El secretario general del Ayuntamiento de Vitoria, el alto funcionario Martín Gartziandia, ha emitido un informe de once folios sobre las contrataciones del Gobierno local de PNV y PSE-EE con una empresa sin experiencia para la limpieza de grafitis en el barrio de Ariznabarra, adelantadas por este periódico, y ha estimado que se produjo un “fraccionamiento”, que es la práctica que se emplea para trocear un servicio para poderlo adjudicar de modo directo al empresario elegido. También ha recalcado que en una de las facturas se “omitió el procedimiento legalmente establecido para realizar la contratación”. En total, las facturas de la compañía Solutigraf o de su dueño, A.U.M., suman en pocos meses 53.316,16 euros, según fuentes municipales. Sin embargo, estima también que no aprecia ánimo “fraudulento” y tampoco se apunta a la adopción de medida alguna.
El documento, adelantado por el diario 'El Correo' y con fecha de 16 de mayo, sigue a otro informe anterior del interventor municipal, el también alto funcionario Alfredo Barrio Gil en el que ya advertía de que en el caso de una de las facturas se había realizado el encargo saltándose el procedimiento previo de fiscalización. La limpieza de los grafitis es uno de los proyectos estrella de la nueva alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE-EE), como lo era también de su predecesor, Gorka Urtaran (PNV). La ciudad preparó a finales de 2022 un concurso con dos lotes, uno para crear una oficina de seguimiento y control de las pintadas con el ánimo de identificar a sus autores (a su frente está una firma llamada Orion Analistas que inició su andadura en Vitoria de modo muy similar a A.U.M.) y otro para “limpiezas tácticas”. Este segundo tenía un presupuesto de 30.000 euros y quedó desierto ya que ninguna empresa se presentó. Meses después, el empresario local A.U.M. y el Ayuntamiento pactaron que recibiría una adjudicación directa por el tope permitido por la ley, unos 15.000 euros, y entonces constituyó una empresa llamada Solutigraf que no tenía en aquel momento ni medios ni experiencia. En los expedientes hay datos llamativos como un supuesto teléfono de contacto que es en realidad el de una particular de Granada
Ésa es la primera factura señalada ya en dos informes como “irregular”, pese a lo cual el Gobierno local acordó “convalidarla” y abonarla, aunque ello no le exime de posibles responsabilidades futuras. Después, el Ayuntamiento formalizó otra adjudicación directa con un máximo de 15.000 euros, de nuevo bordeando el tope legal, pero esta vez con A.U.M. como autónomo. En ambos casos consta que los técnicos eligieron a esa compañía porque tenía capacidades “exclusivas” para prestar el servicio, aunque parece contradictorio con hacerlo dos veces y con el amplio número de empresas que hacen ese servicio. De hecho, Vitoria ya tiene contratados trabajos de ese tipo en su servicio ordinario de limpieza, gestionado por las empresas Prezero y Onaindia. El Ayuntamiento alega que estas brigadas actúan únicamente en casos de pintadas de tipo político o de una gravedad singular. Esos dos acuerdos con A.U.M. se cerraron en 2023, pero en 2024 se han presentado nuevas facturas por parte de este empresario, que admitió a este periódico que creó la empresa única y exclusivamente porque tenía la garantía de que iba a ser contratado por el Ayuntamiento.
El informe de Gartziandia recuerda que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía de éste y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que le correspondan”. Es una previsión de la ley estatal de contratos e ir contra ella es cometer una irregularidad. El alto funcionario no tiene dudas de que el primer contrato con Solutigraf “resulta plenamente lícito” desde el punto de vista formal porque “es un hecho” que hay zonas de la ciudad afectadas por pintadas vandálicas, pero señala que “el problema se plantea” cuando se repite la adjudicación “con un objeto muy similar” pero ahora con otro CIF que resulta ser el del mismo empresario pero a título individual. “Si a ello le añadimos que ambos contratos menores suman la misma cuantía que el procedimiento abierto licitado inicialmente (cerca de 30.000 euros) resulta ciertamente difícil negar que, por tanto, nos hallamos ante un fraccionamiento de contrato cuya suma supera el límite de los contratos menores”, señala textualmente.
El informe omite cualquier revisión material de las adjudicaciones y se centra en formalismos. Es decir, no juzga si la empresa de nueva creación estaba o no capacitada para prestar el servicio cuando fue contratada o si Solutigraf y A.U.M. emplearon o no exactamente los mismos medios para hacer las limpiezas, lo que invalida la tesis de que sean dos adjudicaciones diferentes. Tampoco tiene en cuenta que el concurso que quedó desierto pedía una experiencia mínima de dos años y que esta solución permitió eludir ese requisito. De hecho, Gartziandia estima que el fraccionamiento es “irregular” pero no “fraudulento” porque Vitoria solamente recurrió a él después de haber sacado el servicio a concurso sin éxito. Por ello, señala también que “a pesar de esta incorrecta forma de actuar, [...] no se causó un perjuicio significativo a los principios de publicidad y libre concurrencia”.
Menciona también el hecho relevante de que en este caso se ha acordado un pago sin que exista “un contrato escrito o sin seguir el procedimiento legalmente establecido”. Sin embargo, la praxis administrativa obliga a “convalidar” ese pago porque el trabajo se ha realizado. De lo contrario, habría un “enriquecimiento ilícito” por parte de la institución. Ahora bien, el acuerdo político para realizar ese abono “en ningún caso 'legaliza' el procedimiento o, mejor dicho, la ausencia de éste” y “ni siquiera exime de las eventuales responsabilidades que pudieran concurrir”. Es decir, en este caso “tales servicios se [iniciaron] sin la debida tramitación de un procedimiento administrativo”. Con todo, Gartziandia cree que la “limitada cuantía” de esa factura original “permiten atemperar la gravedad” de lo ocurrido. Aparentemente, en Vitoria “no es tan infrecuente” que se opere así “incluso con importes sustancialmente superiores”.
Desde el Gobierno municipal, que no aporta ningún detalle de cómo se va actuar a corto y largo plazo con esta campaña, insisten en que “la contratación de la limpieza de grafitis tiene todo el aval y la validación de un proceso totalmente legal”. Las fuentes consultadas añaden que el informe ahora conocido “zanja” las acusaciones de la oposición sobre un “fraccionamiento fraudulento” y señalan al PP por su beligerancia. Los 'populares' han respondido que siguen viendo muy “oscura” la gestión de este asunto por parte del Ejecutivo de PP. Han llegado a hablar de “clientelismo” y desean que el edil de Limpieza, Pascual Borja, comparezca de modo “urgente” para dar más explicaciones. EH Bildu también solicitó en su momento documentación por escrito de estos expedientes. En paralelo, la ciudad ha recibido el premio Escoba de Platino por su plan especial contra los grafitis y es intención del Ayuntamiento viajar en junio a Madrid para recogerlo a pesar de las circunstancias.