El caso de Mikel Zabalza ha vuelto a la primera línea en 2021. Ha sido este año, merced al documental 'Non dago Mikel?', cuando se ha publicado con sonido una conversación entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en la que se aludía claramente a las torturas que sufrió en Intxaurrondo el joven conductor de autobuses de Donostia nacido en la localidad navarra de Orbaizeta y a la relación con su muerte, que se disfrazó como una fuga por el río Bidasoa mientras iba con los agentes buscando un supuesto zulo, ya que Zabalza nada tenía que ver con ETA. El cadáver apareció en un lugar del Bidasoa que ya había sido previamente rastreado. Tres de las 35 víctimas de violencia policial que el Gobierno de Iñigo Urkullu (PNV) va a reconocer formalmente como tales este sábado -aunque cinco de ellas no participarán en el acto institucional- están relacionadas con este episodio. Son sus tres acompañantes, de ellos ya fallecidos por enfermedad. El propio expediente de Zabalza es uno de los 55 ya tramitados, pero no se ha resuelto aún a expensas de que la comisión de valoración de estos casos reciba documentación judicial complementaria para dar luz verde a su caso.
La pareja de Zabalza, Idoia Ayerbe, “sufrió tortura”. Ya en 1985, siendo una veinteañera, declaró que vio cómo interrogaban a su novio con “bolsa de plástico amarilla metida en la cabeza”. Murió con 56 años en 2018 tras una larga enfermedad. Su hermana, Ana María, cuenta a este periódico que nadie le quitará nunca la idea de que quizás lo que sufrió pudo condicionarle toda la vida. “Me queda la duda. Aparte de la bolsa, le dieron golpes en la cabeza con un listín telefónico. No veía bien y perdió audición y luego le dieron ataques epilépticos”, relata.
Manuel Vizcay era el primo de Zabalza y también fue maltratado en dependencias policiales. Es el único de aquel grupo que fue arrestado por la Guardia Civil que sigue vivo. Jon Arreche, el cuarto del grupo, murió de cáncer en marzo de 2017, con 52 años. Ayerbe, Vizcay y Arreche ya son oficialmente víctimas al amparo de la ley de 2016 reformada en 2019 y que abarca casos de violencia policial de 1978 y 1999. Con toda probabilidad, pronto se les unirá el propio Zabalza en esa lista, aunque en su caso el expediente acumula un poco más de retraso por la complejidad de los hechos que ocurrieron en 1985, según fuentes oficiales. Esta norma cierra el círculo de otros textos para las víctimas del terrorismo (ETA, GAL y otros grupos) o de la Guerra Civil.
“Nos alegramos, aunque llega tarde. Mi hermana ya no vive”, lamenta Ana María, que explica que la familia ha mantenido estos años la batalla para que la documentación que almacenaban sirviera para algo. Ahora espera que pasos como éste sirvan para que otros episodios similares de torturas salgan a la luz. “Hay gente que tiene miedo de denunciar. Son como las mujeres violadas que se avergüenzan. Y ha habido muchas víctimas”, explica. El 'caso Zabalza' es prácticamente el único del período democrático, ya que el resto de víctimas homenajeadas el sábado sufrieron vulneraciones de derechos humanos o durante la dictadura o antes de la aprobación de la Constitución de 1978. Éstas ya estaban contempladas en un decreto previo a la ley puesto en marcha en 2012 por la entonces consejera de Justicia y ahora vicelehendakari Idoia Mendia (PSE-EE) -que tuvo como asesora a Manuela Carmena- y con la ley se abrió un nuevo turno para presentar solicitudes.
¿Quiénes son? Felipe Suárez, leonés de 29 años, falleció por un impacto de bala en un control policial en la SS-6017, entre Zarautz y Zestoa, en abril de 1976. Solamente habían pasado unos días desde que la Policía Armada disolviera a tiros una asamblea en el barrio de Zaramaga de Vitoria, actuación que mató a cinco obreros. Iñigo Moyúa era aún más joven, 16, y recibió disparos de metralleta en otro control y resultó herido. Miguel María Azpillaga repartía octavillas del PCE en una manifestación unos pocos meses antes de la muerte de Francisco Franco y salió herido por balazos de agentes de paisano. Y Koldo Arriola murió semanas antes en el cuartelillo de Ondarroa a los 19 años.
A Luis Fermín Orueta, responsable de una organización juvenil del PCE en la Universidad de Valladolid, lo arrestaron y torturaron “en varias ocasiones” entre 1973 y 1976. Este eibarrés tenía 18 años cuando fue detenido por vez primera. Felipe Laraudogoitia fue apresado en Bakio en 1967 por las fuerzas del orden franquistas. Felipe Agirre participaba en labores de propaganda de un Aberri Eguna clandestino en la dictadura, el de Donostia en 1968; detenido y torturado, acabó exiliado en Iparralde y pudo regresar a España en 1977, tras la muerte del dictador. Finalmente, Cayetano Otaegi consta como “detenido en número superior a diez veces” entre 1974 y 1981 (ya en período constitucional), si bien “nunca fue juzgado por ningún delito”. Asimismo, Ignacio O'Shea, Enrique Arzubiaga, Juan María Lestón, María Julia Sanz, José Gabriel Larrucea, Teresa Sanz, José María Madariaga, María Josefa Bilbao, Laura Uriarte, Juan Ormaza, Pedro Crucelegui, Miguel Antonio Elguezabal, Joseba Mentxakatorre, Pilar Barayazarra y su hermana Inés Barayazarra y Félix Jauregizar aparecen también como víctimas de torturas.
Todas ellas recibirán este sábado un dictamen, su expediente y el reconocimiento de la mano de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV). Desde el Gobierno indican que tienen confirmada la asistencia de representantes de los grupos parlamentarios de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, pero no de PP+Cs y Vox. En el caso de los 'populares' y naranjas, esta semana han expresado su temor por que se estén fundamentando resoluciones al margen de procedimientos judiciales o incluso cuando hay sentencias desfavorables. La propia ley de 2016 fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Mariano Rajoy -siendo Macarena Olona de Vox la abogada del Estado en Euskadi-, aunque luego con la llegada de Pedro Sánchez fue modulada para que pudiera aplicarse.
Precisamente esta semana se ha hecho público en el Parlamento Vasco un informe con la memoria anual de la comisión de valoración de estas víctimas, presidida por Juana Balmaseda y con Jon Mirena Landa como portavoz. Este documento habla de “patrones” de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden y recoge testimonios contundentes de algunos casos descubiertos. También denuncia que el poder judicial fue “connivente” con los abusos del poder policial y que, lejos de investigar las denuncias, no les dieron curso.