“No queremos que nos pidan perdón. Ni son suficientes las condenas genéricas del terrorismo de Estado. Si existen cloacas y están blindadas, si existe impunidad y se bloquean comisiones de investigación en sede parlamentaria, si la justicia sigue mirando para otro lado, es evidente que hay responsabilidades de Estado que salpican de manera clara a siglas políticas concretas”. Con estas palabas, Edurne Brouard, hija del pediatra y político asesinado por el GAL Santiago Brouard y Begoña Galdeano, hija del periodista Xabier Galdeano, también asesinado por el GAL, en nombre de todas las víctimas agrupadas en la fundación Egiari zor, han exigido al Gobierno de España que “realice una declaración inequívoca de asunción de responsabilidades y de reconocimiento del daño causado” y que, de una vez por todas, “adopte la determinación democrática de descalificar la documentación secreta que permita resolver los crímenes derivados del terrorismo de Estado”.
A través de un comunicado leído frente a la prensa este viernes en Bilbao, Brouard y Galdeano han criticado las palabras del que fuera ministro del Interior del Gobierno de Felipe González, José Barrionuevo, en la entrevista ofrecida a El País. “No es nueva la carga humillante que contienen las palabras del exministro, no es nueva la revictimización que nos produce, el daño gratuito o la indefensión que nos genera. Desgraciadamente esta es la tónica que venimos padeciendo el conjunto de víctimas de la violencia de Estado, cada vez que personajes de esta índole aparecen en la escena pública para justificar lo que hicieron. Algunas de nosotras estamos ya curadas de espanto, es tan reiterativo que supera lo indecente”, han denunciado.
Según han criticado, en las declaraciones del exministro se observa “un cambio de paradigma” que pasa de “negar cualquier participación o responsabilidad en actos terroristas ”, como se ha venido haciendo hasta ahora, a “blanquear y legitimar el terrorismo practicado desde los aparatos del Estado”. Ante esta actitud, han denunciado, además que “la fiscalía por el momento no ha actuado”. “La justicia española ha sido parte y nunca ha mostrado interés en resolver los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado. Ni los de la Triple A y el BVE en la época de UCD, ni de los Gal durante los Gobiernos del PSOE. Impunidad ha sido la respuesta”, han señalado.
“El modelo de justicia cuenta con un desequilibrio absoluto, que vierte todo el peso de la ley sobre unos agentes violentos, ampliándolo hasta la cadena perpetua y, en cambio, a otros agentes violentos, en particular a los responsables de nuestro sufrimiento, los cubre de impunidad. ¿Es este un modelo de justicia válido en un Estado que se denomina democrático?”, han añadido. Preguntadas por si a día de hoy sienten esa diferenciación entre unas víctimas y otras, Brouard ha indicado que “las víctimas que hemos tenido más suerte hemos tenido reconocidos en instituciones, como en el Parlamento, pero la mayoría de víctimas no son ni mencionadas”, en referencia a los casos que aún siguen sin resolver. “No nos pueden decir que todas las víctimas somos valoradas de la misma forma, porque no es cierto, igual que tampoco es cierto que nosotros valoremos igual a todas las víctimas porque nosotras queremos a unas y otras no. Ahora, cuando se realizan declaraciones institucionales se deberían hacer para todas las víctimas”, ha señalado.
En este sentido, han agradecido que por primera vez parte de la clase política e institucional ha reaccionado de una forma en la que han considerado “positiva”, al criticar las palabras de Barrionuevo. Algo que, según han lamentado, “en numerosas ocasiones han echado de menos”. En concreto, se han referido a Eneko Andueza, líder del PSE-EE, que ha calificado de “inaceptables” las declaraciones. Aún así, han denunciado que “con eso no es suficiente”. “A día de hoy, ningún partido político, ningún Gobierno ha asumido todavía la responsabilidad de estos gravísimos hechos. Y la responsabilidad no es solo de los autores materiales, no es solo de algunos cargos políticos concretos. Las responsabilidades salpican a siglas políticas que van desde la UCD y sus herederos de Alianza Popular (hoy PP), hasta el PSOE, y así será mientras no se materialice el reconocimiento público del daño causado, de reconocimiento a las víctimas generadas y se abra un proceso de desclasificación de la documentación reservada que arroje luz sobre los casos no resueltos”, han indicado.
Según han informado, la familia de José María Larretxea Goñi, del que Barrionuevo ha reconocido en esa entrevista haber ordenado su secuestro, “está estudiando” la posibilidad de presentar una querella criminal contra el exministro. Sin embargo, según han reconocido, la esperanza que les queda “no es mucha”. “Después de 40 años y tantos portazos en las narices la esperanza no es mucha. Cada paso que hemos dado, se ha vuelto contra nosotros y nos han cerrado todas las puertas posibles. Igual, en un futuro, podemos conocer la justicia”, han concluido.