Juana Balmaseda, presidenta de la comisión que analiza los posibles casos de violencia policial ocurridos en Euskadi entre 1968 y 1999, anunciará este miércoles en el Parlamento Vasco que otras 93 personas han sido reconocidas como víctimas en el último año. Es el ejercicio con más nuevas identificaciones desde que al calor de la ley de 2016 se iniciaron estos trabajos para complementar las normativas sobre terrorismo y sobre la Guerra Civil y la dictadura y que recogen casos de asesinados, heridos por intervenciones policiales o torturas. En total, son ya 240 las víctimas policiales confirmadas (35 en 2021, 46 en 2022 y 66 en 2023) y quedan pendientes de analizar 417 expedientes.
Balmaseda comparece en la Cámara para presentar el informe anual de la comisión, que ha sufrido algunos cambios en su composición fruto del cambio de Gobierno y de otras salidas. Según el informe facilitado ya, veinte de los nuevos casos se dieron en la dictadura pero 73 de ellos, una amplia mayoría, se produjeron después del fallecimiento de Francisco Franco en 1975 y en algunos supuestos bien entrada la democracia. Se ha acordado un volumen de indemnizaciones de 1,92 millones de euros para esta nueva tanda de víctimas, de los que 810.000 se corresponden con los fallecimientos. Por el contrario, hay 20 de los 93 que no tienen derecho a compensación económica alguna y 39 han cobrado 5.000 euros o menos.
El informe que presentará Balmaseda a la Cámara apunta a que 75 de los 93 casos fueron de torturas o malos tratos y pide que se dé relevancia pública a esta realidad tanto en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa como en posibles desplazamientos a dependencias centralizadas de Madrid porque no fue algo aislado. Dos de los casos de tortura tuvieron “resultado de muerte”, además. Se aprecia un componente añadido de violencia sexual cuando las detenidas eran mujeres. La comisión defenderá que “es de resaltar” que muchos de los arrestados quedaron libres (trece sin pasar por el juzgado, trece tras declarar, tres sin llegar a juicio, ...) a pesar de las graves acusaciones iniciales. Hay denuncias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado (41 de la Guardia Civil y 42 de la Policía Nacional y cuerpos previos) pero también tres contra la Ertzaintza.
Nueve de las víctimas “recibieron impactos de bala” por parte de agentes de servicio o de grupos parapoliciales. Hay casos también de lesiones caudas por botes de humo, pelotas de goma u otros materiales antidisturbios. ¿Las consecuencias? “Pérdida de visión y perjuicios estéticos muy graves”, por ejemplo. Algunos casos lo son también de terrorismo ya que se considera probado que resultaron víctimas de atentados perpetrados por organizaciones como GAE (Grupos Armados Españoles), Batallón Vasco Español (BVE), Organización Armada por la Liberación Nacional contra el Marxismo y el Separatismo (OAMAS) o el propio GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).
El informe anual sobre las víctimas policiales revela que hay un caso en el que se ha llegado a practicar la exhumación de un cadáver para ofrecer una resolución garantista. Se trata de un episodio sucedido en Hondarribia en mayo de 1974, en el tramo final de la dictadura. Los miembros de ETA Roque Méndez y José Luis Mondragon fueron abatidos por disparos de las fuerzas franquistas. Solamente la familia de Méndez ha comparecido ante la comisión. Se cuestiona la “verosimilitud” de la “versión oficial” de las autoridades de la época. La exhumación de los restos óseos de Méndez “desprende con nitidez” que la investigación no fue completa y que la Policía actuó de modo desproporcionado al acribillar a estas dos personas. “Los datos obtenidos a partir de la exhumación practicada apuntalan, con un estándar suficiente de probabilidades, la hipótesis de una ejecución extrajudicial”, indica la comisión, que tiene el apoyo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, cuya cabeza visible es el forense Paco Etxebarria, especialista en este tipo de casos desde su participación en el esclarecimiento del crimen de Lasa y Zabala durante los años de “guerra sucia” contra ETA.
Méndez no es el único miembro de ETA o de su entorno incluido en la lista de víctimas. Hay 28 en total, a los que se suman tres familiares, dos personas que visitaban “asiduamente” a huidos a Francia y un participante en actos de 'kale borroka'. También 22 militantes o simpatizantes del entorno de lo que antes era Herri Batasuna, la actual Sortu. Hay también miembros de CCOO, EGI -las juventudes del PNV-, LAB, Euskadiko Ezkerra o las extintas EMK o Organización Revolucionaria de los Trabajadores. También hay víctimas sin adscripción alguna -y que incluso piden que quede clara que nada tenían que ver con ETA, como una torturada por la Ertzaintza que lamenta que sus datos siguen asociados al terrorismo en Google- y nueve menores cuando se produjeron los hechos. Una de las personas reconocidas tenía 97 años y falleció a los pocos días de conocer que iba a ser incorporado a la lista.
La comisión planteará en el Parlamento, como hace en su informe anual, que sería deseable una mayor difusión de estos casos en los medios de comunicación y en la sociedad. Piden expresamente en ese documento que se intente dar a conocer esta realidad en el conjunto de España. Incluso proponen versiones en inglés de las investigaciones o plantear un “seminario internacional”. Agradecen al anterior Gobierno que hiciera actos públicos anuales de homenaje pero demanda al nuevo que se implique “al máximo nivel”. En 2023 algunas voces lamentaron la ausencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, del acto de reconocimiento organizado en el Kursaal donostiarra.
El órgano creado para analizar las peticiones de posibles víctimas pide más colaboración a algunas instituciones para obtener datos con los que tomar una decisión, particurlamente a archivos de titularidad estatal. Igualmente, siente que no tiene medios suficientes para acometer su labor. “Sin el equipo forense, la comisión se paralizaría, pues sus dictámenes son preceptivos en cada expediente. La enorme carga de trabajo que soportan no tiene -a estas alturas de forma ya incomprensible- reconocimiento por parte de la Dirección de Administración de Justicia ni por el Instituto Vasco de Medicina legal más que en las horas presenciales de las reuniones. [...] Los médicos y psicólogos forenses han trabajado ya casi cuatro años de forma ejemplar, con resultados excepcionales, y gratuita con una dedicación extraordinaria y generosa de su tiempo no laboral. Pero la situación es insostenible. Desde que se inició el trabajo efectivo ya hace cuatro años se viene advirtiendo de este problema. El tiempo se ha agotado”, emplazan al nuevo Ejecutivo. El PSE-EE ha asumido la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Precisamente durante el Gobierno de Patxi López se hicieron los primeros pasos con estas víctimas. Idoia Mendia era consejera del ramo y fichó como asesora a Manuela Carmena, que luego fue alcaldesa de Madrid.
La comisión recuerda también que esta ley -cuestionada por la derecha en Euskadi y en España al entender que trata de difuminar que ETA fue el principal victimario al sacar a la luz otras violencias- debería ser reformada para mejorar la política de indemnizaciones. Asimismo, no olvida que cientos de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado intentaron pervertir su sentido y pidieron entrar como víctimas. Se inadmitieron del orden de 523 reclamaciones, 473 de funcionarios y 50 de otras víctimas de ETA. 86 presentaron recursos administrativos -todos desestimados- y 21 mantienen viva la pelea en los tribunales. Se estima que los 417 casos pendientes podrán ser analizados y resueltos en un plazo máximo de cuatro años, tras lo cual la comisión cesaría en sus funciones.
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