Los testigos en el caso del hermano de Pedro Sánchez comienzan a prestar declaración este miércoles en Badajoz

Las citaciones en sede judicial por la instrucción abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, y al titular de esta institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, comienzan este miércoles con la declaración, en calidad de testigos, de los directores de los dos conservatorios de música pacenses y de los peritos de la Agencia Tributaria que elaboraron el informe sobre los bienes y obligaciones tributarias de Sánchez.

Los directores responsables de los conservatorios 'Bonifacio Gil' y 'Juan Vázquez', entidades que dependen de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, serán oídos como testigos por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz e instructora de esta causa abierta, Beatriz Biedma. También declarará como testigo el exdirector del conservatorio 'Bonifacio Gil', tal como recoge el auto de la magistrada en el marco de las diligencias previas.

Este miércoles también han sido citados los peritos de Hacienda que elaboraron el informe solicitado por la jueza sobre la responsabiidad fiscal de David Sánchez y el cumplimiento de sus obigaciones tributarias, ya que tiene residencia en la localidad portuguesa de Elvas, en la frontera con Badajoz. Este informe descartó el delito fiscal.

Al día siguiente, el jueves, tendrá que presentarse ante la jueza el presidente de la Diputación de Badajoz y el director de Artes Escénicas en calidad de investigados, así como la que fue directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, y el diputado provincial de Cultura y Deportes, Francisco Martos.

Presuntos delitos de prevaricación y tráfico de infuencias

La investigación abierta se sigue por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias), ambos relacionados con el proceso de creación de la plaza de director de Artes Escénicas, y contra la Hacienda Pública. La creación de este puesto de alta dirección para coordinar los conservatorios provinciales de Badajoz, entre otras competencias, y la definición de sus funciones fueron dos procesos que se iniciaron en octubre de 2016, de ahí que la investigación judicial centre la mayor parte de la misma en ese periodo de tiempo.

De los más de 60.000 correos electrónicos electrónicos intervenidos de al menos nueve cuentas, muchos de ellos tienen fecha de ese mes, según refleja el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En su atestado, la UCO refleja que entre septiembre y octubre de 2016, con motivo de la elaboración de los presupuestos de la Diputación de Badajoz para el siguiente ejercicio, los diferentes responsables de Cultura fueron exponiendo las necesidades de personal en diferentes puestos.

Recibidas dichas peticiones, se elaboró una propuesta resumen de las mismas que fue remitida el 5 de octubre de 2016 a la entonces diputada responsable de Cultura -Cristina Núñez- y al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, en la que “no hay mención alguna sobre la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios” de música provinciales.

De hecho, la UCO detecta un correo electrónico emitido por el propio Gallardo en el que este considera que la propuesta de personal es “excesiva”. Sin embargo, seis días después “se detecta un correo de un técnico del Área de Recursos Humanos” donde se expone que, “siguiendo las instrucciones” de su directora -Juana Cintas-, solicita a la directora del Área de Cultura “la elaboración de una memoria justificativa para la creación” del mencionado puesto de alta dirección.

Dicha memoria se trasladó a los responsables de los dos conservatorios, a los que se les pidió que se pronunciaran sobre el citado puesto de trabajo, el cual no habían solicitado en las fechas de exposición de las necesidades de personal.

No obstante, según añade la UCO en su atestado, elaboran el documento solicitado incluyendo funciones “que se podrían llevar a cabo desde el citado puesto de alta dirección”. Al parecer, y así se recoge, uno de los directores agradece la nueva incorporación, pero añade que existen “otras necesidades imprescindibles”.

El estudio de los correos electrónicos intervenidos también permitió a los agentes de la UCO detectar la participación de varios trabajadores “con cargos” en la Diputación a la hora de modificar la relación de puestos de trabajo y en la definición de las funciones y cometidos “que debería tener el puesto de trabajo objeto de la investigación”.

Estas funciones y cometidos fueron recogidos en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a la que se presentaron nueve personas. Es en julio de 2017 cuando se materializó la adjudicación del puesto de trabajo investigado a David Sánchez.

Sin embargo, y así se recoge textualmente en el atestado, “se desconoce -de ahí la investigación- de quién partió la iniciativa de la creación del puesto de trabajo objeto de la investigación y las necesidades primigenias que se pretendían cubrir”.