La principal empresa adjudicataria de contratos de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la cooperativa catalana Grup La Pau, continúa atravesando momentos de gran dificultad económica. Aunque fuentes oficiales de la compañía recalcan que no está sobre la mesa solicitar un concurso de acreedores –si bien hace ya dos meses aludía ya a que estaba abocada a la “quiebra” si no cambiaban las cosas–, sí está trabajando en un nuevo plan de contingencia que, entre otros puntos, contempla la búsqueda de un inversor externo para lograr financiación e incluso la venta de vehículos. La empresa, que tiene congelada la renovación del contrato de transporte sanitario programado o no urgente (alrededor de dos tercios de 135 millones de euros), había planteado un descuelgue del convenio, esto es, un recorte unilateral de salarios a la plantilla, pero en el proceso la Inspección de Trabajo ha alertado de irregularidades procedimentales y no ha contado con la aquiescencia de los sindicatos, ni siquiera después de haber presentado alternativas más suaves.
Grup La Pau gestiona los servicios de ambulancias de Bizkaia y de Álava, tanto los urgentes (ambulancias amarillas) como los programados (azules y blancas). Ambulancias Gipuzkoa hace lo propio en ese territorio, pero aquí las incidencias son muchas menos. El primer contrato se renovó y mejoró el pasado verano pero la actualización del segundo quedó bloqueada en mayo por un recurso de UGT. El sindicato avisó de que empresas con sanciones “muy graves” de la Inspección de Trabajo no pueden recibir adjudicaciones públicas. Grup La Pau tiene una por retrasos en las nóminas y acumula igualmente otra veintena de carácter “grave” por diferentes infracciones. El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) anuló el contrato nuevo –en puridad la parte de Bizkaia, aunque las circunstancias en Álava son idénticas– pero, al no ser firme la sanción, pidió a Osakidetza que volviera a evaluar la adjudicación a la luz también de estas circunstancias y sin vetar a Grup La Pau.
Con todo, la subida del 24% que aspiraba a lograr la empresa no ha cristalizado por el momento y ha generado una situación interna caótica. De hecho, al tiempo que ha prometido mejoras salariales del 30% –el gran reclamo para zanjar la larga huelga antes de las elecciones autonómicas–, la empresa admite que no tiene liquidez para afrontar sus obligaciones actuales. Las reuniones con los sindicatos se han sucedido. Es precisamente en una nota posterior a una de ellas donde LAB explicó que se había diseñado un plan de contingencia. En concreto, se plantea la venta de inmuebles, reducción salarial de los cooperativistas –la estructura catalana lo es, pero no en Euskadi, con mayoría de contratados laborales–, renegociación de contratos con proveedores o eliminación de patrocinios de eventos. Pero también se ha sopesado dar entrada a un “inversor” externo que ponga dos millones de euros y hasta la venta de ambulancias. Obviamente, Grup La Pau puede enajenar exclusivamente vehículos de su titularidad, ya que los adscritos a Osakidetza están regulados y blindados en los diferentes contratos.
La última reunión con los sindicatos se ha celebrado este mismo lunes. LAB, ELA, UGT, ESK, LSB–USO y CCOO han rechazado “por unanimidad” no ya el descuelgue del convenio sino las alternativas menos lesivas hasta que Osakidetza vuelva a adjudicar el contrato pendiente, algo que Grup La Pau da por hecho. La última oferta era retrasar el ingreso de la paga extraordinaria de verano a cambio de pagar hasta 200 euros de prima en Navidad por las molestias. La empresa buscaba como sea un pacto con la parte social que le blinde de posibles nuevos recursos por retrasos salariales, la causa de la infracción “muy grave” constatada por la Inspección de Trabajo y un riesgo para volver a firmar un contrato con la Administración. Es más, Grup La Pau tiene también recurrida la adjudicación del servicio especial para la Aste Nagusia de Bilbao por el mismo motivo y podría perder también ese contrata, en función de lo que dictamine el OARC.
La Pau y sindicatos, que se reúnen en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), habían accedido a que José Ignacio Varas Santamarina hiciera de mediador. Pero ha finalizado su misión sin resultados. “El mediador designado constata, a la vista del conjunto de actuaciones, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en el presente procedimiento”, ha dejado por escrito. De hecho, se ha firmado que se cierra “sin avenencia” el proceso y las partes desconocen cuál podría ser el siguiente movimiento para desencallar la situación económica de la principal empresa adjudicataria del servicio de ambulancias en Euskadi.
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