El área de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha clausurado cautelarmente la planta de generación de fertilizantes y compostaje Ecofert Sansoain, ubicada en la localidad de Artajona. Tras una cascada de inspecciones e investigaciones que han implicado a técnicos de Medio Ambiente, Guarderío forestal, Policía Foral y Guardia Civil, se ha constatado que ha recibido de modo “ilegal” unas 5.500 toneladas de lixiviados (residuos líquidos) enviados desde la incineradora de Zubieta, en Gipuzkoa, más del doble de la cantidad conocida hasta ahora. Asimismo, esta planta ha recibido otras 9.000 toneladas procedentes de otra empresa ubicada en Tudela. Por todo ello, en los últimos meses se le han impuesto multas por valor de 110.002 euros, aunque en algunos casos se le han aplicado descuentos por pronto pago.
El consejero navarro Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, ha comparecido este martes en el Parlamento foral durante más de hora y media al hilo de la causa judicial que sigue abierta en un juzgado de Donostia por estos hechos. A instancias de la Fiscalía, que dio credibilidad a una denuncia de la plataforma GuraSOS, una sala analiza las posibles responsabilidades penales de los gestores de Zubieta, técnicamente conocido como “Complejo Medioambiental de Gipuzkoa” o CMG I) y gestionado por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK). Entre otros, está imputado por estos hechos el presidente de GHK, José Ignacio Asensio, que es el teniente de diputada general y 'número dos' de la Diputación y secretario general del PSE-EE guipuzcoano. En Gipuzkoa gobiernan PNV y PSE-EE y que siempre han defendido con uñas y dientes el proyecto de Zubieta frente a las críticas, hasta el punto de sostener que todo forma parte de una campaña de desprestigio de la izquierda abertzale.
En Navarra el Ejecutivo lo componen esos dos mismos partidos (el PNV a través de Geroa Bai) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Equo y Batzarre). El consejero Aierdi, que es de Geroa Bai pero no de la parte del PNV, ha resumido su primera y dura intervención con que “la empresa [Ecofert Sansoain] ha estado recibiendo lixiviado líquido de Gipuzkoa” y que “lo ha hecho ilegalmente, incorrectamente” porque carece de autorización para sustancias que no sean sólidas o lodos consistentes. Solamente a los 90 minutos de iniciado el debate, casi al final, Aierdi, ha matizado que el contrato para la derivación de residuos de Gipuzkoa lo firmó la empresa contratada por GHK para la gestión de Zubieta, Ekondakin, y no los cargos políticos forales. “Las responsabilidades, en su caso, corresponden a las dos empresas”, ha lanzado como capote a Asensio.
La que se investiga en Gipuzkoa, además, es si Ekondakin y GHK falsearon los códigos LER para la clasificación de residuos para poder realizar la operación de derivación a Artajona. Aierdi ha venido a decir que a efectos del Gobierno de Navarra es algo irrelevante en tanto en cuanto Ecofert Sansoain no tiene autorización para recepcionar ese tipo de sustancias. Tampoco su planta hermana y vecina, Desarrollos Ambientales Lacoya, igualmente expedientada por haber almacenado ese material y entre las que se movían vehículos no homologados con los líquidos.
A esto se añade, según los datos conocidos en el Parlamento, que las balsas donde Ecofert Sansoain almacenaba los lixiviados se llegaron a desbordar y contaminaron acequias cercanas. Asimismo, se analiza ahora si la entrada de residuos ilegales pudo afectar a la producción de compostaje y fertilizantes, que tiene un uso en el primer sector. Esta planta de Artajona es la encargada de tratar los residuos orgánicos de la mancomunidad de Pamplona recogidos en el denominado 'quinto contenedor', por ejemplo. Solamente se conoce un resultado negativo para posibles casos de salmonella, pero quedan muchos más parámetros de toxicidad por medir. Se esperan los resultados para la próxima semana.
Este periódico publicó en octubre que la Fiscalía había concluido indiciariamente que se habían producido irregularidades en la gestión de residuos de Gipuzkoa a Artajona y que el diputado Asensio estaba imputado. En noviembre, EH Bildu pidió datos al Gobierno navarro y se dieron a conocer a principios de diciembre. Ahora, según Aierdi, hay constancia de que todavía el 18 de diciembre seguían llegando lixiviados de Gipuzkoa a Artajona.
El responsable navarro de Medio Ambiente ha hecho una pequeña cronología de los hechos para tratar de dejar claro que el Gobierno había actuado antes de que la Policía judicial comisionada por la magistrada donostiarra que lleva la causa contra Asensio (la Guardia Civil) le pidiera información. El seguimiento ordinario ya les llevó a cambiar el control de las dos empresas de una periodicidad trienal a otra semestral. Además, una “denuncia anónima” de principios de 2023 alertó ya de lo mismo que luego se ha probado. El 19 de enero, por ejemplo, ya se comprobó que la balsa de Lacoya estaba “llena” y “continuaba” a una acequia de riego colindante. Hubo una primera multa de 20.001 euros rebajada a la mitad por celeridad en el pago.
En febrero se produjo una inspección a las dos plantas de los mismos dueños. Se pidió que cesara la recepción de lixiviados, algo que no se produjo hasta diez meses después, y se pusieron multas de 30.000 y 20.001 euros, respectivamente. Es en noviembre cuando agentes de la Guardia Civil de Gipuzkoa contactan con el Gobierno navarro por el caso de Zubieta. La inspección se hizo una semana después y con la Policía Foral. En el registro de entrada aparecen llegadas desde Gipuzkoa y se aprecia que la balsa había sido modificada sin autorización. La multa ahora subió a 40.000 euros más el cierre cautelar de la actividad. En paralelo, la Guardia Civil sí ha tratado directamente con los gestores de Ecofert Sansoain.
La comparecencia ha tenido un alto voltaje político. EH Bildu, la formación que pidió los datos en noviembre, lo ha resumido con una broma: “Algo huele mal aquí”. Adolfo Araiz ha adelantado que pedirá más documentación para seguir depurando responsabilidades y ha insistido en que el volumen de residuos movilizados irregularmente es importantísimo. UPN también se ha sumado a la petición de información y, de hecho, es quien había solicitado la comparecencia de Aierdi. Asimismo, ha denunciado que Asensio no ha atendido sus llamadas y que les ha sido imposible convocarlo para que también ofreciera su versión de los hechos.
Miguel Bujanda ha hablado de “basuras, porquerías varias y residuos que van y vienen por las carreteras de Navarra” -ha asegurado que por los datos serían más de medio millar de camiones cisterna los que habrían entrado en Artajona- y ha criticado especialmente que un organismo público de Gipuzkoa sea el responsable del envío de estos residuos. “Es una ilegalidad flagrante, una auténtica cadena de despropósitos. ¿Cómo puede ser que una empresa pública traiga eso a una empresa privada que no tiene autorización? Estamos hablando de residuos peligrosos. Me parece un auténtico escándalo, un problema medioambiental y de salud”, ha añadido. En el flanco derecho del hemiciclo, PP y Vox también se han expresado en términos similares.
Por parte del PSN, Carlos Mena ha admitido que “la situación es de máxima preocupación por el riesgo para el medioambiente”, pero ha interpretado que el único propósito de UPN es desgastar a los socialistas. Carlos Guzmán, de Contigo/Zurekin, ha ubicado incorrectamente Zubieta en Bizkaia, aunque después ha alertado de un modelo de gestión privatizador que tiene consecuencias graves. En un pequeño momento de tensión, el portavoz del PP, Javier García, ha pretendido que por parte de Geroa Bai tomara la palabra la representante del PNV, Blanca Regúlez, aunque quien ha intervenido ha sido Pablo Azcona, también de la parte de Socialverdes de la coalición vasquista.
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