La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha rechazado que el Gobierno vasco no colabore con las investigaciones contra delitos ambientales, como señala la Fiscalía vasca en su memoria de 2022, publicada recientemente. Tapia, en rueda de prensa, ha afirmado incluso que el Ejecutivo trabaja “proactivamente” colaborando con la Justicia y ha citado como ejemplo de ello la investigación por el derrumbe de 2020 del vertedero de Zaldibar. “Máxima transparencia y máxima voluntad de colaboración”, ha indicado también la titular de Medio Ambiente desde 2020.
Textualmente, la Fiscalía vasca, dirigida por Carmen Adán, recoge citando un caso concreto en Álava sobre un “traslado ilícito de residuos a África” que se ha producido una “falta de colaboración” del Gobierno “a la hora de realizar los correspondientes informes periciales sobre los residuos almacenados en distintas naves industriales”. Y añade: “Dicha falta de colaboración no sólo ha retrasado la tramitación de las actuaciones, sino que ha provocado que la pericial necesaria en el procedimiento se haya tenido que encomendar a la unidad técnica adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente, que está actualmente realizando el estudio junto con la UCOMA [de la Guardia Civil]”. Indican fuentes judiciales que la complejidad de esta causa ha obligado, en septiembre, a prorrogar seis meses más el tiempo máximo de instrucción.
Tapia ha indicado a este respecto que “se remite y se sigue remitiendo toda la información que se solicita en tiempo y forma” a la Justicia. A pesar de las consideraciones de la memoria fiscal, ha sido tajante: “Nunca hemos tenido una queja”. “Diría que desde la viceconsejería [de Medio Ambiente] se actúa proactivamente”, ha enfatizado citando expresamente la causa de Zaldibar, que acumula un importante retraso y en la que están imputados técnicos del propio Ejecutivo por la presunta responsabilidad subsidiaria en los hechos.
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