Hasta su último pleno en el Parlamento de Galicia, justo antes de dar el salto a la dirección del PP español, Alberto Núñez Feijóo tuvo que recurrir a la mayoría absoluta del PP para tumbar los intentos de la oposición de abrir investigaciones sobre contratos adjudicados durante sus 13 años al frente de la Xunta y sobre los que consideran que hay una sombra de irregularidad. Y, más de dos años después, su partido sigue maniobrando para evitar que el pasado que persigue a Feijóo por su gestión en el Gobierno gallego lo alcance en Madrid. El movimiento más reciente fue este martes en el pleno de arranque del nuevo curso político: los populares rechazaron crear una comisión para analizar el sobrecoste en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, los contratos de la Xunta con la empresa de la que es directiva la hermana del líder del PP y las operaciones con otras compañías que tienen vínculos con personas de su entorno. En este caso, los votos contrarios no van a ser suficientes para enterrar la propuesta: el BNG va a activar la investigación a través de un punto del reglamento que permite impulsarla en solitario con 25 diputados, los que tiene la formación nacionalista. Eso sí, este recurso está disponible una única vez por legislatura.
Antes de forzar la apertura de la comisión, el BNG impulsó la creación por la vía habitual, que es la que el PP ha tumbado. En esa iniciativa, la formación nacionalista aseguraba que es necesario investigar “sobre irregularidades, amiguismo y nepotismo en la contratación de la Xunta”. Distinguía tres frentes y en todos ellos la parte fundamental sucedió cuando Feijóo estaba al frente. Mientras el ahora líder del PP batalla por la amnistía y el sistema de financiación contra el Gobierno central, las sombras de su gestión vuelven a centrar el debate político en Galicia. Sus propias declaraciones sobre las exigencias a los allegados de los cargos políticos –dijo que, de ser presidente del Gobierno, impediría que su pareja contratase con la administración– hacen que el foco se sitúe también sobre su entorno.
El primero de esos frentes es el modelo elegido para levantar el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Las obras las financió una unión de empresas privadas, a cambio de encargarse después de los servicios no clínicos –como lavandería, cafetería y otros– y de un canon millonario que la Xunta tendrá que seguir abonando cada año hasta mediados de la próxima década. Estos pagos pendientes no fueron obstáculo para que Feijóo afirmase, en plena campaña interna para sustituir a Pablo Casado, que cuando un político inaugura un hospital hay que preguntarle si lo deja pagado. Añadió cuál debe ser el trato si la respuesta es negativa: “Porque, si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”. Ese centro médico ha vuelto a la actualidad porque en julio el Consello de Contas, que es el órgano que fiscaliza a las administraciones públicas gallegas, publicó un informe en el que puso cifras a la gestión de Feijóo: 470 millones de sobrecoste.
La oposición intentó que el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que formó parte de todos los gobiernos de Feijóo, compareciese en el Parlamento autonómico para dar explicaciones. El PP lo impidió con sus votos. El BNG presentó después la propuesta para crear la comisión de investigación. Y el PP la rechazó también. El análisis queda ahora pendiente de que los 25 diputados nacionalistas obliguen a ello. La líder del BNG, Ana Pontón, lanzó ya a los populares la petición de que no bloqueen ni la petición de documentación ni la comparecencias en esa comisión.
Las adjudicaciones a Eulen
No es el único contrato que la oposición reclama revisar –el PSdeG y el único diputado de Democracia Ourensana han dado su apoyo a la propuesta del BNG–. El segundo frente es el de los contratos adjudicados a Eulen, la empresa de la que Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP, es directora para la zona Noroeste. El PSOE también anunció en agosto que tomaría medidas para que esos contratos fuesen examinados. En los 13 años que el ahora líder del PP español estuvo al frente de la Xunta, las cantidades sumaron 37 millones de euros, según desveló el diario Público. Pero la relación continuó después con otros 17 millones más, entre ellos cuatro adjudicados por otra persona de la familia. En los últimos compases en la gerencia del área sanitaria de Santiago y O Barbanza, Eloína Núñez Masid, prima de Feijóo, adjudicó dos contratos –uno para la seguridad de los hospitales y centros de atención primaria y otro para un sistema de videovigilancia en psiquiatría– a Eulen.
Núñez Masid había pasado ya por cargos de responsabilidad en otra área sanitaria, la de Ourense, en la que entró pocas semanas después de que Alberto Núñez Feijóo tomase posesión por primera vez como presidente de la Xunta. En 2017 fue nombrada para la gerencia de la sanidad de la capital gallega, en donde acumuló quejas de pacientes, protestas de profesionales y dimisiones de jefes de servicio. El último episodio que cuestionó su gestión fueron los retrasos en las citas de seguimiento de pacientes oncológicos. Después de la mayoría absoluta obtenida por Alfonso Rueda en febrero de 2024, cambió el conselleiro de Sanidade y, con él, varias gerencias. Eloína Núñez dejó el área sanitaria de Santiago y, tras cuatro meses sin destino conocido, el Gobierno gallego acaba de confirmar que va a ser la subdirectora de Envellecemento Activo en la Consellería de Política Social. Sigue, además, formando parte del comité ejecutivo del PPdeG.
Los contratos durante la pandemia
Hay un tercer frente que agrupa los vínculos con varias empresas a raíz de los contratos de emergencia firmados por la Xunta de Feijóo durante la pandemia. La oposición en el Parlamento gallego cita los contratos con la empresa Universal Support, que se ocupó de las labores de rastreo de contagios. En la compañía, dedicada al telemarketing, aunque sin relación previa con la sanidad, es director comercial Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo. Según publicó El Salto, Universal Support obtuvo 204.076,18 euros en contrataciones a dedo entre 2020 y 2022.
También ponen el foco sobre Sibucu 360, una empresa que fue suministradora de material sanitario para la Xunta durante la crisis de la COVID. La firma está relacionada con el empresario compostelano José Ramón García, que fue inhabilitado en 2018 por fraude fiscal. A principios de año el BNG reclamó toda la documentación relacionada con estos contratos, pero la Xunta respondió con un informe del Consello de Contas que no aportaba lo que pedía la formación nacionalista. Sibucu admitió, en respuesta a una información de Galicia Press, que había importado mascarillas “etiquetadas de forma incorrecta” durante la pandemia, pero sostuvo que no se las vendió ni a la Xunta ni a la Comunidad de Madrid. A esta comunidad apunta también otra empresa, Mape Asesores. Esta es otra de las firmas que vendió material sanitario necesario en la pandemia al Gobierno gallego, en este caso, con sobreprecios del 37%. El nombre de esta compañía se relaciona, además, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso: propició en 2020 una comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador.
El PP ha rechazado en más de una ocasión que se investiguen los contratos de emergencia durante la pandemia. En 2022, en el último pleno de Feijóo antes de dimitir como presidente de la Xunta, tumbó con sus votos la reclamación de la oposición de una auditoría externa. Dos años después, el episodio se repitió. En esta segunda ocasión, el argumento de los populares fue que todas esas operaciones ya habían sido fiscalizadas por el Consello de Contas. Lo dijo de nuevo el martes el portavoz del PP en el Parlamento gallego, Alberto Pazos Couñago, que luego aclaró que el ente “decidió fiscalizar solo una parte, pero se puso a disposición el 100%” de los contratos. Y, recalcó, no hay tachas de ilegalidad. El informe contenía un listado de objeciones y críticas al proceder de la Xunta y censuró los tratos verbales y sin publicidad.