierno va a seguir actuando con celeridad y contundencia en nuestras competencias, en agua y costas.
¿Y es recuperable?
Si se les deja tranquilos, los ecosistemas tienen una capacidad de recuperación importante, aunque lleve tiempo. La situación del Mar Menor es muy mala. Dramática. Estamos estudiando una petición de las organizaciones ecologistas para declarar la zona como un ecosistema en riesgo de desaparición, aplicando la Ley 42/2007 de Protección de la Biodiversidad.
El acuífero está en muy malas condiciones. La Confederación sacó a concurso una licitación para construir un plan completo de restauración, y habrá que ver cómo se interviene. Algunos técnicos consideran que va a ser imposible recuperarlo si no se le ayuda con un bombeo y es posible que tengan razón, pero hay que ver los términos, condiciones y medidas adicionales. Sabiendo que aplica lo que hemos dicho. Si el agua con la que se riega está cargada de fertilizantes y drena al acuífero es absurdo pensar que podemos recuperarlo solamente bombeando el contenido.
¿Qué opina de esa propuesta que hace el Gobierno murciano de dragar una zona para que entre agua del mar?
Hemos oído dos tipos de propuestas llamativas. La de Vox, básicamente, supone abrir una especie de coladero para que pueda salir el agua, y esto es diluir el Mar Menor en el Mediterráneo. Deja de existir y no hay nada por lo que preocuparse. Y luego está la del Partido Popular de dragar la gola, la salida. El Instituto Español de Oceanografía considera que no serviría. No facilitaría una solución rápida al problema. Es dudoso que tenga ningún tipo de eficacia.
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