Este domingo se cumplen dos años desde que Euskadi asumió finalmente la competencia de Prisiones, prevista en el Estatuto de 1979. Y sus consecuencias van mucho más allá de lo que sucede con los presos de ETA. En este tiempo, se han recibido 656 solicitudes desde cárceles controladas por el Gobierno de España -no incluidas las catalanas- y 384 han tenido que ser denegadas. De hecho, se han autorizado 261 salidas desde Zaballa, Basauri o Martutene a prisiones de otros lugares, más que las 242 entradas. La falta de personal y el hecho de que la nueva cárcel de Zubieta en Gipuzkoa -más grande y moderna que el viejo penal de Martutene- no vaya a estar operativo hasta 2024 hacen que en la red autonómica tenga un “grado de ocupación” que “supone un tensionamiento” y una incapacidad para “absorber toda la demanda de traslados”, según consta en un informe del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, sobre la que ha recaído la nueva competencia.
El traspaso acordado con el Estado supuso la cesión de 675 plazas de funcionarios y laborales. En ese período ha habido jubilaciones y ahora se admite la existencia de 42 plazas desocupadas. Por el contrario, se ha creado una bolsa de interinos. Hay 70 incorporaciones por esta vía. En todo caso, con esa cifra de partida ya había un déficit estructural, fundamentalmente porque el nuevo recinto de Zaballa, el más grande de Euskadi, se dotó con el mismo personal que el viejo edificio de Nanclares de la Oca.
Hace dos años, la Administración autonómica llegó a un acuerdo transitorio con el sindicato ACAIP-UGT para ofrecer un margen hasta la Navidad de 2023 con unas condiciones laborales continuistas del marco estatal anterior. Ahora ha llegado ya la hora de negociar el primer convenio de los funcionarios de Prisiones y, según Juan Carlos Díaz, coordinador de esta central en Euskadi, la primera oferta de crear 128 plazas nuevas es “insuficiente”. “En Zaballa, para poder tener todos los módulos operativos, se precisarían 80-90 personas más. Con 128 no cuadran los números, porque hay que abrir Zubieta y la plantilla actual de Martutene será claramente insuficiente”, sostiene. Además, además de la plantilla estructural, hay que definir horarios, retribuciones y hasta hacer las primeras elecciones sindicales de la nueva etapa. Están previstas para el 28 de noviembre.
El traspaso incluyó las tres cárceles operativas, rebautizadas como Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, más la vieja de Nanclares de la Oca. Eso sí, se acordó que el Estado completaría de su bolsillo las obra de Zubieta, que acumulan años de retraso, y que la entregaría a su término. De su lado, el Gobierno vasco 'devolverá' Martutene y el Estado ya tiene comprometida su cesión a la ciudad de Donostia para operaciones urbanísticas similares a las planteadas para los cuarteles del Ejército en Loiola. Creen los responsables autonómicos de Prisiones que “la finalización de la construcción del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa podría ser efectiva a finales del presente año”. Ahora bien, se avisa de que no habrá una inauguración “inmediata” porque hay que equiparla y hacer pruebas. El traslado “podría producirse en primavera de 2024”.
“Se espera que la capacidad operativa máxima aumente razonablemente con la puesta en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa y con la nueva relación de puestos de trabajo en tramitación”, augura el Ejecutivo. Eso sí, como adelantó este periódico, desde primavera existe un acuerdo con el Gobierno central para limitar los traslados. Y es que los 1.577 presos, aunque son menos que a principios de año, todavía superan en bastante el nivel “operativo” actual, de 1.283. El escenario óptimo sería bajar hasta 783. El Gobierno se apresura a aclarar, eso sí, que estos datos elevados no son fruto de un problema de criminalidad sino de gestión penitenciaria.
Indica el informe sobre los dos años de gestión que en Basauri han sido necesarias también obras por valor de un millón de euros. De hecho, en verano 44 presos tuvieron que ser enviados temporalmente a centros del Estado por unos trabajos en una zona muy concreta. Incluso se han acometido mejoras temporales en Martutene a pesar de tener fecha de caducidad. Eso sí, no hay de momento un destino para las viejas instalaciones de Nanclares de la Oca, aunque se han tenido que realizar labores de mantenimiento para evitar su deterioro. El Gobierno asegura que su plan de infraestructuras busca dotar a los centros de espacios para formación o para madres.
En Euskadi, a 11 de septiembre, hay 1.577 reclusos. Son 869 en Zaballa, 385 en Basauri y 323 en Martutene. Son 127 mujeres, el 8%. En España son el 9% y en Europa el 5%. Hay 496 de origen extranjero. Este 31% es más que el 27% del Estado y el 25% de media europea pero menos del 50% de la red catalana. Hay 11 mayores de 70 años y 17 menores de 20. Son 142 los presos de ETA y en los centros vascos cumplen condena igualmente por corrupción Iñaki Urdangarin o tres excargos del PNV como Xabier Sánchez Robles, Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano. Solamente hay dos presos en primer grado, mientras que 425 tienen reconocido el tercer grado. A través de la agencia Aukerak de trabajo penitenciario ('oportunidades') se busca “aumentar la ratio de personas internas ocupadas hasta un 50%” e incluso se ha diseñado un modelo de retribuciones por servicios tan dispares como la panadería o ser preso de confianza, la sombra de recluso con riesgo de suicidio, por ejemplo. También se han cerrado convenios para que los convictos puedan disponer de atención religiosa católica, islámica y evangélica.
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