Hasta cuatro testigos aseguraron por el momento en el juicio por la titularidad del Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), que la familia Franco “no puso dinero de su bolsillo” para comprar, remodelar y administrar el inmueble durante la dictadura. Las declaraciones de este martes de los investigadores Manuel Pérez Lorenzo y Carlos Babío corroboran las versiones expuestas el día anterior por un vecino de Meirás y un funcionario del ayuntamiento de A Coruña. El proceso judicial, que arrancó el lunes y se prolongará previsiblemente hasta el jueves, dictaminará si la propiedad debería pasar a manos públicas como demanda la Abogacía del Estado.
La segunda jornada del juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña contó con las declaraciones de los autores de Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio, los académicos Manuel Pérez Lorenzo y Carlos Babío. Ambos aportaron documentación en la que se pone de manifiesto que el Pazo fue adquirido y remodelado en 1938 mediante donaciones “forzosas” de los vecinos y los ayuntamientos circundantes, así como que la propiedad fue gestionada y sufragada por fondos de la Casa Civil hasta la muerte de Francisco Franco.
Los investigadores expusieron numerosas evidencias de que la Junta Pro-Pazo, que se encargó de la compra y posterior donación al dictador del Pazo de Meirás, fue realizada a través de fondos de vecinos, que podían enfrentarse a “entrar en listas negras o incluso multas económicas” de negarse a “donar”. Además, presentaron pruebas documentales de que la ampliación de la finca del Pazo -que pasó de 5,7 hectáreas a superar las 9- se realizó mediante “la coacción de unos 13 o 14 propietarios y numerosos arrendatarios”, a quienes se habría presionado para que cediesen sus terrenos.
El juicio, motivado por la demanda presentada hace un año por la Abogacía del Estado contra la familia Franco, se basa en un documento que demostraría que el Pazo de Meirás habría sido adquirido en el 1938 por la Junta Pro-Pazo y no en 1941, como constaba en un principio. Así, el contrato del 41, en el que Francisco Franco aparece como comprador del inmueble, sería una “simulación”, una tesis que ya manejaban los autores del libro antes de su publicación y de conocer la existencia del documento.
Visión de la defensa
Durante la declaración de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, los abogados de la familia del dictador cuestionaron la imparcialidad en la causa de los investigadores y pusieron en duda las pruebas en las que se sitúa a Franco como propietario del Pazo en calidad de Jefe del Estado y no como persona física. La defensa de la parte demandada también discutió sobre la obligatoriedad de las donaciones vecinales para la adquisición del inmueble, ya que “no consta si hubo dinero dado con gusto por parte de los vecinos o si fueron obligados”. Pérez Lorenzo, por su parte, aseguró que “en un contexto de régimen donde no se toleraba la disidencia es difícil que existiese la voluntariedad”, además de defender la existencia de archivos que recogen penas por negarse a participar en las suscripciones estatales como la iniciada por la Junta Pro-Pazo.
“Querían regalarle el Pazo de Meirás a Franco como Jefe del Estado, no a título personal. En los documentos no se habla de un señor cualquiera que va por la calle, sino del Caudillo, asociándolo en todo momento a su figura pública”, afimó por su parte Carlos Babío, a quien la familia Franco denunció hasta en dos ocasiones en 2019 por injurias y calumnias. Este argumento, que otorgaría carácter público a la propiedad, pretende ser contrarrestado por la defensa con justificantes de pago de pólizas de seguro e impuestos por el recinto, entre otros documentos.
En la jornada del martes estaba previsto que compareciera también Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea y presidente del comité de expertos que elaboró en 2018 un informe sobre las posibilidades de incorporar el Pazo al patrimonio público. Sin embargo, los testimonios de Pérez Lorenzo y Carlos Babío se extendieron durante toda la mañana.
El miércoles continuarán las declaraciones de los testigos, mientras que el jueves, 9 de julio, llegarán previsiblemente las conclusiones por la jueza encargada del caso. El 10 de julio está reservado en el caso de que los días previos no fueran suficientes para recoger los testimonios. En la causa también figuran como intervinientes que solicitan la devolución de la propiedad de la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña. Como parte demanda acuden a la Audiencia Provincial seis miembros de la familia Franco y una sociedad mercantil.