Minutos antes de que se produjera la reunión entre responsables de Salud del Gobierno vasco y de la cooperativa catalana Grup La Pau para acordar la salida inminente de esta empresa como concesionaria de las ambulancias de Bizkaia y de Álava por las graves deficiencias en el servicio que se han ido acumulando estos años, la Inspección de Trabajo propuso dos nuevas sanciones. En concreto, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico, este organismo dependiente también del Ejecutivo vasco ha constatado ahora importantes deficiencias en el mantenimiento de la base central de Grup La Pau, ubicada en Zorroza, en Bilbao, y también de los propios vehículos a pesar de tener tres años de antigüedad únicamente. Un ejemplo: se han detectado reparaciones realizadas con cinta americana para salir del paso. El informe plantea la interposición de una multa por las irregularidades y, además, una segunda actuación por “obstrucción” ya que muchos de los problemas habían sido detectados ya meses atrás sin que se hubiesen resuelto.
Uno de los argumentos con los que Salud invitó a La Pau a marcharse de Euskadi era precisamente la cascada de actas de infracción de la Inspección de Trabajo. Antes de la reunión, el dato que se manejaba era que ascendían a 55. Una fuente de la Inspección de Trabajo recalca que en la historia del organismo pocas empresas han alcanzado tal volumen de denuncias e infracciones. Algunas de estas propuestas de sanción tienen la categoría de “muy graves” por ser relativas a impagos de nóminas y varias docenas más tienen la etiqueta de “graves”. Días antes de la reunión, por ejemplo, los inspectores habían alertado de que La Pau no había abonado a toda la plantilla el 100% de la paga extraordinaria de julio. O también se había constatado que “tan sólo uno de cada cinco trabajadores de la empresa”, en este caso de los adscritos al servicio programado o no urgente (ambulancias azules y blancas), habían recibido la formación adecuada sobre manejo de equipos de protección integral (EPI) o “manipulación de cargas”.
El más reciente informe, que responde a denuncias del sindicato UGT, hace un largo recorrido por el estado de la base de Zorroza, centro de trabajo de unas 400 personas de la contrata. Las actuaciones arrancaron el 23 de enero de 2024 y se hicieron “comprobaciones”. Se dio un mes a Grup La Pau para arreglar rampas de las ambulancias y, sobre todo, anclajes y cinturones de seguridad. Las sillas de ruedas o los propios cinturones se solían 'apañar' con cinta aislante. Una trabajadora vio cómo su mano quedaba atrapada por los problemas de uno de estos sistemas en la unidad con matricula XXXX-LPG, de mayo de 2021. A otro operario se le cayó encima una camilla de la ambulancia XXXX-LPF. La documentación muestra también zonas que se inundaban, irregularidades en el almacén de las bombonas de oxígeno -el suelo se hundía y los dispositivos usados y nuevos estaban mezclados y no amarrados-, deficiencias en la instalación eléctricas y taquillas con riesgo de desplome. Pero la empresa hizo caso omiso a la “gran mayoría” de la documentación requerida por los inspectores. Se le dio un nuevo plazo, hasta mediados de abril. Ese día se apreciaron algunas mejoras, pero los delegados sindicales avisaron de que “36 vehículos” seguían con problemas aún. El intercambio de documentación continuó durante varios meses.
La conclusión de la Inspección de Trabajo es que “cabe concluir que las personas trabajadoras [de Grup La Pau] han estado y están expuestas a un riesgo grave para la seguridad y la salud en tanto en cuanto no se acredita que se hayan adoptado medidas preventivas suficientes que impidan los riesgos”. Y se añade: “Queda constatado que la empresa no llevaba a cabo todos los mantenimientos preventivos y/o periódicos necesarios en las instalaciones del centro de trabajo [...]. Así, por tanto, en relación a los hechos comprobados descritos sobre las deficiencias constatadas y no subsanadas se extiende acta de infracción. Así también se extiende acta de obstrucción a la labor inspectora por retrasos en la entrega documental, entrega incompleta y asegurar subsanar deficiencias sin haberlo hecho realmente”.
Salud y La Pau finiquitaron su relación esta semana, aunque desde septiembre era un secreto a voces lo que iba a ocurrir. Ahora se buscará una salida “ordenada” antes del 30 de noviembre. Ese día una nueva empresa (o varias) deberán asumir los servicios urgentes y programados tanto de Álava como de Bizkaia. No habrá cambios en Gipuzkoa, donde otra empresa gestiona las ambulancias externalizadas. Este periódico no ha podido recabar la opinión de la compañía de cuál es su situación actualmente. Los sindicatos tampoco disponen de información directa toda vez que se canceló una reunión prevista también para este martes, justo después de la que se iba a mantener con la Administración. La plantilla actual quedará subrogada, pero la nueva contratista deberá aportar sus propios vehículos. La adjudicación se hará por la vía de emergencia, un procedimiento simplificado para situaciones excepcionales.
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