“Tenemos dos criterios muy importantes para tomar una decisión final de inversión: el primero es tener seguridad jurídica, y esto viene con la licencia integrada ambiental; el segundo, tener una financiación solvente. Y en lo que hemos sido muy claros es en que el proyecto requiere una financiación de un 25% de fondos públicos”. El CEO de Altri, José Soares de Pina no dudó al exponer los factores de los que depende el futuro de la macrocelulosa proyectada en Palas de Rei. Entre ellos, tras la manifestación histórica de 20.000 personas y la presentación de 23.000 alegaciones, no está la contestación social. Se muestra convencido de que esa oposición se basa en desinformaciones y datos falsos y está dispuesto a darle un vuelco con argumentos y hechos “objetivos”, porque lo que ha dejado claro es que “no hacemos inversiones donde las comunidades no nos quieren”.
La de este lunes ha sido la primera comparecencia pública de Soares de Pina desde la publicación en el Diario Oficial de Galicia, a principios de marzo, de las características del Proyecto GAMA, lo que provocó una ola de rechazo a la que hasta entonces era considerada sólo una fábrica de fibras textiles. Respaldado por la cúpula de la compañía, y tras un entusiasta vídeo publicitario, se sometió durante casi dos horas a las preguntas de la prensa. El lugar elegido fue el Salón Real del Hostal dos Reis Católicos, en plena Praza do Obradoiro de Santiago, a casi 70 kilómetros de lugar donde pretenden levantar la factoría. A la puerta del parador, un grupo de manifestantes mostraban pancartas con los lemas “Altri, non” y “Xunta, traidores e expropiadores”.
Altri -que junto al maderero Manuel García es quien forma la sociedad GreenFiber, impulsora de la iniciativa-, presume de solvencia e insiste en que la celulosa “no está en riesgo”, pero la condiciona a la subvención pública. En el plan de financiación de la primera fase de la factoría, con un presupuesto estimado de 1.000 millones de euros, se espera obtener una parte con deuda comercial, otra con inyección directa de capital y un cuarto del total, 250 millones, con “fondos de incentivos públicos”, según Soares, “lo natural en este tipo de proyectos”.
El CEO de la compañía portuguesa inscribe a GAMA en los llamados proyectos greenfield, aquellos que nacen desde cero y por eso tienen “un riesgo industrial y de mercado importante”. En este tipo de iniciativas, la participación pública “es un proceso perfectamente natural que da robustez al plan económico del proyecto”. Su ambición es que les permita “manejar el riesgo industrial teniendo un retorno aceptable, por encima del 10 o el 11%”.
Ese dinero público no están aún comprometido pero Soares se muestra optimista. Asegura que mantienen un diálogo “muy fluido” tanto con la Xunta como con el Ministerio de Industria y que ambos han mostrado una “voluntad muy positiva” para alcanzar la financiación. El CEO espera una inyección de los fondos europeos regionales que “incentivan” en porcentajes “muy significativos” la localización de industrias en Galicia.
Sobre los problemas para “encajar” en alguna de las convocatorias de los PERTE, defiende que le ha pasado a todos los “grandes proyectos”, ya que el programa está diseñado para otros “de menor dimensión”. Siguen buscando “cuadrar” su hueco mientras buscan “otras formas de acceder con ayudas directas a los fondos Next Generation”, lo que necesita una autorización “previa” de la Unión Europea, “que hará también su escrutinio del proyecto”.
La fábrica “del fin del mundo”
Sobre la contestación social que ha despertado GAMA, Soares tiene claro que se basa en la desinformación y en datos falsos porque el impacto ambiental que tendrá la factoría será “nulo, pero cada cierto tiempo escucha cómo se enciende ”la alarma“ que dice que será ”el fin del mundo“. Los daños en el Ulla, que se extenderán hasta la ría de Arousa; que será la fábrica ”más contaminante de Europa“, que afectará a la sostenibilidad del monte al fomentar la eucaliptización o que creará ”sólo“ 200 puestos de trabajo, en lugar de lo 500 estimados por GreenFiber. ”Todo eso son argumentos falsos“.
El CEO de Altri defendió su factoría como un proyecto “único en el mundo”, que puede permitir que Galicia “sea un referente” en todo el orbe. Por eso, pide que “lo hagamos o no, que sea con base en justificaciones de forma objetiva, real, factual... no en desinformación”.
Entre los argumentos que lo han sorprendido está el de que levantan en Galicia la factoría “que no quieren en Portugal”. “Me gustaría saber de dónde vienen esos comentarios”, afirmó, al defender la decisión “lógica” de construir la celulosa en el lugar donde está la materia prima. Si hubiese que transportarla hasta el país vecino “incluso incrementaría la huella de carbono”. Niega que Altri haya sido sancionada jamás por el Estado portugués y señala que los alcaldes de los lugares donde ya tienen instalaciones les piden que aumenten la inversión.
También se revolvió contra las acusaciones de “ocultar” que tras la promesa de una fábrica circular de fibras textiles se encontraba una macrocelulosa. “”Fibras textiles sí, celulosa, no“, recitó. ”¿Esto qué quiere decir? No hay una manera mágica de hacer sólo fibras textiles. ¿Cómo se puede hablar por un lado de cerrar el ciclo de la madera y por otro decir que sólo queremos fibras textiles?“. Asegura que si se repasa lo publicado sobre GAMA se verá que no hubo ”ningún cambio“ y que esa fue la información que desde el principio dieron a sus inversores.
No les han sorprendido las 23.000 alegaciones, algo normal en un proyecto “único” como éste. Asegura que darán “una respuesta” -aunque hay más personas alegando que alegaciones, ya que muchas eran documentos tipo- y se abren a introducir cambios en el proyecto.
El vertido, a 27 grados... como máximo
Frente a las acusaciones de desinformación a los opositores a la planta, los directivos de Altri se encontraron con críticas a sus respuestas evasivas. Un ejemplo, la temperatura a la que se verterá el agua captada en el río Ulla una vez tratada y utilizada en el proceso productivo. La documentación del proyecto marca 27º pero, tanto en la web de GreenFiber como en entrevistas previas, Soares siempre se había limitado a decir que el vertido no provocaría una alteración de más de tres grados en la temperatura del río. Es decir, lo que marca la ley.
Pues bien, con ese mismo espíritu de fondo, este lunes desarrolló el argumento. Admitió que la ingeniería “de detalle” aún se está desarrollando y por tanto no está “finalizada” la temperatura final del vertido. A lo que sí se ha comprometido es a que no supere esos 27º que son los que marca una legislación que, según recordó en varias ocasiones, es más restrictiva que la Europea .“Lo que decimos nosotros es: la normativa se va a cumplir, esto es una evidencia”, por lo que se preguntó: “¿El problema es con el proyecto o con la normativa, porque sólo estamos cumpliendo lo mismo que todos los otros proyectos tienen que cumplir, de esta industria o de otras?”.
Finalmente, se negó la existencia de impacto sobre el Camino de Santiago. El director del Proyecto GAMA, Bruno Dapena, aseguró que la planta tendrá un acceso prácticamente “dedicado” a ella en la A-54, la salida de Remonde, con lo que el tráfico de la autovía que unirá Santiago y Lugo podrá salir “de manera directa” hacia la fábrica, tres kilómetros al sur del Camino Francés. Sí admitió que durante el estudio se contempló la posibilidad de tener que adecuar “algún acceso temporal” en las proximidades de la ruta, pero eso hoy ya está “descartado”.
Dapena puso también plazos a la puesta en marcha de la factoría. Desde la toma de decisión -que, según Soares, puede demorarse hasta fin de año-, la planta tardaría tres meses en estar funcionando con los dos productos: 33 para la planta de celulosa soluble y tres meses más para el lyocell.