La Inspección del área de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha recibido un escrito y 17 documentos complementarios de prueba remitidos por la plataforma GuraSOS, denunciante de irregularidades en torno al complejo CMG-I de Zubieta en Gipuzkoa, ahora en el foco de la polémica por el envío irregular de lixiviados a una planta en la localidad de Artajona, Ecofert Sansoain, que ha tenido que ser sancionada con multas que superan los 100.000 euros y clausurada cautelarmente. Este colectivo, en la información aportada a las autoridades navarras y que consta como registrada este lunes, sostiene que “la codificación correcta del residuo es 19 01 06*” y recalca que desde Zubieta, una planta que está gestionada por el consorcio público GHK a través de la subcontrata Ekondakin, esos “líquidos acuosos” fueron enviados como 19 08 12, es decir, como lodos no peligrosos. Plantean una sanción de hasta 3,5 millones de euros.
GuraSOS, hace ya medio año, presentó evidencias similares a la Fiscalía. Este organismo constató indicios de posible falsedad documental y presentó una denuncia en la que incluyó al presidente de GHK y diputado de Medio Ambiente, el socialista José Ignacio Asensio. Fuentes judiciales recalcan que el caso está parado en vía judicial aunque precisamente se ha solicitado que la 'número dos' de Medio Ambiente en Navarra, Ana Bretaña, comparezca para ratificar los hechos que han constatado en la comunidad foral.
GuraSOS sostiene que hay un doble problema con el código con el que se enviaron 5.400 toneladas de lixiviados de Gipuzkoa a Navarra. El primero es que el número “no es sincero y claro” con su naturaleza, que está tasada por normativas europeas. 19 08 12 está pensando para lodos y no para líquidos. El segundo es que obvia que, en origen, Zubieta tiene una planta de tratamiento mecánico-biológico pero también una incineradora. Entienden que, aunque GHK remarque que la incineradora que ha generado tanta polémica social nada tiene que ver con este debate, “el líquido acuoso provenía de las aguas de proceso de toda la instalación, de sus dos unidades”. GuraSOS recalca que, de hecho, todo el complejo CMG-I tiene una misma regulación y autorización, sin distinciones de si una parte no tiene relación con la incineradora. Asimismo, también el circuito de agua está interconectado por todo el complejo.
Además, GuraSOS sostiene que sí o sí los residuos enviados tenían que haber sido catalogados como peligrosos. Si un residuo no se caracteriza como no peligroso, por defecto hay que tratarlo como si lo fuera, por un principio de prevención, alegan. Navarra, eso sí, ha indicado estas semanas que todos los análisis rechazan que los residuos fuesen tóxicos además de irregulares.
GuraSOS insiste en que el asunto reviste de especial gravedad porque inicialmente se previó el envió a Ecofert Sansoain de solamente unas 200 toneladas de residuos y acabaron siendo más de 5.000. Los movimientos se produjeron entre el 16 de agosto de 2022 y el 20 de diciembre de 2023. Este incremento en 25 veces de lo previsto implica que “casi la totalidad de los residuos se han trasladado sin cobertura de un contrato de tratamiento”. Este colectivo da a entender que Navarra tendría que actuar no solamente contra el destinatario de los lixiviados sino también contra el emisor, contra GHK. Podría llegar a ser considerado como una “infracción muy grave” y las multas ascienden a cuantías entre 0,6 y 3,5 millones de euros. Los documentos entregados por GuraSOS son, entre otros, los contratos para el envío de residuos a Artajona, informes oficiales del Gobierno vasco o actas de GHK.
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