La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado nulo, “por no ser conforme a Derecho”, el decreto del Gobierno vasco por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de los centros escolares vascos y que establece por ejemplo las ratios mínimas de alumnos para conformar grupos, para poder acceder al concierto en el caso de los privados, o los porcentajes de alumnado vulnerable que deben acoger los colegios “sostenidos con fondos públicos”, es decir públicos y concertados. Se trata del decreto 30/2023, de 28 de febrero, aprobado antes de que se diera el visto bueno a la nueva Ley de Educación, pero que el Gobierno vasco asegura que “anticipa aspectos después recogidos en la Ley de Educación”. Por esa razón, el Departamento anuncia que recurrirá la sentencia conocida este jueves que lo tumba, y “defenderá en todas las instancias la idoneidad del Decreto y su tramitación”.
El hecho de que la sentencia no sea firme y el Departamento de Educación anuncie recurso conlleva que “el Decreto sigue en vigor”, puntualiza el Ejecutivo vasco, por lo que no tendrá ningún efecto sobre la matriculación de cara al curso que viene. Desde Educación han señalado además que trabajan en el desarrollo reglamentario derivado de la Ley de Educación y en concreto, “en un nuevo texto que recoja todos los avances introducidos en cuanto a la planificación”.
La sentencia del Tribunal Superior del País Vasco estima el recurso que había interpuesto por parte del sindicato Steilas y la confederación Ehige- Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea de Bilbao- contra el citado decreto publicado en el 14 de marzo de 2023 en el Boletín Oficial del País Vasco, que modificaba los criterios de ordenación y planificación de los centros escolares. Los demandantes impugnaron el texto por considerar que infringido la legalidad del procedimiento de elaboración del decreto y también alegaron motivos sustanciales de fondo. Entre otras cuestiones, indicaban que el decreto impugnado adolecía de cualquier informe que justificara su oportunidad como exige la Ley 8/2003 del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General. Además, consideraban que la garantía de plazas públicas quedaba totalmente diluida en el decreto al hablar de “plazas sostenidas con fondos públicos”, lo que consideraban que no es lo mismo que plazas públicas.
El Gobierno vasco defendió la conformidad a derecho de la resolución impugnada y negó que hubiera en el procedimiento de elaboración del decreto recurrido una “total ausencia de justificación”. Además, justifica la nueva planificación por un “contexto demográfico de bajada de natalidad”, que afecta “a los criterios de organización y planificación de la red de centros”, por lo que “se ha pasado de una época en la que en muchas áreas o zonas de escolarización no había plazas suficientes para los niños y niñas de esa zona, a una época en la que en muchas áreas o zonas de escolarización sobran plazas y, por el contrario, hay que atender a otros criterios de planificación que atiendan a la diversidad y a realidades socio- culturales muy diferentes”.
Sin embargo, la Sala rechaza los argumentos del Ejecutivo y considera que concurre el “vicio de nulidad denunciado” por los demandantes “al haberse prescindido de una memoria justificativa”, cuyo trámite es esencial en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias. La sentencia señala que el cumplimiento del procedimiento de elaboración del decreto impugnado ha sido “meramente formal”, sin que se logre “la finalidad requerida por el legislador de que patentice la necesidad y oportunidad del decreto como garantía de acierto en la decisión”. Por lo tanto, el TSJPV entiende que ello conlleva la nulidad de pleno derecho conforme al artículo 47 e de la Ley 39/2025 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tras conocerse la sentencia, EH Bildu ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en el Parlamento Vasco para que explique cuáles serán las consecuencias de la anulación del decreto. El parlamentario Ikoitz Arrese ha alertado, a través de un comunicado, de que la anulación del decreto “además de poner de manifiesto la mala gestión del Gobierno de Pradales, deja en una situación de incertidumbre a las familias, a los centros educativos y al propio sistema educativo”. “Los errores cometidos, presuntamente, por el Departamento de Educación en la tramitación de este decreto ponen en cuestión en estos momentos los criterios de matriculación de miles de alumnos y alumnas”, ha añadido Arrese. Por ese motivo, ha afirmado que es urgente que la consejera “dé explicaciones en sede parlamentaria”, dado que “las familias necesitan certidumbre, máxime teniendo en cuenta que en pocos días se iniciará el proceso de matriculación para el curso 2025-2026”.
Por su parte, la parlamentaria y presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha denunciado que “la única hoja de ruta” que sigue el Gobierno vasco en materia de educación es la de “su imposición ideológica”. A través de las redes sociales, Larrea ha señalado que “les han tumbado este decreto por no hacer bien sus deberes. En esto, también suspenden”, ha manifestado. Y se ha preguntado, “qué planificación” hace Educación.
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